Paralizado el concurso del Parque Marítimo

Noé Ramón / Noé Ramón

El concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, ha dado órdenes de anular el anuncio publicado este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en el que se daba vía libre a la concesión de siete negocios en el Parque Marítimo César Manrique de Santa Cruz.

El concejal se lo transmitió así personalmente a determinadas personas relacionadas con este contencioso y después lo ratificó a los medios de comunicación. El anuncio cogió por sorpresa al propio edil que pese a ser el secretario de la entidad Parque Marítimo SA, integrada únicamente por el Ayuntamiento, aseguró no tener conocimiento de su publicación.

En principio, la versión oficial que le transmitieron era que sólo se trataba de dar conocer los pliegos con antelación para que los empresarios que optan a la convocatoria pudieran estudiarlo de antemano. Sin embargo, este argumento caía por su propio peso ya que en el anuncio vienen estipulados los plazos máximos para la presentación de las ofertas que alcanza hasta el 29 de mayo y se anuncia que la mesa de contratación se reunirá 8 días más tarde.

El concejal ya manifestaba por la mañana a este medio de comunicación que estaba iniciando las gestiones para saber que había ocurrido y posteriormente anular la convocatoria . Sobre todo lo ocurrido se limitó a señalar que: “Estamos trabajando para que todo salga y se haga de la forma más correcta posible”.

Otra posibilidad es que el texto salga publicado a partir del día 29 de este mes para que los vecinos y empresarios puedan conocer su contenido y presentar alegaciones al mismo pero sin decidir la adjudicación. De todas formas, a nadie se le esconde que en el grupo de gobierno existen dos criterios muy diferenciados sobre este asunto. Así mientras Coalición Canaria (CC) quiere sacar el máximo beneficio económico a la explotación de los locales de este recinto, el PSOE siempre ha apostado por una gestión lo más pública posible. Por ello, el abogado de los vecinos, Felipe Campos, consideraba que el concejal podía haber sido víctima de una decisión tomada a sus espaldas por parte del alcalde, José Manuel Bermúdez o del gerente de Urbanismo, Augusto Sabina, por lo que el abogado pidió el cese de éste último.

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