El fiscal sostiene que Roca blanqueó fondos

MÁLAGA, 14 (EUROPA PRESS)

El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero ha mantenido en el juicio del caso 'Malaya' que la imputación por blanqueo de capitales en la operación inmobiliaria Crucero Banús es por los fondos “de procedencia delictiva” utilizados por el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, “tanto lo que invierte como lo que obtiene” del negocio, mientras que la defensa de éste ha alegado “indefensión”, ya que ha existido “una inconcreción absoluta” en las acusaciones.

Abogados y acusaciones han expuesto ante el Tribunal su resumen o informe de prueba sobre dicha operación, con lo que concluye este primer bloque del juicio, tras dos meses y 21 sesiones. El siguiente bloque, en el que hay una treintena de acusados por delitos de blanqueo de capitales, entre los que están Roca y supuestos testaferros de éste como letrados del despacho Sánchez Zubizarreta, Montserrat Corulla u Óscar Benavente, comenzará finalmente el día 1 de marzo.

La acusación pública ha especificado que esta operación “no es más que una de las manifestaciones de blanqueo que se imputa a Roca”. Ha señalado que éste, el exedil Pedro Román, el letrado Juan Hoffman y el excomisario Florencio San Agapito fueron los cuatro participantes y que estaban “al tanto” de todos los aspectos del negocio, con el que, ha dicho, obtuvieron “una importante plusvalía en poco tiempo”, cifrada en unos seis millones de euros.

Ha precisado que se utilizaron mecanismos de ocultación y ha indicado documentos y testimonios en los que apoya su acusación. En su escrito provisional, el ministerio fiscal señalaba que éstos se concertaron para adquirir una parcela en Marbella sobre la que se lograría, con un convenio, un incremento de edificabilidad, para revenderla “garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado”. El perjuicio para el Ayuntamiento se cifra en casi cinco millones de euros.

Por contra, para la letrada de Roca, Rocío Amigo, las conclusiones del fiscal no definen el delito de blanqueo, reseñando que no fue hasta este mes “cuando rectificó su escrito y viene a decir de forma sorpresiva, ya concluida su prueba, que la imputación es el origen de los fondos, lo cual no se ha investigado”. Considera que hay “una absoluta indefensión” por esa “inconcreción” en todas las acusaciones en cuanto al blanqueo “porque no sabemos el delito antecedente, que tenía que ser grave, y no sabemos en cuanto se cuantifica”.

En este punto, el fiscal ha intervenido ante “las insinuaciones” de la abogada, asegurando que parece “que la señora letrada no entiende el escrito de acusación”. Tras la intervención del presidente de la Sala, José Godino, ésta ha pedido disculpas al ministerio público en el caso de que “le moleste mi informe”.

La defensa se ha referido también a las aportaciones de Roca y a un supuesto cuarto cheque que éste dijo en su declaración que aportó. “A mi cliente se le está acusando de muchas cosas, pero no se le puede acusar de mentir al Tribunal”, ha apostillado, al tiempo que ha señalado que la sociedad Lispag, con la que se desarrolló el negocio, “como Teruel, existe, está ahí, y si alguien tuvo que tributar era esta entidad y en Suiza”.

OTROS DELITOS

Por su parte, el abogado del Ayuntamiento, que acusa además por malversación, o alternativamente fraude, y por prevaricación, ha hecho referencia a un primer convenio con un empresario, rechazando los argumentos de que al interesarse Román por el negocio se pusieron condiciones “más gravosas”. Ha aludido a una posible “extorsión” a ese empresario, que “no pudo mover su propiedad porque el alcalde --Jesús Gil--, sus colaboradores y Roca impidieron que ese convenio llegara a comisión de Gobierno”.

El letrado Alberto Peláez ha indicado que el cuarto cheque supuestamente entregado por Roca “no aparece por ningún sitio” y que en los otros tres, que sí constan, está la “aportación ilícita” de éste. El letrado ha realizado cálculos con el dinero aportado para la operación y con los gastos abonados y ha apuntado a “una nueva dádiva que ahora hemos podido descubrir”.

El abogado de la Junta de Andalucía, que también acusa por otros delitos, ha señalado que el control de Roca sobre el urbanismo, y en concreto en materia de convenios, ha quedado acreditado en estos dos meses fundamentalmente por las testificales. El abogado José Manuel Delgado Utrera ha manifestado que hubo un fraude al Consistorio, ya que el precio no se fija de forma objetiva, sino según el entonces alcalde, y con una valoración que “no se ajusta a la realidad”.

Por su parte, la letrada del principal acusado ha pedido la absolución por todos los delitos y ha considerado que la mayoría de las sesiones se han dedicado a rebatir “unos delitos que no existen en ningún caso”. Ha señalado que se ha acreditado que no hubo perjuicio al Consistorio, apoyándose en las declaraciones de testigos de cargo del propio Ayuntamiento; así como que no se utilizó información privilegiada sobre el plan en revisión, porque “no existía”.

“Las motivaciones que mueven a la Junta y al Ayuntamiento hay que encontrarlas bien lejos de los tribunales de justicia y mucho más cerca de ciertos despachos oficiales”, ha dicho la letrada, quien ha instado a estas acusaciones a que “purgaran” sus escritos, al señalar que la Administración andaluza “no puede pedir que mucha gente vaya a prisión cuando la propia Junta dice que el convenio no es impugnable”. El caso del Ayuntamiento, ha dicho, es “más llamativo”, ya que “podía haber iniciado un expediente de revisión” si había un perjuicio.

Amigo ha señalado que ni Roca ni los demás acusados “tenían a su disposición caudales públicos” y sobre todo ha precisado que el dinero que los promotores ingresaban en concepto de convenios “era privado y no se puede malversar dinero privado”.

OTRAS DEFENSAS

Las defensas de los demás acusados han rechazado las acusaciones. En el caso del abogado de Hoffman, José Manuel Vázquez, ha indicado que los informes acusatorios son “conjeturas” y que las acusaciones “no tienen pruebas” y no se ha acreditado el conocimiento del origen ilícito de los fondos. Su afirmación de que el fiscal “quiere que este bloque se una al resto porque quiere confundir a la Sala”, ha provocado la respuesta del representante de la acusación pública. Asimismo, ha manifestado que en las 21 sesiones se ha hablado “de pelotazo urbanístico sin que eso tenga consecuencia penal”.

Los letrados del resto de acusados, como son San Agapito, Román, la hija de éste, el exalcalde Julián Muñoz, el tasador José Mora y el empresario José Ávila Rojas --los tres últimos acusados en esta parte sólo por el Ayuntamiento y la Junta-- han considerado que no existen pruebas de cargo contra sus clientes. En el caso del exregidor, su defensa ha precisado que no intervino en el convenio y que en la comisión de gobierno participaron otros cargos públicos que no están acusados en este bloque.