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Aquagest recurre la venta de acciones de Emalsa

PIDE MEDIDAS CAUTELARES AL JUZGADO CONTENCIOSO

Alega razones de interés público para impedir al Ayuntamiento de LPGC la enajenación de títulos.

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La batalla por el control de Emalsa, la empresa de aguas de Las Palmas de Gran Canaria, continúa en los juzgados. Aquagest SA, la mercantil que ha recurrido en amparo al Tribunal Constitucional la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, favorable a la ratificación de la primera de venta de acciones a Unelco(Valoriza Agua)-Saur, presentó también el pasado viernes un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de LPGC de vender en breve el 29% de sus títulos, ofrecidos ya a los socios privados de la empresa de aguas.

Interior de la planta potabilizadora de Las Palmas-Telde.

Interior de la planta potabilizadora de Las Palmas-Telde.

El recurso al que ha tenido acceso CANARIAS AHORA solicita del Juzgado medidas cautelares que impidan al Ayuntamiento capitalino, que será ahora gobernado por Juan José Cardona (PP), ejecutar la venta de acciones acordada en sesión de la Junta de Gobierno presidida por el alcalde en funciones, Jerónimo Saavedra (PSC-PSOE), el 23 de diciembre de 2010, y del mismo modo reclama tener acceso a todo el expediente de tramitación de la venta, denegado a Aquagest por la Junta de Gobierno socialista el 10 de marzo de 2011, "a los efectos de poder formalizar el correspondiente escrito de demanda en el momento procesal oportuno".

Los argumentos judiciales de Aquagest se fundamentan en que su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional no ha sido resuelto, y por tanto una segunda venta de acciones -retrasada por el gobierno municipal del PSC-PSOE hasta después de las pasadas elecciones del 22 de mayo- no garantiza la finalidad legítima de su recurso de amparo y la eficacia de una eventual sentencia del TC favorable a Aquagest, que podría ordenar la adjudicación de las acciones vendidas en 1993 a esta mercantil, en detrimento de Valoriza-Saur.

Aquagest alega también razones de interés público para evitar que el Ayuntamiento venda ahora un 29% de sus acciones y se quede solo con un 5%, ya que si el Constitucional falla a su favor, "la política de hechos consumados·" del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria podría afectar al erario público en un futuro, mediante las acciones judiciales que presentase Aquagest contra esta segunda venta, sin haberse resuelto antes la legalidad de la primera transacción de acciones ejecutada en 1993 y ratificada en 2001 por los gobiernos municipales de la capital grancanaria.

Aduce, además, Aquagest, que la reciente decisión de LPGC de vender otro paquete de acciones es nula de pleno derecho, al no haber cumplido con los trámites legales de contar con una Memoria por el cambio de modalidad en la gestión de Emalsa que, a su juicio, supone esta segunda venta de títulos, no haber expuesto a información pública la misma.

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