Canarias empieza a cerrar centros de menores migrantes por baja ocupación

Los centros de menores migrantes empiezan a quedarse vacíos. Los de Ayagaures y Ancor, en Fuerteventura, con 24 y 25 plazas respectivamente, cerrarán sus puertas el próximo uno de julio. La Consejería de Bienestar Social reconoce que se ha reducido la presión por los traslados de menores a La Península y que han bajado las llegadas por lo que ha iniciado una reorganización de estos centros. 

En marzo se cumplía un año de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería por la que se hace una redistribución equitativa de menores entre las comunidades autónomas, haciendo que la solidaridad sea una obligación. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunciaba este miércoles en Lanzarote que se han tramitado 2.000 expedientes de traslado de menores inmigrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla a la península “sin un solo incidente”. 

La Consejería de Bienestar Social asegura que se están cerrando aquellos centros que están más vacíos “para hacer una mejor gestión de los recursos públicos”. Explica que el centro de Ayagaures tiene 9 menores, y tiene capacidad para 24, y el de Ancor, tiene 16 y su capacidad es de 25. “Lo que ocurre es que los contratos firmados con estas entidades en la anterior legislatura contempla que se paga por plaza, ocupada o no”, y califica la actual situación de “insostenible”. Argumenta que una administración pública tiene que velar por el buen destino de los recursos del erario público. “Se trató de negociar con las entidades, que no quisieron acogerse a ninguna alternativa”, aseguran desde la Consejería. 

Se refieren a la empresa gestora de estos centros, la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, que para Comisiones Obreras es “una empresa que durante años ha ganado mucho dinero”, y aseguran que ahora que tendría que hacer mejoras salariales a sus trabajadores, “dicen que no les sale rentable”. 

El sindicato exige al Gobierno de Canarias y a la Asociación Solidaria Mundo Nuevo una solución urgente que garantice tanto la continuidad de la atención a los menores como el mantenimiento del empleo de las 42 personas trabajadoras afectadas. Explican que el contrato se firmó en el año 2019, “en una situación de emergencia” y cuando regía el tercer convenio colectivo. Aseguran que durante estos siete años “los trabajadores han estado en precario”, y ahora “cuando sacan a licitación ordinaria a concurso público” y con el V Convenio Colectivo de Reforma Juvenil y Protección de Menores, “a la empresa no le parece rentable”, afirma Zayda González, coordinadora de Intervención Social de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias. 

Desde CCOO explican que cuando se firmó el contrato “por vía de emergencia” se pagaba más por plaza, la nueva cuantía sería algo menor, pero superior a los 100 euros por menor cada día. El sindicato califica de “grave” que una discrepancia económica como esta pueda “terminar disolviéndose con despidos y con el desarraigo” de menores de edad en situación de extrema vulnerabilidad.

A juicio del sindicato, estos cierres suponen “una decisión de enorme impacto social y laboral” por dejar en la calle a profesionales que sostienen diariamente la vida cotidiana de estos menores y por el traslado de niños y adolescentes que ya cuentan con escuela, amistades, atención sanitaria, rutinas y vínculos comunitarios en su actual entorno.

La organización sindical ha apuntado, además, que el despido colectivo de los trabajadores comunicado el 16 de junio no está justificado si el servicio continúa prestándose por otra vía y piden que en todo caso se recoloquen a los trabajadores o se les subrogue en distintas empresas, ya que “cuesta mucho encontrar trabajadores cualificados en este sector”, además de que se mantiene la continuidad “afectiva y profesional” en la atención a los menores.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que, a mediados de julio, se celebrará una Conferencia Sectorial en la que se repartirán 35 millones de euros entre las comunidades autónomas que tienen mayor flujo de entrada de menores inmigrantes no acompañados.

Canarias recibirá cuatro millones, “que se suman a los 140 millones de euros ya asignados de los presupuestos para política de acogida para las islas específicamente”, y destacaba que “la mitad de los fondos de los presupuestos del Estado que iban para esta materia han sido consignados a Canarias”, aseguraba en Lanzarote Rego. 

La ministra ha explicado que, en estos momentos, quedan en Canarias aproximadamente una cuarta parte de la cifra de menores que llegó a tutelar antes de que se reformase la Ley de Extranjería y que también se han resuelto 1.000 expedientes de protección internacional.

“La situación de Canarias ha cambiado drásticamente. El sistema de acogida se ha descongestionado sustancialmente, es mucho más garantista de lo que era hace un año y muchos niños y niñas pueden desarrollar su proyecto en lugares en los que tienen los derechos garantizados”, ha señalado.