ANÁLISIS

Clavijo amenaza a su socio de gobierno con mandarle a la fiscalía

Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno de Canarias (Coalición Canaria y el Partido Popular) situó la inmigración como el eje central del debate político en el archipiélago y como arma arrojadiza contra el Gobierno de la nación. No fue una elección inocente. En una comunidad donde los problemas estructurales más acuciantes son el acceso a la vivienda, la turistificación descontrolada, el deterioro progresivo de los espacios naturales, el fracaso escolar o la pobreza, el Ejecutivo autonómico optó por desplazar el foco hacia un fenómeno complejo, emocionalmente cargado y fácilmente instrumentalizable, como se demuestra cada día en el panorama político internacional.

La reiteración constante del concepto de “emergencia migratoria” no solo sirvió para monopolizar la agenda pública, sino que contribuyó a generar un clima de rechazo social hacia las personas migrantes mediante una criminalización que costará mucho desmontar. El mensaje implícito fue claro: el principal problema de Canarias no es la expulsión de residentes de sus barrios, ni la precarización del territorio a manos de un modelo turístico intensivo, sino “otro” externo que llega por mar. La inmigración se convirtió así en una coartada política que permitía esquivar debates incómodos sobre responsabilidades propias.

Cuando el Estado reaccionó y modificó la Ley de Extranjería para facilitar una redistribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, el discurso del Gobierno canario no viró. Lejos de reconocer el avance, mantuvo la inmigración como relato de agravio permanente. El “enemigo exterior” seguía siendo útil. Solo ahora, de forma repentina, el presidente Fernando Clavijo ha descubierto que el verdadero problema no estaba fuera, sino dentro de casa, como venían proclamando sin recato los barones y baronesas del Partido Popular, su socio, que están al frente de comunidades que se niegan a ser solidarias y a acoger a los menores que les corresponden según criterios objetivos de población, PIB y capacidad de acogida.

Este giro discursivo, además de tardío, ha sido desordenado. En cuestión de días, Clavijo ha contradicho públicamente a uno de sus más estrechos colaboradores, su viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, quien afirmaba contundentemente -tan solo 24 horas antes- que el Estado no estaba transfiriendo a las autonomías los recursos económicos necesarios para la acogida, y lo sostenía de manera solemne al mismo tiempo que los datos oficiales lo desmentían. El dinero existe y se ha transferido. La falta de acogida, por tanto, no responde a un problema de financiación, sino de voluntad política, de estrategia de Coalición Canaria, que de este modo se suma a la corriente de la ultraderecha global contra este fenómeno imparable.

Aquí emerge la gran contradicción que el Gobierno canario evita señalar con claridad desde el principio de este conflicto: el Partido Popular, socio de Coalición Canaria en el Ejecutivo autonómico, gobierna en la mayoría de las comunidades que se niegan a acoger menores migrantes por motivos que tienen mucho de estrategia xenófoba. Es decir, Clavijo denuncia la insolidaridad de territorios controlados por su propio aliado político por primera vez en casi tres años. La novedad ahora es que el presidente de Canarias amenaza a esas comunidades gobernadas por su socio político con mandarles a la fiscalía por incumplir la ley. Es un salto cualitativo muy interesante, a ver hasta dónde es capaz de llegar con su modo canario de entender la política.

Ni una palabra del presidente regional del PP, Manuel Domínguez. De momento.