La agencia pública para combatir la crisis climática en Canarias sigue paralizada pese a ser obligatoria desde 2024

El Gobierno de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) continúa sin sacar adelante la oficina de acción climática, la principal herramienta pública para combatir el calentamiento global en el Archipiélago, a pesar de ser obligatoria desde finales de 2024, cuando concluyó el plazo legal para su aprobación.

Fuentes de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, dirigida por Mariano Zapata, del PP, aseguran que se está realizando ahora un “análisis técnico y organizativo de sus funciones, cargas administrativas y necesidades de personal” para que la agencia nazca “proporcionada y plenamente adaptada a las competencias que deberá asumir”.

El retraso en la puesta a punto del órgano está lastrando sobremanera la lucha contra el cambio climático en las Islas. El Ejecutivo regional tiene pensado centralizar en él las acciones de mitigación y adaptación; la elaboración del Plan Canario de Adaptación Climática; la supervisión de los planes de empresas y organismos públicos ante el aumento de las temperaturas; los inventarios de emisiones de gases contaminantes e incluso la gestión del registro de la huella de carbono.

Pero después de haberse marcado diciembre de 2024 como límite legal para tener la oficina, el departamento que lidera Zapata sigue estudiando cómo crearla para “dotarla de una estructura eficaz y ajustada a sus funciones”. Los efectos provocados por un planeta cada vez más caliente, sin embargo, no cesan.

“Conociendo el escenario climático de Canarias, con los múltiples impactos que tenemos (y que tendremos), esto hay que resolverlo de forma urgente porque la oficina forma parte de una cadena administrativa en la que el primer eslabón todavía no está conectado”, apunta Ezequiel Navío, naturalista y presidente de la Asociación para el Desarrollo de Acciones Climáticas Insulares (ADACIS).

“No es una cuestión solo de una consejería, sino un compromiso de Gobierno. Su ausencia pone en peligro que cualquier otro ejecutivo futuro no crea en la crisis climática y por tanto frene todo el esfuerzo hecho desde la ciencia y los propios técnicos de la administración”, agrega Aridane González, presidente del comité de personas expertas para el estudio del cambio climático en las Islas e investigador en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

El vacío de la agencia ya se nota, por ejemplo, en la gestión de los fondos europeos de reconstrucción, los conocidos como Next Generation. La ley canaria de cambio climático establece que será ella la encargada de armonizar y canalizar todo los recursos, subvenciones y ayudas orientadas a la transición energética. Pero está paralizada. Así que gran parte del peso ha recaído en personal técnico de la Viceconsejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía. Personal en estos momentos completamente desbordado que “está con la lengua afuera y sin dar abasto”, lamenta Navío.

El Ejecutivo autonómico busca a la desesperada una prórroga para extender las prestaciones hasta al menos 2028. Ha reconocido que, en caso de no lograrla, 51 millones en prestaciones para instalar parques eólicos, fotovoltaicas o fomentar el autoconsumo caerán por un sumidero.

Otro efecto secundario es la falta de referencias para los cabildos en la elaboración de sus planes de acción climática. La oficina es el órgano encargado de redactar el Plan Canario de Acción Climática, un documento regional que sirve de base para los planes insulares. Si este no ha sido aprobado, los demás tampoco pueden avanzar debido a la ausencia de directrices, por lo que la parálisis es total.

Y una tercera consecuencia (aunque no menos importante): la nula coordinación entre las instituciones. Un estudio publicado hace unos meses sobre “la red de gobernanza” en Canarias para combatir la subida del nivel del mar encontró múltiples ejemplos que evidencian el caos entre administraciones, con entidades actuando por su cuenta ante la falta de una agencia común.

La investigación mencionó dos casos muy concretos: la gestión de las Dunas de Maspalomas, que tiene por un lado al Cabildo de Gran Canaria intentando estabilizar el ecosistema mediante proyectos científicos, y, por otro, al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, “criticado por utilizar tractores y excavadores para allanar la arena con fines turísticos”.

Así como la aprobación por “error” del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de un proyecto de acción climática promovido por el Gobierno regional a pesar de que el Consistorio capitalino nunca recibió el documento técnico de la iniciativa ni tampoco fue invitado para colaborar en su elaboración.

“Todas las medidas de adaptación (nivel del mar, olas de calor, etc.) deben estar centralizadas en esta oficina. El inventario de emisiones, los mercados de carbono, la compensación directa e indirecta…”, reflexiona González, uno de los autores de la publicación, difundida en la revista científica Ocean and Society.

“La agencia es importante para poder desarrollar todas las competencias que marca la ley, pero especialmente para dotar de recursos humanos a la acción climática. No hay otra materia tan transversal como esta”, agrega el experto.

La oficina canaria de acción climática contará en principio con 25 trabajadores, según una respuesta por escrito de la Consejería de Transición Ecológica y Energía a una pregunta de la diputada socialista Lucía Fuentes Mesa. En ese texto el Ejecutivo reconoce que “ha incumplido el plazo legal” para la constitución del órgano. Y explica que su creación depende de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la cartera dirigida por Zapata.

Esa reforma estaba a la espera de otra modificación, en este caso del Reglamento Orgánico de la Consejería, aprobado en febrero de este año. De modo que ese obstáculo burocrático ha desaparecido. El Gobierno insiste igualmente en que el “trabajo previo” de la futura agencia permitirá “articularla de forma coherente con los principios de buena administración, y no como una mera previsión formal”.

La última actualización de la RPT de la Consejería, en abril de 2025, indica que, de 345 puestos de trabajo, 83 permanecen vacantes. Entre ellos se encuentran cargos tan relevantes como los encargados del análisis y estudio de proyectos, la elaboración de propuestas técnicas sobre autorizaciones ambientales, el desarrollo de planes de especies amenazadas o la vigilancia del régimen legal de protección de parques nacionales.