La decisión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de apoyar de forma unilateral la propuesta de Marruecos para establecer un régimen de autonomía para el Sáhara bajo su soberanía, como salida a un conflicto que dura casi 50 años y en contra de la legalidad internacional, no ha sentado bien en unas islas con vínculos históricos con el territorio ocupado por Rabat. Canarias ha mantenido una relación más estrecha que otros territorios nacionales cuando el Sáhara fue colonia española, con lazos que perduran hasta hoy en día. También ha sufrido de forma directa o indirecta los métodos de presión del Gobierno de Marruecos para que el Estado reconociera la posición que finalmente ha adoptado: desde la pesca en el banco canario-sahariano, a las migraciones en la ruta atlántica (con vuelos de repatriación directamente a El Aiún, capital del Sáhara) o la delimitación de las aguas.
El pasado jueves, el Parlamento de Canarias escenificó su descontento con la decisión de Sánchez, ocupando el Sáhara gran parte del debate del estado de la nacionalidad. En la sesión parlamentaria, se aprobó instar al Gobierno de España a que rectificara y volviera a la posición histórica sobre el conflicto: respetar la resolución de las Naciones Unidas para celebrar un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. La moción presentada por Nueva Canarias, partido que siempre ha defendido la postura del Frente Polisario, contó con la abstención del PSOE, que mantuvo una posición ambigua, a medio camino entre resaltar la importancia de tener una buena relación con Marruecos y apoyar que la resolución al conflicto pase por un acuerdo entre todas las partes.
Empujado por sus socios de Gobierno Nueva Canarias y Podemos, que le pusieron como línea roja no compartir la decisión de Sánchez, Torres encontró la salida reclamando explicaciones al presidente del Gobierno de España, no solo en el Congreso, también en Canarias. No es la primera vez durante su turbulenta legislatura que el líder del Ejecutivo regional se ha tenido que manifestar por las acciones de Marruecos. En marzo de 2020, el Gobierno de Rabat hacía oficial la polémica ampliación de sus aguas territoriales, que incluían las adyacentes al Sáhara Occidental y se solapaban con las españolas en islas. “Ni el Gobierno de Canarias ni el de España van a permitir que se toque un milímetro de las aguas isleñas”, afirmó Torres cuando se conoció la decisión de Rabat.
Precisamente al suroeste de Canarias se ubican decenas de montes submarinos en los que se ha hallado telurio, un material que se emplea para la fabricación de placas solares y otras infraestructuras renovables. Aún está lejos su explotación, pero tanto España como Marruecos han presentado la ampliación de sus fronteras marítimas hasta el máximo de 350 millas, incluyendo parte de los montes submarinos. Pero las líneas que separan a ambos países en la zona atlántica aún no está delimitada de forma oficial. Para ello, es preciso un pacto entre las dos naciones, algo que aún no ha sucedido y todo queda en declaraciones de intenciones. Lo que pocas voces criticaron, fue que Marruecos incluyera las aguas del Sáhara Occidental bajo su soberanía.
La pesca ha sido otro asunto de controversia por la riqueza del banco pesquero canario-sahariano. En 2018 la Unión Europea firmó con Marruecos un acuerdo pesquero que permitió faenar a 90 embarcaciones de España, una treintena canarios, en el mar del Sáhara Occidental, a cambio de entregar 52 millones de euros anuales a Rabat. Sin embargo, en septiembre de 2021, el Tribunal General de la Unión Europea lo tumbó porque no se consultó adecuadamente a la población saharaui, ya que el Tribunal había emitido un informe jurídico en el que establecía que la explotación de recursos naturales en la zona ocupada debía contar con la aprobación de la población saharaui y repercutir en su beneficio. Sin embargo, el acuerdo se mantiene vigente porque la Unión Europea ha recurrido. Por el momento, aunque Bruselas ha aplaudido la decisión de Sánchez, mantiene que el conflicto debe resolverse respetando las resoluciones de Naciones Unidas.
Las migraciones también han sido otro elemento de presión que ha empleado el Gobierno de Marruecos, como quedó patente con la crisis de Ceuta, cuando más de 8.000 personas cruzaron la frontera en 36 horas. Pero también hacia las islas. En noviembre de 2020, un documento de la Dirección General de la Policía Nacional, publicado por la Cadena Ser, desveló que el incremento del flujo migratorio a través de la ruta atlántica desde 2019 hacia Canarias era “una demanda de contraprestaciones” por parte de Marruecos. Además, gran parte de las salidas de las pateras tuvieron origen en el Sáhara Occidental, a cuya capital Rabat enviaba los vuelos de repatriación que recientemente ha reactivado.
Lazos históricos
Pero hubo una época en la que las migraciones se hacían a la inversa y es uno de los motivos por los cuales Canarias mantiene unos lazos más estrechos con el Sáhara que cualquier otro territorio nacional. Beatriz Andreu, doctora en Historia y autora del libro El Dorado bajo el sol. Canarios en el antiguo Sáhara Español, recuerda que entre el 35% y el 40% de la población que emigra al Sáhara, sobre todo a partir de los años 60 del siglo XX, eran canarios. “La población mayoritaria española era canaria, de todas las islas, pero sobre todo de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote”.
España había obtenido el Sáhara Occidental del reparto colonial de África realizado en el Congreso de Berlín en 1878. Hasta el franquismo la ocupación del territorio es fundamentalmente militar, para defender la costa, sobre todo en Villa Cisneros (la actual Dajla) y La Güera, de cara a consolidar las fronteras. “Desde la Guerra Civil, Franco presta atención a este territorio, que entra dentro de su ideología africanista, con esos aires de grandeza imperial y acorde a los países del Eje”, relata Andreu. Se centra en buscar qué recursos tiene el Sáhara para tratar de darle valor, ya que hasta ese momento solo se conocía la riqueza de la pesca.
A partir de los años 50, se hallan atisbos de fosfatos, de petróleo o de la posibilidad de crear factorías pesqueras. Se empieza a invertir en el territorio a la par que surge la necesidad de atraer población, coincidiendo con el desarrollismo del franquismo a partir de los años ’60, cuando se produce la apertura de España, con la entrada de turistas y las inversiones foráneas. “En Canarias, en los años 40 y 50 hay mucha hambre, miseria, necesidad, paro y escasez”, explica Andreu. Y en el Sáhara, trabajando por ejemplo para la empresa Fos Bucraa, una sociedad destinada a la minería, sobre todo de fosfatos, ganaban mucho más que en las islas.
Entonces en el Sáhara surge una sociedad muy estratificada. En la cúspide, estaban principalmente los peninsulares, que ocupaban altos cargos relacionados con el Ejército, funcionarios y empleos cualificados, como ingenieros. Era un tipo de migración más reticente, que no iba con la idea de quedarse, pero se les otorgaba mayores recompensas. En un rango medio, se ubicaban los canarios, que se trasladaban sobre todo para quedarse y desempeñaban desde carpintería a comercio, una actividad que tuvo una gran importancia para las islas porque se enviaban muchos productos desde el Archipiélago. Y en el escalón más bajo, estaban los nativos que se fueron asentando en el territorio a medida que surgían las poblaciones y crecían ciudades costeras como El Aaiún, Villa Cisneros o La Güera.
Andreu detalla que la estratificación se percibía en el día a día, pues había lugares de ocio para los oficiales de tropa, mayormente peninsulares, o para la tropa, que solían ser canarios. “El canario va a los bares, no al casino, que era para los oficiales”, señala, y, además, a diferencia de los altos cargos, los isleños sí se relacionaban de forma cercana con los saharauis. “Al peninsular se le ve de otra manera, y el peninsular a ellos también”, añade.
A la par de la crisis del petróleo y del franquismo, en el Sáhara, al igual que en otros países africanos, se comienza a reclamar la independencia y se configuran movimientos que desembocan, en 1973, en la creación del Frente Polisario. Por su parte, Marruecos, que se independizó de Francia y España en 1957, reclama su anexión a las Naciones Unidas. España había convertido al Sáhara en una provincia más desde 1957 porque quería mantener las inversiones en los fosfatos, el petróleo (se había cuadriculado el territorio en los años ’60) o en los bancos pesqueros. En este escenario, la ONU decide que se realice un referéndum y, para ello, hace una visita al territorio en 1975 para realizar un censo, mientras Marruecos ve denegada su solicitud al tribunal internacional de justicia sobre los vínculos históricos que defendía mantener con el territorio para unirlo.
Es entonces cuando Marruecos decide ejecutar la Marcha Verde, una acción que movilizó en noviembre a 300.000 personas para cruzar las fronteras y ejercer presión para ocupar el territorio. Y España abandona el Sáhara. En este contexto, la población canaria asentada debe abandonar la que hasta entonces había sido su vida. Ya desde 1973, los isleños empiezan a volver por sus propios medios, pero la evacuación forzada tiene lugar desde noviembre de 1975. “Se saca a la gente de sus casas y se vive como un trauma porque pierden sus sueños, no solo económicamente, sino lo que supuso psicológica y emocionalmente, fue un desarraigo”, explica Andreu.
A su vez, también supuso un problema para las islas, sobre todo en Gran Canaria, principal vía de paso de las personas evacuadas. “La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se vuelve un caos, porque hay que dar techo a miles de personas; había gente que tenía propiedades o ayuda de familiares, pero había otros que no, que todo lo que tenían lo habían invertido en el Sáhara y vivían allí”, recuerda Andreu. Además, se genera otro problema añadido: el rechazo de los isleños a los canarios evacuados. “Se les recibe mal”, añade, “como una amenaza. Y, en el Sáhara, se inicia una guerra. ”Entraron unos por el norte y otros por el sur y se generó una guerra, con bombardeos de napalm“, ilustra Andreu. Por su parte, la mayoría de los saharauis se quedaron para luchar y otros se refugiaron en Tindouf, en tierras desérticas cedidas por Argelia.
Andreu, también docente de Didáctica de las Ciencias Sociales en la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, dice que “los lazos en Canarias están más presentes porque hay una historia compartida entre el pueblo saharaui y el isleño, son generaciones que aún están vivas y ha quedado en la memoria de unos y de otros”. Sobre todo, teniendo en cuenta que la mayor proporción de españoles era de Canarias, que fueron para asentarse y eran quienes más compartían su vida con los saharauis. De hecho, “en la universidad, es habitual tener uno o dos alumnos en cada clase que tienen algún vínculo familiar con el Sáhara”, añade.
Esos lazos se han mantenido hasta el día de hoy y ha llegado incluso a las instituciones públicas. Prueba de ello es el Cabildo de Gran Canaria, donde el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad, Carmelo Ramírez, ha impulsado que se izara en varias ocasiones la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática en su sede, ha organizado visitas a los campamentos de refugiados en Argelia, ofreciendo ayuda y cooperación, y se ha posicionado a favor del referéndum de autodeterminación. Sus vínculos vienen de la época colonial, cuando “miles de trabajadores iban al Sáhara”, entre ellos, “muchos amigos, mucha gente conocida y cercana que cuando en las Islas había problemas, la fórmula de solucionarlos era ir a trabajar al Sáhara”.
Pero también argumenta razones políticas para mostrar su apoyo en los movimientos de solidaridad, “no solo porque es el territorio más cercano a Canarias”, sino porque el estado español tiene una deuda con el pueblo saharaui. “Se les engañó miserablemente en 1975. Juan Carlos I como jefe de Estado, cuando Franco estaba muriéndose, fue allí y dijo que España nunca abandonaría el Sáhara y a las pocas semanas traicionó al pueblo saharaui”, añade Ramírez.
En este sentido, recuerda que ningún gobierno de España “ha sido justo para afrontar y asumir esa responsabilidad que ya no solo es política, sino que es moral e histórica, porque sigue siendo la potencia administradora del territorio”. Y apoyar la causa de los saharauis “es luchar por un pueblo que fue expulsado de una manera totalmente injusta e ilegal de su territorio”; también contribuye, a su juicio, a que “en una zona cercana a Canarias haya una solución pacífica al conflicto”, algo que “conviene” a las Islas porque “lo peor para el Archipiélago es tener a 100 kilómetros un Sáhara marroquí con afanes expansionistas”.
También la consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo, Inés Miranda, es una de las abogadas que lucha por la defensa del pueblo saharaui y que hace unos meses fue expulsada de Marruecos junto a Ramírez. Además, el pasado sábado se celebró una concentración en las capitales de Gran Canaria y Tenerife, frente a la delegación y subdelegación del Gobierno de España, respectivamente, bajo el lema: “No en mi nombre. Sáhara no se vende ¡Sáhara decide!” convocada por la Plataforma Canaria de Apoyo al Pueblo Saharaui.