El patrimonio luce… y el propietario paga
Santa Cruz de La Palma presume, con razón, de un patrimonio histórico que constituye su mayor valor. No se trata solo de una colección de casas antiguas o de un decorado pintoresco: es la esencia misma de la ciudad. Sus balcones de madera, sus calles estrechas frente al mar y su trazado urbano heredado de siglos pasados conforman una imagen única que cuenta una historia viva. Esa imagen, admirada por quienes la visitan, es también el principal atractivo turístico y cultural de la capital palmera.
Sin embargo, detrás de esa belleza hay una realidad menos visible: la de los propietarios de esos inmuebles históricos. Son ellos quienes asumen la responsabilidad —y el coste— de conservar este patrimonio. Mantener una vivienda antigua no es una tarea sencilla ni económica. Requiere intervenciones constantes, materiales específicos y el cumplimiento de normativas estrictas destinadas a preservar la autenticidad de los edificios.
Cabe preguntarse entonces: ¿qué apoyo reciben quienes sostienen, en la práctica, la imagen de la ciudad? La respuesta, lamentablemente, es desalentadora. No existe en España una protección fiscal automática para quienes conservan viviendas históricas: la antigüedad por sí sola no exime del IBI, y las posibles bonificaciones dependen de complejos requisitos administrativos que rara vez se traducen en un alivio real. Mientras tanto, otros propietarios institucionales sí disfrutan de exenciones plenas. El resultado es evidente: se exige la conservación de un patrimonio que es de todos, pero se financia casi exclusivamente con el esfuerzo de unos pocos.
Las ayudas públicas para la rehabilitación son escasas o inexistentes. Y cuando un propietario decide emprender obras, se enfrenta a un proceso administrativo lento y costoso: pasando por la comisión de patrimonio, las licencias pueden tardar en concederse, y sus tasas no difieren de las aplicadas a cualquier otra edificación, pese a las mayores exigencias que implica intervenir en un inmueble protegido.
A esto se suma el pago por la ocupación de la vía pública durante las obras, algo que en el casco histórico resulta, en ocasiones, extremadamente difícil de gestionar debido a la propia configuración urbana. Todo ello en una ciudad que, además, cuenta con unos costes de licencia más elevadas de la isla.
El resultado es una paradoja evidente. Quienes hacen posible que Santa Cruz de La Palma conserve su carácter único —ese que atrae a miles y miles de visitantes cada año— no solo no reciben incentivos, sino que deben afrontar trabas económicas y administrativas considerables. Se les exige mantener un patrimonio que es de interés general, pero se les deja solos en el esfuerzo.
Si el patrimonio es, como se afirma, un bien colectivo y un pilar fundamental del desarrollo turístico y cultural de la ciudad, las políticas públicas deberían reflejarlo con hechos, no con discursos. Porque sin medidas concretas —reducciones fiscales reales, subvenciones accesibles y una administración ágil— no estamos ante un simple problema de gestión, sino ante un proceso silencioso de abandono institucional que, tarde o temprano, acabará pasando factura al corazón histórico de la ciudad.
*Beate Dorothea Ricken es decana del Colegio oficial de Arquitectos de La Palma y presidenta del Consejo Canario de Colegios de Arquitectos