El Cabildo de Gran Canaria aprueba el plan de ordenación del sector y pone coto a los campos de golf
El Cabildo de Gran Canaria aprobó la Memoria Ambiental del Plan de Ordenación del Golf en la isla que, entre otros aspectos, prohibe la implantación de campos de golf en suelos agrarios de alto valor productivo. Asimismo, este documento persigue la definición de una zonificación en la que está permitido el uso golf sin ser excluyente de otros posibles usos. En ningún caso concreta localizaciones y limita el número máximo posibles de nuevos campos de golf a una cifra cercana a diez, si bien se considera que el número de campos construidos finalmente será inferior por la mencionada competencia de usos.
En ausencia del Plan de Golf se podrían construir en Gran Canaria más de quince nuevos campos de Golf. Sin embargo, el PIO no define ningún modelo para la implantación de nuevos campos de golf, dejando este aspecto a la iniciativa privada, sin un análisis del objetivo a seguir con cada nuevo campo de golf, ni de las posibles repercusiones económicas e incidencias ambientales que una nueva implantación puede suponer para la escala insular.
Para reglar esta carencia, el Plan Territorial Especial de Ordenación establece el modelo de ordenación de la oferta de campos de golf en Gran Canaria, así como de sus instalaciones asociadas, de conformidad y en desarrollo de las determinaciones contenidas en el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria.
El Plan de Golf pretende regular la implantación de campos de golf en la isla de acuerdo con la capacidad de acogida del territorio y con la conservación de los recursos naturales, patrimoniales y paisajísticos y con los usos tradicionales, así como su compatibilidad con otros usos. Y por otra parte, aspirará a una mejora y consolidación del turismo de golf como turismo especializado que repercuta positivamente en la economía de la isla y contribuya a fortalecer Gran Canaria como destino turístico.
Esta nueva zonificación potencial disminuye la superficie posible apta para el golf permitida desde el PIO, eliminando la posibilidad de actuaciones con una mayor incidencia ambiental, como es el caso de las Charcas de San Lorenzo.
