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Antonio Morales: “No se puede permitir que se utilicen procedimientos mafiosos para hacer daño”

El presidente del Cabildo de Gran Canaria cree que detrás de su denuncia en la Fiscalía “hay intereses muy concretos que se empiezan a visibilizar”

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Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, tiene su postura muy clara: no va a permitir que se utilicen “procedimientos mafiosos” para dañar su imagen. El nacionalista hizo esta afirmación después de que Canarias Ahora publicara que es el dueño de Zona 13, un after hour ilegal que intenta legalizar en el municipio de Agüimes, donde Morales fue alcalde durante 28 años, quien está detrás de la denuncia contra él en la Fiscalía

“Yo lo primero que escribí en mi Twitter esta mañana fue que la marea los va botando y se va desentrañando la madeja”, dijo en declaraciones a los medios después de que Canarias Ahora desvelara la información. La denuncia por presuntas irregularidades en la contabilidad del Ayuntamiento de Agüimes en 2013, firmada por Norberto Jonay Pérez, está promovida por el empresario Samuel Yebra. “Jonay es un trabajador de Samuel, se prestó a presentar la denuncia como se hubiera prestado a cualquier cosa que le pidiera”, dijo una persona cercana al empresario a este periódico.

Morales considera que se trata de “procedimientos mafiosos articulados para minar la imagen de una persona” y que “detrás de todo esto hay intereses muy concretos que se empiezan a visibilizar”. Samuel Yebra es un activo empresario que ha promovido numerosas empresas, según el Registro Mercantil de Las Palmas y es, además, la persona que lanzó a través del periódico La Provincia una llamativa oferta para comprarle al Cabildo de Gran Canaria el club de baloncesto de la isla en 2016. La Corporación insular rechazó aquella oferta de manera drástica.

“Yo tengo la conciencia muy tranquila y las manos limpias siempre a la hora de actuar en política”, asegura el presidente de la Corporación insular. “Es bueno que la sociedad sepa que no se puede permitir este tipo de actuaciones y que se utilicen medios”, concluyó.

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