El Gobierno propone que RTVC quede fuera de control
Cuanto más caos en Radio Televisión Canaria (RTVC), menos control. Esa es la posición que ha decidido adoptar el Gobierno de Fernando Clavijo aprovechando la reforma de la ley 13/2014 que regula el funcionamiento del ente público. El Ejecutivo quiere que el presidente o director general de RTVC, tanto si es el actual, Santiago Negrín, como la persona que le sustituya, no estén sometidos a los rigores de las Intervención General de la Comunidad Autónoma, como lo está ahora. Esa modificación que propone el Ejecutivo deja en evidencia uno de sus mantras: que no tiene ninguna competencia sobre ese ente público cuando, en realidad, está adscrito a la Consejería de Hacienda, cuya Intervención General lo fiscaliza.
Esta modificación legal, que el Gobierno acordó en su reunión del pasado 6 de abril y que tres días después remitió al Parlamento, es además una contundente respuesta de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, a la interventora general de la Comunidad Autónoma, que mantiene bloqueado en su departamento un contrato de RTVC -concretamente el de transporte de señal, adjudicado a Retevisión- por considerar que debe ser autorizado por el Consejo de Gobierno al exceder su importe de los dos millones de euros.
Rosa Dávila ha tratado de sacudirse como ha podido esa polémica de encima, y tras el último Consejo de Gobierno contestó incómoda a los periodistas que el informe de la interventora sobre el contrato con Retevisión para el transporte de señal ha sido enviado al presidente de RTVC para sea él, constituido en órgano de contratación, el que lo resuelva. Una papa caliente que en última instancia habrá de regresar al Gobierno de Canarias, y más concretamente a la Consejería de Hacienda, porque orgánicamente es la competente para la gestión y el control fiscalizador del ente público.
De ahí que en la reforma de la ley que los grupos parlamentarios se han propuesto acometer, el Gobierno haya tratado de introducir unas modificaciones de calado que, de facto, suponen dejar el ente público sin control.
En el acuerdo del Consejo de Gobierno enviado al Parlamento se propone que “la competencia para autorizar las modificaciones presupuestarias del ente público RTVC correspondan a la Dirección General, salvo que su importe supere el millón de euros o exceda de los límites establecidos en el artículo 49.2 de la Ley de Hacienda Pública Canaria, en cuyos casos la competencia queda atribuida a la Junta de Control”, un órgano de nueva creación que proponen los grupos parlamentarios canarios.
Pero la modificación que deja más liberada la gestión de RTVC es la referida a las funciones que habría de tener la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma: “Ejercerá las funciones de control previstas en el título VIII de las Ley de Hacienda Pública de Canarias, salvo la relativa a la función interventora, que no se aplicará al ente público RTVC”. Y lo explica el Gobierno a continuación: “En particular, llevará a cabo la revisión del informe anual relativo a la gestión del ente público RTVC y a la gestión de las sociedades en las que participe (…), así como los informes sobre cumplimiento de las misiones de servicio público encomendadas y las demás obligaciones de carácter económico-financiero asumidas por el ente público RTVC”. Esto significa que las labores de control previo, como la que ahora trae de cabeza a la consejera de Hacienda con el contrato con Retevisión y más que probablemente con el concurso de 144 millones de euros para los servicios informativos de TVC, desaparecen del ámbito de la Intervención General de la Comunidad Autónoma para quedar en las exclusivas manos de los órganos del ente público.
Y por si quedara alguna duda, el Gobierno introduce en la modificación legislativa una nueva disposición adicional en la que limita la adscripción de RTVC a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias “a los exclusivos efectos de integrar el presupuesto del ente público en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma”.
En el mismo acuerdo gubernamental, el Ejecutivo de Fernando Clavijo bendice la propuesta de reforma de la Ley de Radio Televisión Canaria formulada por los grupos Nacionalista Canario, Partido Popular y Mixto (Agrupación Socialista Gomera).
