Cabildos
Los cabildos insulares se mostraron este jueves conformes con la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo para adaptarla a la liberalización exigida por la legislación europea, aunque eso requerirá poner más énfasis en la inspección posterior de los negocios, según enfatizó el presidente de la corporación gomera, Casimiro Curbelo.
Representantes de tres cabildos (estuvieron ausentes los de Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma y El Hierro) participaron este viernes en una comisión del Parlamento de Canarias para expresar su opinión sobre esa modificación legal, que adapta la Ley del Turismo canaria a la directiva de liberalización de servicios europea.
Uno de los cambios sustanciales es que se suprime la autorización administrativa previa para abrir un negocio turístico, que otorgan actualmente los cabildos, y será suficiente con comunicar la actividad para empezar a operar sin necesidad de autorización.
Sólo cuando la actividad turística tenga incidencia territorial o medioambiental se mantendrá la autorización de la actividad.
Si la actividad se realiza en espacios naturales o afecta a especies protegidas la regulación procederá de la normativa medioambiental, pero no será necesaria autorización de la administración turística.
El trámite parlamentario de esta modificación legal, que se realiza por el procedimiento abreviado, requiere el pronunciamiento no vinculante de las corporaciones insulares en la Comisión General de Cabildos del Parlamento de Canarias.
José Manuel Bermúdez, presidente en funciones del Cabildo de Tenerife, señaló que todas las observaciones de la corporación tinerfeña han sido recogidas por el Gobierno canario en el proyecto de ley, excepto algún matiz, por lo que se mostró conforme con el texto.
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, se mostró favorable a la simplificación administrativa porque servirá para crear nuevos negocios y empleos.
Sin embargo, matizó que el sistema de autorización previa permitía un control a priori de las actividades económicas en el sector turístico que ahora no existirá, lo que obliga a mejorar los sistemas de inspección por parte de la Comunidad Autónoma.
La eliminación de las barreras previas requiere “que las cautelas en inspección sean más notorias”, dijo Curbelo.
Para ello, los medios humanos y materiales para la inspección tienen que incrementarse, puesto que ahora son “deficitarios” y a partir de esta modificación legal tendrán más cometidos.
“Si no hay una inspección rigurosa y más medios, el producto turístico quizás no cumpla con la legalidad, se corre el riesgo de no poder garantizar la legalidad turística”, advirtió.
También deben agilizarse los procedimiento de autorización que se mantienen cuando haya afecciones territoriales y medioambientales, porque un silencio administrativo de dos meses supondrá la autorización de la actividad, dijo Casimiro Curbelo.
Pedro San Ginés, presidente del Cabildo de Lanzarote, se sumó al apoyo a la trasposición de la directiva europea a la legislación canaria que regula el turismo, pero también subrayó que se va a necesitar “un especial celo” en la inspección turística, algo que es “un déficit histórico”.
La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín, dijo que la simplificación administrativa que supone esta modificación de la ley facilitará la creación de nuevos negocios.
Destacó que la protección del medio ambiente se mantendrá porque cuando una actividad suponga afecciones al mismo se vinculará la autorización a la capacidad de carga de la isla, además de que “la ordenación turística y la moratoria siguen vigentes”.
Señaló que el sistema actual de autorización previa se limita a comprobar que se cumple con los requisitos legales y por tanto no supone un proceso de inspección previa.
El portavoz parlamentario del PSOE, Santiago Pérez, preguntó por qué el Gobierno de Canarias utiliza un criterio intervencionista en la adaptación comercial a la directiva de liberalización europea y uno liberalizador en el caso del turismo, cuando ambas actividades tienen impacto territorial y presionan a las infraestructuras.
Se mostró conforme con la liberalización, pero expresó reticencias sobre la incidencia que va a tener en la ordenación y el control de la calidad de la oferta en el sector turístico que se plasmó en las directrices de ordenación.
La única regulación sobre la puesta en marcha de actividades turísticas va a estar en los planes insulares de ordenación territorial, y algunos de ellos “dejan bastante que desear”, por lo que esta nueva situación “puede tener efectos no deseados”, advirtió.
También dijo que a partir de esta modificación cualquier actividad turística irregular o ilegal podrá legalizarse simplemente comunicando el inicio de su actividad.
Pérez también expresó dudas sobre la capacidad de inspección de la Comunidad Autónoma, que es deficitaria y más lo va a ser al desaparecer la autorización previa.
Agueda Montelongo, diputada del PP, defendió la modificación legal porque otorga mayor libertad y elimina barreras que obstaculizan nuevos negocios.
“Los controles previos no son garantía de nada” y “la burocracia no puede parar la generación de riqueza y la creación de empleo”, dijo Montelongo.
Belén Allende, diputada de CC, apoyó la nueva normativa y también estuvo de acuerdo en que serán necesarias “mayores cautelas en la comprobación a posteriori” de las actividades turísticas.