El PP llevará a la Fiscalía los contratos de Televisión Canaria con dos productoras
El PP denunciará el martes ante la Fiscalía en Santa Cruz de Tenerife presuntos indicios de irregularidades en la adjudicación de contratos a productoras por parte de Radiotelevisión Canaria e invitó a sumarse al PSC, que aseguró que la actuación del ente le causa repulsa y “dolor de estómago”.
Las críticas a la gestión de la Radiotelevisión Canaria (RTVC) se produjeron en la comisión de control parlamentario del ente público después de que la diputada del grupo Popular Águeda Montelongo preguntase al director general, Willy García, sobre los contratos realizados a las productoras Siete Mares y Doble Diez Comunicación.
Al respecto, Montelongo dijo que se han realizado 155 adjudicaciones de programas a Siete Mares entre 2009 y 2012 para 27 retransmisiones de actos populares, como romerías y carnavales, por importe de 395.696 euros, así como 128 retransmisiones deportivas por una serie de pagos de los que ninguno llegó a superar los 10.000 euros pero que suman en total 1.009.867 euros.
Por todos estos conceptos la productora ha percibido 1.405.563 euros en tres años, dijo la diputada popular, quien se preguntó si se ha salvaguardado el principio de concurrencia en esta materia.
Guillermo García contestó que los contratos se han ajustado a la normativa de contratación pública y justificó la contratación de Siete Mares porque es la única productora con base en Gran Canaria que cuenta con una unidad móvil, lo que ofrece garantías de calidad para las retransmisiones según los parámetros técnicos que requiere la cadena autonómica.
Se trata de evitar los costes adicionales que implica el traslado de una unidad móvil y la experiencia de Siete Mares está “más que contrastada” en el éxito de sus retransmisiones, lo que prueba que también la haya contratado el Cabildo de Gran Canaria para el maratón y los partidos inaugurales del Mundial de Baloncesto, dijo García.
En cuanto a la productora Doble Diez, explicó el director general que trabaja con la RTVC desde su inauguración y es la que más éxitos televisivos ha realizado en Canarias, con programas como La Guagua, La Gala, Quiero ser como Pepe y La Revoltosa.
Es “la gran escuela de la televisión de entretenimiento en Canarias y de esta fábrica de creación han salido profesionales que han dado el salto a la Península”, afirmó García.
Por el contrario, la diputada del grupo Socialista Belinda Ramírez consideró “inaceptables” las prácticas contractuales del ente público, pues ningún cargo público puede aceptar que se firmen contrataciones millonarias ni dar el visto bueno para ellas, pues se juega “con el dinero de todos los canarios, en ocasiones sin acatar la ley ni el principio de concurrencia y sin ningún escrúpulo en beneficio de partidos políticos”.
“Nos causa repulsa y dolor de estómago” esta actuación, añadió Belinda Ramírez, pues “se manipulan supuestamente facturas para beneficiar supuestamente a amigos y partidos políticos, y esto se aleja totalmente de lo que se debe hacer con dinero público”.
Añadió que “este rechazo del grupo Socialista no se hace ahora cuando hay sospechas de que algo va mal” pues recordó que en su momento la diputada Gloria Gutiérrez lo puso en conocimiento de la Fiscalía.
Belinda Ramírez se congratuló de que “al menos ahora” el PP denuncie esta presunta irregularidad y señaló que para asumir responsabilidades por esta actuación espera ver “algún día” sentados juntos al director del ente y al PP “dando explicaciones de esta gestión contratactual, que corresponde a la pasada legislatura”.
“¿Qué criterio se han seguido para estas adjudicaciones y por qué el PP, que era responsable de la fiscalización contractual del ente, lo permitió?”, preguntó Ramírez.
Guillermo García se dirigió a la diputada socialista y le preguntó si es consciente de lo que ha dicho este viernes en el Parlamento porque “pone en tela de juicio la resolución de un Tribunal de Cuentas”.
“¿Sabe la diferencia entre fiscalización y difamación? ¿Se puede venir a este Parlamento a poner en cuestión la resolución de un Tribunal de Cuentas? Y si tiene tantas dudas ¿por qué no va a la Fiscalía Anticorrupción?”, interpeló García a la parlamentaria del PSC.
A su juicio, es tan sensible la barrera entre fiscalización y las gravísimas acusaciones difamatorias hacia su propia gestión y que no se demuestran “que me parece intolerable algunas cosas que se hablan aquí”, reprochó el director general del ente, que atribuyó las críticas a que “mayo está a la vuelta de la esquina y hablar mal de la tele canaria vende”.
Sin embargo, continuó, “yo estoy muy tranquilo como lo están los ciudadanos, que además están encantados porque siguen de manera masiva a la Televisión Canaria, con la que conectaron cada día más de 605.000 ciudadanos el pasado mes, con un 7,9% de cuota de pantalla”.
Belinda Ramírez replicó a Guillermo García que si hay indicios de que algo mal “no le quepa duda de que actuaremos en consecuencia”, mientras que Águeda Montelongo señaló que no le queda más remedio que acudir al auxilio del Ministerio Fiscal porque hay “dudas razonables de irregularidades en las contratación que van más allá de las contables y podemos estar hablando de cosas más serias”.
El diputado del grupo Nacionalista Canario José Luis Perestelo pidió “prudencia”, confesó que esperaba una felicitación del resto de grupos al director general por las retransmisiones del canal y contrapuso las cifras invertidas por la RTVC en la adjudicación de contratos a los diez millones de euros que ha abonado Telemadrid a la productora de Ernesto Sáenz de Buruaga y otros tres millones a programas de Fernando Sánchez Dragó.
