Bravo niega haber asesorado a empresarios con intereses en el Oasis
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna (PP), ha negado este jueves haber asesorado a empresario alguno como abogado desde que tomó posesión del y ha rechazado que el BIC del Oasis Maspalomas estuviera influido por intereses de sus antiguos clientes.
En un comunicado, Bravo de Laguna responde así a la denuncia que el empresario Cristóbal Rodríguez Marichal, uno de los propietarios del centro comercial Oasis de Maspalomas, ha formulado contra él ante la Fiscalía Anticorrupción, para acusarle de haber favorecido a una serie de intereses empresariales privados con el expediente que protegió la zona con la categoría de sitio histórico.
Ese empresario, cuya denuncia adelantó La Provincia, sostiene que Bravo de Laguna, a través de su despacho de abogados, habría trabajado en ese expediente “casi asociado” con Lopesan, uno de los grupos hoteleros con intereses económicos en Maspalomas.
Ese empresario también asegura haber pactado con el despacho jurídico de José Miguel Bravo de Laguna en 2010 una serie de cantidades a cambio de que realizara gestiones e intermediaciones urbanísticas en esa zona de Maspalomas.
Bravo de Laguna niega que, primero como abogado, y ahora como cargo público haya cometido “irregularidad alguna” y menos aún, enfatiza, en relación con el asesoramiento que prestó antes de ser elegido presidente del Cabildo “a la comunidad de propietarios del centro comercial Oasis (2008-2010) o a la familia Rodríguez Marichal (2010-primer semestre de 2011), a través de la sociedad Rodríguez Marichal y Correa SL”.
“Niego total y absolutamente que después del 20 de junio de 2011 haya intervenido profesionalmente como abogado, ni asesorado, ni percibido cantidad alguna ni de esas personas ni de nadie, al ser mi cargo incompatible con el ejercicio privado de la profesión”, añade.
También rechaza que la declaración del oasis y el palmeral de Maspalomas como bien de interés cultural (BIC), con la categoría de sitio histórico, que ha impulsado el Cabildo de Gran Canaria bajo su presidencia, “se haya visto en absoluto influida o condicionada por actuaciones profesionales” suyas de su etapa en la abogacía.
“Antes al contrario”, subraya, “ese expediente está avalado por múltiples informes técnicos, jurídicos e históricos”.
Bravo de Laguna dice que se reserva las acciones legales que correspondan y se pone a disposición “de cualquier actuación judicial, si se produce”.
“La pugna de intereses privados o empresariales que puede estar detrás de todo este tema no va a afectar a mi decisión de seguir defendiendo lo que considero importante, que es el interés general de Gran Canaria, su desarrollo turístico y económico equilibrado y sostenible, y la protección de los espacios naturales que por razones históricas y ambientales deban ser protegidos”, concluye.
