Gobierno canario no concederá licencias comerciales para centros que causen impacto territorial y ambiental
El proyecto de ley de Regulación de la Licencia Comercial reduce a 6 meses la resolución del procedimiento
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Canarias no concederá licencias comerciales específicas para la construcción de grandes centros comerciales que causen impacto territorial y ambiental, en virtud del proyecto de ley de Regulación de la Licencia Comercial aprobado por el Ejecutivo, que establece un “tiempo récord” de seis meses en la tramitación del procedimiento y considera “positivo” el silencio administrativo.
“No se podrán dar licencias en sitios donde se destroce el territorio y el medio ambiente. El límite es el impacto medioambiental. Allá donde no haya impacto medioambiental se podrán poner todos los establecimientos que se quieran siempre que cumplan los once criterios que recoge el proyecto de ley”, afirmó en rueda de prensa en la capital grancanaria el consejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, en la presentación del proyecto de ley, aprobado el martes por el Consejo de Gobierno y que adapta la normativa comercial vigente a lo dispuesto en la Directiva europea relativa a los Servicios en el Mercado Interior, más conocida como Bolkenstein.
El Ejecutivo canario ha elevado el texto al Parlamento regional con el objetivo de su debate y aprobación antes del próximo 28 de diciembre, fecha límite establecida por la directiva europea para la transposición de su contenido al ordenamiento jurídico de cada país miembro de la UE.
Rodríguez incidió en que con este documento el Gobierno canario pretende “garantizar un equilibrio comercial entre los distintos formatos comerciales y satisfacer el interés de demanda de los consumidores”.
Este proyecto de ley también aborda una “ligera” modificación de la normativa reguladora de los horarios comerciales, ya que “sólo se toca el procedimiento para que una zona comercial sea considerada de interés turístico, dejando esta iniciativa en manos del Ayuntamiento afectado y de las asociaciones empresariales de la zona para fijar un horario comercial turístico más flexible”. A ello se suma la legislación sobre actividad ferial, que hasta ahora era “una carencia” en Canarias.
CONTROL SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
De este modo, argumentó que “el principal objetivo de la ley es establecer el marco jurídico para la autorización de la actividades de grandes centros comerciales”. El Ejecutivo regional mantendrá “el control sobre la actividad comercial a través de la licencia comercial específica por motivos territoriales y medioambientales”.
En este punto, Rodríguez hizo especial hincapié en que “más del 40 por ciento del territorio del archipiélago está protegido”. “Es un territorio fragmentado y escaso y la UE y las autoridades española entienden que está justificada la protección medioambiental y territorial que tiene la ley”, apostilló.
De hecho, indicó que este proyecto de ley, cuyo debate comenzó en marzo de 2008, cuenta con el apoyo de las asociaciones de consumidores del archipiélago, mientras que “en términos generales los empresarios la apoyan y casi todo está pactado con ellos”. “Los grandes insisten en que se limita mucho y los pequeños en que se liberaliza demasiado”, justificó.
APERTURA, AMPLIACIÓN O TRASLADO
Por su parte, el director general de Comercio, Arturo Cabrera, explicó que el articulado de este proyecto de ley especifica una serie de superficies de venta a partir de las que los grandes establecimientos comerciales y los centros comerciales de actividad minorista deberán solicitar licencia comercial para su apertura, ampliación o traslado.
Así pues, para los grandes establecimientos comerciales deberán solicitar licencia si superan los 2.500 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al por menor en Tenerife y Gran Canaria; los 1.800 metros cuadrados en Lanzarote; los 1.500 metros cuadrados en Fuerteventura y La Palma, y los 750 en La Gomera y El Hierro.
Igualmente, el texto introduce la definición de superficie discontinua como concepto por el que la normativa medirá la implantación de una misma empresa o grupo de empresas en una isla. Requerirá de licencia comercial específica cuando la suma de metros de todas sus tiendas en una misma isla supere los siguientes topes: 7.500 metros cuadrados en Tenerife y Gran Canaria; 5.400 en Lanzarote, 4.500 en Fuerteventura y La Palma, 2.250 en La Gomera y El Hierro.
La norma define centro comercial como unidad comercial constituida por el conjunto de establecimientos comerciales situados en un mismo recinto, vinculados entre sí por una planificación, gestión, promoción y administración común en los que se ejerzan las actividades de forma empresarial independiente y, en los que puedan existir establecimientos dedicados a actividades de ocio, restauración u otras.
Los centros comerciales que quedan sujetos a la licencia serán aquellos en los que la superficie útil de venta de los comercios integrados en ellos supere los siguientes topes: 9.000 metros cuadrados en Tenerife y Gran Canaria, 6.000 en Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, y 3.000 en La Gomera y El Hierro.
LICENCIAS SUJETAS A ONCE CRITERIOS
“No hay cupo, cada uno puede crecer lo que quiera, lo único es que hay que comprobar el impacto que tiene en el territorio, además de que las cadenas que tengan ya un equipamiento de 7.500 metros cuadrados pueden seguir pidiendo licencia siempre que cumplan con los requisitos. No nos metemos si el negocio es rentable o no, sino si lo soporta el territorio o no”, aclaró el consejero regional de Empleo, Industria y Comercio.
No en vano las licencias comerciales se otorgarán valorando once criterios descritos en el proyecto de ley, la mayoría de los cuales están relacionados con cuestiones ambientales, accesibilidad viaria, preservación de espacios, sostenibilidad ambiental y revitalización de entornos, señaló Jorge Rodríguez, que rechazó que con el nuevo documento sea “más subjetiva la concesión de licencias”.
También está incluido un criterio sobre calidad del empleo, compromiso de incorporación al mercado de colectivos de difícil inserción, defensa de los derechos de los consumidores o la promoción de las nuevas tecnologías.
PLANES TERRITORIALES ESPECIALES
Según Jorge Rodríguez, actualmente “la mayor parte de las limitaciones vienen porque no hay suelo comercial en las islas y eso se va a resolver con los planes territoriales especiales”.
A este respecto, comentó que a partir de la aprobación de la ley, que se prevé a finales de este año, se da un año de plazo a la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) para que estén aprobados los siete planes especiales.
De este modo, el proyecto de ley crea la figura de los planes territoriales especiales de grandes equipamientos comerciales, en los que se detallará la ordenación por cada isla de las zonas habilitadas para la instalación de establecimientos comerciales. Estos documentos de planificación medirán el impacto en cada isla sobre el sistema viario, las infraestructuras y servicios públicos, el entorno urbano y natural y la contaminación atmosférica y lumínica.
Igualmente, Rodríguez incidió en que el proyecto de ley realiza “un notable esfuerzo en la simplificación y modernización administrativa en materia de comercio”. El texto promueve la creación de una ventanilla única en la que el promotor de una instalación comercial podrá canalizar todos los trámites administrativos necesarios para abrir, trasladar o ampliar un establecimiento comercial.
El Ejecutivo regional tramitará el procedimiento, que se reduce a “un tiempo récord de seis meses contemplando el silencio administrativo como positivo”. Además, se contempla la posibilidad de que el solicitante podrá hacer “todo en un futuro” por vía telemática.
