El Comisionado de Inclusión Social pide que la estrategia contra la pobreza vaya más allá de las medidas paliativas
El Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la pobreza, Néstor Hernández, dijo este viernes que el plan contra la pobreza ha conseguido aminorar los efectos de las políticas de recorte del Gobierno central y, para la redacción de un nuevo plan, pidió una reflexión para no improvisar medidas ante una situación que consideró dramática.
Hernández, que compareció en comisión parlamentaria a petición de los grupos Popular y Socialista, defendió una estrategia que combine un reflexión basada en un diagnóstico de la situación con medidas concretas de carácter inmediato sobre la población afectada.
El comisionado, ante las críticas de la diputada del grupo Popular, Josefa Luzardo sobre el “desastre” en la gestión de las políticas sociales, indicó que desde el “minuto uno”, el Ejecutivo puso en marcha medidas para incrementar las partidas presupuestarias en este ámbito como la aprobación de un crédito extraordinario para dependencia y la PCI.
Respecto a esta última ayuda, Hernández se refirió a las conclusiones del plan contra la pobreza que ha estado vigente hasta 2015, y que aunque destaca el incremento presupuestario en todos los capítulos, especialmente para la PCI, estima que no ha sido suficiente para atender a la población más vulnerable.
También destaca que más allá de medidas paliativas, se debe elaborar un plan estratégico debido a los altos índices de pobreza y de exclusión social existente en Canarias aunque al respecto aludió a las diferentes cifras que existen al respecto.
El comisionado recomienda que en las medidas de desarrollo empresarial que contenía el plan, y que según explicó fue el menor ejecución tuvo, se establezcan más que instrumentos financieros programas de subvenciones a empresas.
Esta medida de desarrollo empresarial tuvo en tres años 405 beneficiarios y se crearon 556 empleos.
En sus recomendaciones, el Comisionado recomienda mantener el plan de empleo social y profundizar en la colaboración con los ayuntamientos para ajustar la oferta del plan a las demandas de los municipios.
En atención a la emergencia y con respecto a las subvenciones a las entidades del tercer sector y otras administraciones, propone la evaluación de cada uno de los programas que permitan conocer el número de beneficiarios real, el nivel de corrección de inequidades y, en consecuencia, aplicar criterios más objetivos en la distribución de recursos.
Además detalló que también se aconseja un plan especial de ayuda a domicilio, la inversión del cien del cien de los presupuestado para la discapacidad o que en la atención a la infancia se aumente la cobertura para la gratuidad de los comedores escolares.
Recordó que en este programa de atención a la infancia se han ejecutado los casi 180 millones presupuestados y el número de beneficiarios ha sido de 28.988.
También destacó que en violencia de género se ha ejecutado algo más de 18 millones de euros, 400.000 euros más de lo inicialmente determinado para esta área.
La diputada del grupo Popular Josefa Luzardo se quejó de que un año después de su nombramiento, el Comisionado no haya comparecido en el Parlamento de Canarias y criticó que no se haya evaluado la anterior estrategia de pobreza cuya vigencia finalizó en 2015.
Luzardo dijo que la política social es un “desastre”, indicó que hay 600.000 personas en riesgo de exclusión social y cuestionó, entre otros aspectos, que las 12.000 personas que tienen aprobadas la Prestación Canaria de Inserción la estén cobrando y dijo que aunque se han producido nuevas incorporaciones al sistema de dependencia, también se hayan contabilizado 300 fallecimientos.
La parlamentaria pidió, sobre los comedores escolares, que no se haga una distinción entre niños con recursos y sin recursos, sino que se programen actividades en los centros en verano y los menores que lo precisen sean becados.
Teresa Cruz Oval, del grupo Socialista, dijo que Canarias fue la primera comunidad autónoma con un plan contra la pobreza, documento que ha servido para formular otros planes contra la pobreza y a favor de la inclusión social.
La diputada indicó que la crisis económica ha extendido y cronificado la pobreza, que se ha convertido en un problema estructural de la sociedad canaria y subrayó que desde el año 1998 la pobreza tiene rostro de mujer, de familia monoparental y de discapacidad y señaló que ha habido un déficit de las políticas sociales y no se ha sabido atajar el problema.
Reivindicó una respuesta “con rigor” y valoró que la lucha contra la pobreza y la exclusión social se base en políticas activas de empleo o que se garantice las ayudas para las necesidades básicas.
Melodie Mendoza, del grupo Mixto, dijo que en Canarias hay 215.000 personas que viven en la pobreza severa, y que el 37 por ciento de la población está en riesgo de exclusión social, lo que en su opinión, constituye una situación drástica y preocupante.
Luis Campos, de Nueva Canarias, afirmó que el plan fue insuficiente y con cantidades que no eran reales, criticó que el esfuerzo lo hicieran los ayuntamientos y reprochó que no se haya hecho un diagnóstico en más de un año.
María del Río, del grupo Podemos, se preguntó por qué se perpetua la pobreza en familias de generación en generación, cuestionó la voluntad política y la gestión que se realiza desde la administración y criticó que no se están dando soluciones de emergencia y los problemas importantes de exclusión no se estén resolviendo.
La diputada del grupo Nacionalista, Elena Luis, afirmó que hay que seguir haciendo esfuerzos para aumentar las partidas en política social y combinar políticas a medio plazo con actuaciones urgentes.
