''El chanchullo de Montaña Rayada lo pagan calladitos''
El hecho de que el Gobierno haya pagado 33 millones de euros de indemnización por el caso Montaña Rayada y sin embargo defienda que no va a pagar “ni un euro” por Tebeto reside en que el primero se encuentra dentro del “limbo de oscuridad de los chanchullos del Gobierno”, según denunció este miércoles la diputada socialista Gloria Gutiérrez.
De esta manera criticaba, durante la celebración del Pleno del Parlamento, que esa indemnización se acometió porque no se tenía conocimiento de esa sentencia firme que obligaba a desembolsar 33 millones de euros, mientras que, al haber denunciado los socialistas ante la opinión pública el caso Tebeto, se ha montado “un número”. “Cuando no se sabe, los chanchullos se pagan calladitos y cuando se saben, se monta el número”, dijo.
“Montaña Rayada estaba en el limbo de oscuridad de los chanchullos del Gobierno -declaró-, se pagó por eso y con Tebeto lo que pasa es que lo hemos denunciado y lo hemos descubierto, y por eso se ha montado un teatro para aparecer como víctimas”.
Gloria Gutiérrez hacía estas críticas tras una pregunta sobre las supuestas detracciones presupuestarias de las áreas más sociales de los presupuestos para pagar Montaña Rayada, algo que negó tajantemente el vicepresidente, José Manuel Soria.
Según la socialista “es muy grave que el pueblo tenga que pagar por las complicidades con empresarios pero más grave es que se detraiga de áreas sociales”, ya que recordó que se está alegando insuficiencia económica para pagar Tebeto y sin embargo “montan un número diciendo que se van a negar cualquier indemnización que afecte al erario público”.
Retención de crédito
Por su parte, Soria negó que el pago de la indemnización de Montaña Rayada haya afectado a las áreas sociales, y explicó que la retención de crédito para hacer frente a la misma sigue un procedimiento tasado: se coge todo el presupuesto de 2009, unos 7.000 millones de euros, se detrae lo que corresponde a capítulo 1, que representa en torno al 39% del total de las cuentas, “porque no tiene sentido que la retención de crédito recaiga sobre el personal”, así como todas aquellas partidas incluidas en capítulos 2,4, 6 y 7 de servicios públicos fundamentales.
“Una vez apartado tiene que apartar aquello que tengan financiación afectada porque no puede tener retención”, explicó Soria, quien apuntó que de esos 7.000 millones de euros iniciales para aplicar la retención quedan 1.235 millones.
“En áreas que tanto le preocupan teóricamente le diré que la repercusión en Sanidad es del 0,2 %, del Servicio Canario de Empleo (SCE) 0,75%, Educación 0,3% y para Radio Televisión Canaria (RTVCA) un 2,75%”, argumentó.
