Absuelta una vecina de Teguise para la que Coalición Canaria pedía pena de cárcel por no tirar una valla

La Justicia ha absuelto a una vecina de Teguise, Lanzarote, acusada por el Ayuntamiento de un delito de desobediencia grave. La corporación municipal, cuando era presidida por Oswaldo Betancort (CC), denunció a la mujer por no eliminar un vallado que ''cerraba la vía pública'' en el pueblo de Caleta de Caballo y que fue construido sin obtener la correspondiente licencia urbanística y sin una comunicación previa que amparara esta obra. Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, el Ayuntamiento de Teguise, pedían para la vecina la pena de nueve meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También exigían el pago de las costas.

En 2020, según la sentencia a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, se acordó incoar un procedimiento de ejecución forzosa a la acusada para retirar la valla en 24 horas. Sin embargo, según el documento, en el procedimiento quedó demostrado que la concejalía de Urbanismo, dirigida entonces por la actual alcaldesa Olivia Duque, no le había notificado los requerimientos a la vecina. ''No consta que se apercibiera a la interesada de que, si no cumplía lo ordenado de forma voluntaria en el plazo conferido, procedería a la ejecución subsidiaria de las obras a costa del infractor'', señala la sentencia.

El fallo también recoge que el Ayuntamiento desmontó la valla con un valor de ejecución de 92,57 euros, ''siendo la valla de escasos metros y de aproximadamente un metro de altura''. ''El desmontaje llevaría dos horas con dos operarios, aunque resulta evidente que en quince minutos es tiempo suficiente para su desmontaje'', añade.

''Teniendo en cuenta la falta de una notificación expresa y personal unido a la escasa o mínima importancia de los hechos [...] no cabe sino el dictado de una sentencia absolutoria'', concluyó el magistrado.

El PSOE ha preguntado al gobierno municipal si “solo acude a la vía penal con los débiles” o si también lo hará con el derribo de los hoteles abandonados de Costa Teguise. El equipo de gobierno está formado por el CC y PP, a pesar de que el PSOE fuera la fuerza más votada en las elecciones del pasado 28 de mayo.

''Después de pedir cárcel a una vecina por una valla, no contestan a la pregunta ni cumplen con el acuerdo plenario de comunicar las sentencias judiciales que notifiquen al Ayuntamiento'', criticó el socialista Marcos Bergaz en un pleno celebrado este miércoles.

''Esta contundencia por parte del entonces gobierno de CC, con Oswaldo Betancort de alcalde y Olivia Duque como concejala de Urbanismo, contrasta con la sumisa comprensión que han mostrado con el no derribo de los eternos esqueletos urbanísticos de Costa Teguise, pese a su sentenciada ilegalidad“, insistió Bergaz, que ha cuestionado al gobierno ''si el ejercicio de acciones penales depende del tamaño del administrado o justiciable, siendo contundentes con el débil, pero temerosos con los grandes''. ''No puede ser que a los poderosos se les ponga una alfombra y a las vecinas y vecinos se les abra la incertidumbre de la vía penal”.

Los esqueletos de Costa Teguise

Las huellas de la corrupción se han convertido en parte del paisaje en Costa Teguise. Los esqueletos de grandes complejos turísticos que resultaron ilegales ocupan importantes superficies en este núcleo turístico de Lanzarote. Sus licencias fueron concedidas de manera ilegal en 1999 por el exalcalde del municipio de Teguise y exdiputado regional de Coalición Canaria Juan Pedro Hernández. Solo uno de los hoteles levantados con este mecanismo en Costa Teguise ha sido derribado. Se trata de una edificación de 599 plazas próxima a La Mareta, una de las residencias de la Familia Real. 

La demolición comenzó en mayo del verano pasado y tardó quince años en llegar. Fue en 2007 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló la licencia por no ajustarse al planeamiento insular. Tras varios requerimientos de la Justicia, el Ayuntamiento acordó con la empresa Armadores de Puerto Rico tirar abajo este esqueleto. Según el equipo de gobierno de la corporación municipal, las tareas de derrumbe no han supuesto ningún coste para la administración pública. 

A pocos metros de este lugar siguen en pie los apartamentos abandonados del complejo Club del Rey, de 461 plazas. Todas estas infraestructuras fueron investigadas en el denominado caso Yate, una de las mayores tramas de corrupción de Lanzarote. Una querella presentada por el exconsejero socialista de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote Carlos Espino dio comienzo al caso, que estudió la concesión masiva de licencias en Teguise y Yaiza.