Carlos Fabra, condenado a cuatro años de prisión
La Audiencia provincial de Castellón ha condenado a Carlos Fabra a cuatro años de prisión por varios delitos contra la Hacienda Pública. El llamado Caso Fabra finaliza así su primera fase judicial tras una década de dilaciones y cambios de magistrados en sus fases iniciales en el juzgado de Nules. Además, el tribunal impone a Fabra 693.000 euros de multa y le obliga a abonar esa misma cantidad en función del dinero defraudado a Hacienda.
Fabra es absuelto sin embargo de los delitos más graves. El tribunal no considera probada la comisión de los delitos de cohecho y tráfico de influencias en relación con la participación de Fabra en la obtención de permisos para la comercialización de determinados productos fitosanitarios.
La Justicia valenciana también absuelve al empresario Vicente Vilar, que interpuso la denuncia contra el exdirigente regional por haberle cobrado supuestamente por sus gestiones para agilizar las licencias para los productos fitosanitarios de su empresa, Naranjax, en los ministerios dirigidos por los entonces ministros de Aznar.
El alto tribunal valenciano considera que Fabra debería ingresar en prisión cuando la sentencia sea firme. Según la legislación española, las penas por encima de dos años y un día obligan al ingreso penitenciario al margen de la existencia o no de antecedentes. Fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es dan por sentado que el expresidente de la diputación de Castellón recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.
La noticia de la condena a Fabra ha cogido por sorpresa a la clase política valenciana reunida en torno a la princesa Letizia en la entrega de los premios científicos Jaume I, celebrada en Valencia.
La número dos del PP, María Dolores de Cospedal, ha mostrado su “respeto” a las decisiones judiciales, aunque ha matizado que “no está dictada la última sentencia”, ya que el expresidente provincial recurrirá previsiblemente ante el Supremo. En cuanto a la permanencia de Fabra como militante de la organización de Mariano Rajoy, Cospedal ha asegurado que el Comité de Garantías hará lo que “proceda respecto a los estatutos”, que contemplan la pérdida de la condición de afiliado en el caso de que exista una “sentencia firme condenatoria recaídaen procedimiento penal por la comisión de cualquier delito doloso”.
