El Gobierno constituye una mesa técnica para estudiar las alegaciones al nuevo decreto de la dependencia

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido.

Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

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La mesa técnica para valorar y estudiar las aportaciones que se han presentado al proyecto de decreto para agilizar el reconocimiento de la situación de dependencia en Canarias se constituirá durante la primera semana de enero, según informa este miércoles en un comunicado del Gobierno canario.

“El objeto del nuevo decreto es agilizar el procedimiento y mejorar la atención a las personas en situación de dependencia en la Comunidad Autónoma”, aclara la directora general de Dependencia y Discapacidad, Eulalia García.

Según García, esta mesa estará constituida por representantes de la Fecam, la Fecai, colegios profesionales y trabajadores del servicio, cuya labor será “estudiar las 60 alegaciones presentadas al proyecto y poder mejorar y consensuar, entre todos, el texto definitivo del proyecto que se llevará a Gobierno para su aprobación, siempre que haya acuerdo”.

“De hecho -aclara-, la semana pasada el Parlamento acogió unas comparecencias externas en la comisión de Dependencia en las que muchas de las argumentaciones iban en la misma línea del decreto, como la compatibilidad de las prestaciones con ingresos por trabajo, pero, sobre todo, en todos los foros se solicita la simplificación de los trámites”.

García agrega que están “en consonancia con las demandas de los familiares y dependientes” y que solo les quedan “perfilar los procedimientos, y en eso nos vamos a empeñar de aquí al final de la legislatura”.

“Lo que hemos pretendido es agilizar y simplificar el procedimiento analizando cómo se desarrolla en otras comunidades autónomas, en las que los datos hablan por sí solos y que ponen como ejemplo tanto los diputados de todas las formaciones políticas representadas en el arco parlamentario como las asociaciones que representan a familiares y dependientes”, subraya.

Eulalia García pone el ejemplo de la comunidad de Castilla-La Mancha, que pide los informes sociales junto con la solicitud de reconocimiento.

“Y si bien el procedimientos consta de dos fases, resolución de grado y programa individual de atención, sólo se realiza una visita para la valoración de grado”, enfatizó la directora general.

García explica que, además del decreto, “están previstas diversas medidas que ayudarán a la mejora en la atención, como es el propio gestor de expedientes, el incremento de servicios de la cartera de servicios o la dotación económica suficiente para otorgar prestaciones económicas o de servicios”.

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