El volcán se ha apagado, pero la vuelta a la normalidad sigue muy lejos para los palmeros

Toni Ferrera

Las Palmas de Gran Canaria —

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El semáforo del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) se puso en rojo el 19 de septiembre, cuando la tierra se abrió en la montaña de Cabeza de Vaca, en el municipio de El Paso (La Palma), y así sigue más de tres meses después, a pesar de que la actividad eruptiva del volcán ya ha cesado.

Hay un revoltijo de emociones en estos momentos en la isla. Alegría por saber que el “monstruo”, como así llamaban muchos palmeros al volcán, ha dejado de vomitar piroclastos y magma. Pero también sospecha, porque temen dejar de ser foco mediático e institucional cuando aún queda mucho para la vuelta a la normalidad.

Rosanna forma parte de las más de 7.000 personas que fueron evacuadas durante el proceso eruptivo y aún no han recuperado su vida. Ella vivía en Las Manchas, uno de los barrios más azotados por los sinuosos recorridos de la lava. Durante las semanas que duró la erupción tenía como plan de domingo acudir a su casa acompañada de agentes de seguridad para retirar la ceniza acumulada en el tejado, el jardín, el garaje y prácticamente cada punto de su vivienda, sepultada bajo arena negra.

El volcán ya ha dejado de iluminar las noches de La Palma, pero para Rosanna el retorno a su domicilio aún es incierto. “Creo que el regreso es lejano. Hay gases, nos quedamos sin agua y hay que rehacer todas las conexiones y depósitos. Ahora hay que ver las estructuras de las casas, si están dañadas. Mucho trabajo por delante. Hacer la carretera es primordial. Muchas cosas”, cuenta en conversación telefónica.

Tanto el presidente del Cabildo insular, Mariano Zapata (PP), como el autonómico, Ángel Víctor Torres (PSOE), han señalado que el realojo de los vecinos afectados es la “prioridad” para las próximas semanas. Hasta el momento se han entregado poco más de treinta pisos, un número insuficiente (hasta 1.676 edificaciones han quedado arrasadas, 1.345 de uso residencial, según el Catastro) para una población mermada. Según un estudio promovido por la Asociación Española de Psiquiatría (ASEPP), el consumo de medicamentos entre los palmeros ha aumentado considerablemente desde que estalló la crisis.

Igual que Rosanna se encuentra Jésica Díaz, que ahora vive en una caravana tras haber sido desalojada de su domicilio, ubicado en La Bombilla. La vuelta, dice, no se prevé “pronto”. “No podemos pasar ni a visitar nuestra casa. De igual manera tampoco tenemos agua”. Y a eso se añade otro problema: antes tardaba 20 minutos en alcanzar el portal de su hogar; ahora debe hacer más de hora y media en coche porque la vía que unía Las Manchas con Los Llanos de Aridane está cortada.

“No vemos viable si nos dejaran ir hoy mismo porque es mucho dinero en combustible”, sentencia. El Gobierno de Canarias espera que las carreteras de urgencia que unan ambos municipios estén para finales de enero de 2022, ahora que las obras ya son “definitivas” y no hay peligro de que las inclemencias del volcán vuelvan a causar daños imprevistos, según ha razonado el presidente canario.

Mientras, La Palma continúa con sus demandas. Este lunes se celebró una manifestación frente al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, la localidad más dañada por la actividad eruptiva. Según la plataforma Iniciativa de Apoyo Ciudadano, unas 2.000 personas reclamaron agilidad en las ayudas y un reparto “inmediato” de las donaciones en la primera concentración que ha unido a las distintas agrupaciones de damnificados por el volcán.

Sin embargo, aún sigue habiendo muchas dudas. Una prueba es que el próximo 14 de enero se va a celebrar una doble conferencia informativa, con abogados y notarios, para aclarar cuestiones. Por entonces, habrán pasado ya cerca de cuatro meses desde que cambió la vida de miles de personas, muchas de ellas todavía sin saber qué hacer y cómo exigir lo perdido.

Para el sector agrícola, la columna vertebral de la economía palmera, han llegado 13,5 millones de euros. Pero esa cantidad significa poco para Alexis Fuentes, cuya finca se encuentra rodeada de coladas de lava. No ha podido regarla desde hace meses. “Hay que esperar a que empiecen las obras de la carretera de la costa para poder entrar en ellas. Irán conectando electricidad, riegos y demás según vayan avanzando las obras”, apunta.

El Ayuntamiento de Tazacorte ha convocado una asamblea informativa para agricultores y ganaderos el lunes 3 de enero. El objetivo: seguir resolviendo dudas. “Lo que hace falta es ponerse a trabajar ya. Muchas fotos, muchas visitas y muchas promesas, pero de promesas no se puede vivir”, agrega Alexis. La factura es muy cara: se han perdido 370,1 hectáreas de cultivo de plataneras, viñas y aguacateros.

Daniel Álvarez, por su parte, ha visto cómo la lava ha provocado daños en su negocio, un pequeño bar en Las Manchas. “Se me cayó toda la terraza, arrancó todos los cables de luz. Se me echó a perder toda la mercancía, recién comprada dos días antes de que estallara el volcán. Un desastre, la verdad”.

Los afectados han comenzado a demandar con más ahínco ahora que el volcán se ha apagado. Dulce García, una de las abogadas que está prestando ayuda voluntaria a los afectados, destaca: “Cuando empieza la gente a reivindicar lo que le corresponde, es cuando nosotros nos hacemos necesarios. Y es evidente que en nuestro caso va a más. E irá a mucho más. Así que, esto de aflojar, nada, todo lo contrario. Ahora empieza lo bueno”. 

¿Cuánto dinero ha llegado ya a la isla?

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, apuntó este jueves que La Palma ya cuenta con más de 120 millones de euros en ayudas para cubrir los daños ocasionados por el volcán de Cumbre Vieja. El líder autonómico detalló el reparto: 3 millones de las donaciones que están en las cuentas del Cabildo insular y los ayuntamientos de El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane; casi 2 millones a pymes y empresas y otros tantos para cubrir los gastos de alojamiento en los hoteles que han acogido a los afectados por la erupción.

El desglose continúa: 264.000 euros para la compra de muebles y enseres, 1,5 millones a los ayuntamientos para servicios básicos esenciales, 200.000 para el pago de la PCI extraordinaria. Además, según Torres, ya está a punto el expediente para abonar los 60.000 euros por vivienda perdida y el Consorcio de Seguros ya ha repartido 63 millones de euros a las familias damnificadas