Canarias rechaza el fin de la contingencia migratoria extraordinaria pese a estar ya cerrando centros de acogida por baja ocupación
El Gobierno de Canarias ha rechazado que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tenga la intención de convocar a la comunidades autónomas para valorar la posibilidad de levantar la situación de contingencia migratoria extraordinaria después de un año de traslado de menores migrantes no acompañados, iniciado tras la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, aprobado en el Congreso de los Diputados con el respaldo de todos los grupos excepto PP y Vox.
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha pedido “lealtad institucional” durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha presidido este lunes el vicepresidente del Ejecutivo regional, Manuel Domínguez, del PP.
Barreto recordó que Canarias acoge en estos momentos a 2.700 niños, niñas y jóvenes migrantes no acompañados, lo supone “triplicar” la capacidad ordinaria del archipiélago, que está fijada en 737 menores. Sin embargo, hay que señalar que hace un año eran más de 5.000 los menores tutelados por el Gobierno canario y que en la actualidad el propio Gobierno de Canarias ha comenzado a cerrar centros de acogida por baja ocupación. La llegada de migrantes por vía irregular, además, ha descendido en las islas más de un 70% en lo que va de año. Es por ello que la ministra emplazó a las comunidades a valorar una fecha para poner fin a la contingencia “extraordinaria”.
Sin embargo, Barreto entiende que “no es ni responsable ni solidario que este mecanismo desaparezca en la islas”, ya que, dijo, “es necesario que se regule y se garantice la distribución justa y equilibrada de todos los menores en todas las comunidades, y más cuando hay regiones que ni siquiera han llegado a su cifra de capacidad ordinaria”. Pese a estar junto a Domínguez en la rueda de prensa, que es además, presidente del PP de Canarias, no hizo ninguna mención a que son precisamente las comunidadades gobernadas por ese partido las que han dificultado hasta ahora, incluso recurriendo a los tribunales, la acogida de estos menores.
Finalmente, la consejera ha reclamado al Gobierno de España que tenga “responsabilidad, lealtad institucional y humanidad” en este asunto.