Una comisión judicial inspecciona las condiciones de los migrantes en el muelle de Arguineguín

Migrantes en el muelle de Arguineguín, Gran Canaria.

Canarias Ahora

Las Palmas de Gran Canaria —

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Una comisión judicial encabezada por una de las magistradas al mando del Juzgado de Instrucción Número 2 del municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana ha realizado este viernes una inspección ocular en el muelle de Arguineguín. Tal y como ha confirmado la Guardia Civil a este periódico, los agentes se han personado en el lugar en el ámbito de la autoridad judicial a raíz de una denuncia que se formalizó en el municipio.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), dicha acción se llevó a cabo en el marco de las diligencias previas incoadas por la denuncia de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, sobre la situación de los inmigrantes en el recinto portuario, donde en la actualidad quedan unas 1.300 personas.

La comisión levantó acta acerca de la situación, por lo que, “en su momento, tomará la decisión que considere oportuna en el cauce la investigación judicial”. El TSJC ha matizado que se trata de unas diligencias indeterminadas, por lo que el presunto delito todavía no se ha determinado.

En este momento, el muelle alberga a unas 1.300 personas, la mitad del máximo histórico que ha alcanzado el campamento de emergencia levantado por Cruz Roja, que ha llegado a hacinar a 2.600 inmigrantes llegados en pateras y cayucos a Gran Canaria. En ese momento, algunas personas se vieron obligadas a dormir en el suelo, donde se ha notificado la presencia de ratas, y a la intemperie ante la insuficiencia de carpas para todas.

La visita de la comisión judicial al muelle de Arguineguín se ha llevado a cabo tres días después de que este martes 227 migrantes fueran expulsados del puerto por parte de la Policía Nacional. El Ministerio del Interior ha abierto una investigación para conocer si hubo descoordinación y qué fue exactamente lo que provocó la situación, ya que aún se desconoce de dónde procedió la orden. La cartera de Fernando Grande-Marlaska justificó que “ninguna persona puede ser legalmente retenida salvo por causa justificada”. Una decisión que provocó que los trasladados pasaran largas horas delante de la Delegación del Gobierno en la capital grancanaria sin comida ni alternativa habitacional. Por ello, muchos partidos han pedido de la dimisión de Marlaska.

En medio del aumento de las tensiones derivadas de la crisis migratoria en Canarias, Marlaska ha viajado este viernes a Marruecos en un intento de pactar con Rabat otros mecanismos de repatriación de sus nacionales y de estudiar cómo reforzar el control marroquí de las costas atlánticas. 

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