La disputa con el PP por las cuentas, ''un malentendido''

EL Gobierno de Canarias atribuyó este jueves a “un malentendido” la disputa con el PP sobre las modificaciones en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2011 con 86 millones de euros más que el tope de gastos fijado por el Consejo de Gobierno del 22 de octubre, con el entonces consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, y el resto de consejeros conservadores sentados en el mismo.

En rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria tras la reunión del Consejo, el portavoz del Ejecutivo regional y viceconsejero de Comunicación, Martín Marrero, afirmó que supone que “no hay mala fe porque en ese Consejo de Gobierno estaba el equipo de la Consejería de Economía y Hacienda, en la que sigue siendo director general de Presupuestos la misma persona”.

“Supongo que ha sido un malentendido y el asunto está en vías de aclararse”, apostilló, al tiempo que reconoció que “ha habido intercambio de llamadas entre el consejero actual de Economía y Hacienda, Jorge Rodríguez, y el anterior y se está aclarando ese asunto en los términos en los que se aprobó en el Consejo de Gobierno”.

“Soluciones, no culebrones”

Señaló que en dicha reunión “se llevó una propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda que luego fue modificada en el turno de deliberaciones del Consejo”. “Esto es lo que se ha estado aclarando y se puede decir que la situación está encauzada y se va a resolver sin dificultad”, apostilló Marrero, que incidió en que el acuerdo aprobado en el Consejo del pasado 22 de octubre “sólo es uno”.

En este sentido, remarcó que “los presupuestos fueron aprobados conjuntamente por PP y CC en Consejo de Gobierno”. Cuestionado sobre la hipotética negativa del PP a apoyar los presupuestos, el portavoz señaló que el Ejecutivo “no contempla especulaciones, sino realidades”.

“El proyecto de ley que está en el Parlamento está respaldado por los dos partidos. Estamos en una situación en la que los ciudadanos lo que piden son soluciones y no culebrones”, aseveró tajante Marrero, que entiende que “más allá de un malentendido, no es previsible que haya mayores discrepancias” con el PP.

En relación a ajustes en consejerías y partidas que el PP dice que están pendientes de ser confirmadas por el Estado como la liquidación del antiguo Impuesto sobre el Tráfico de Empresas (ITE) o los parques tecnológicos, Marrero reiteró que los ajustes técnicos en el presupuesto se abordaron en el Consejo del 22 de octubre y “se hicieron ese mismo fin de semana, puesto que el lunes había que volcar los datos definitivamente en la aplicación informática”.

Asimismo, expresó la “total convicción” del Gobierno regional sobre que la compensación por el ITE y los fondos para los parques “están garantizados”.

“Ejercicio de responsabilidad”

Marrero hizo especial hincapié en que el Gobierno canario espera “un ejercicio de responsabilidad, más allá de las diferencias de partido, por parte del PP y del PSC-PSOE en el Parlamento, justificado especialmente por estar ante los presupuestos más difíciles de la historia autonómica de Canarias, derivados de la merma de ingresos fundamentalmente provenientes del Estado y por directrices internacionales de la UE sobre el ajuste del déficit público”.

Marrero explicó que el PSC-PSOE ha solicitado información sobre la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año en el Consejo de Gobierno de octubre y se le aportó una certificación del secretario, donde se expone que “el pendrive presentado por el consejero de Economía y Hacienda en el Parlamento responde al acuerdo adoptado en el Consejo de Gobierno”.

En cuanto a si se admitirán enmiendas del PSC-PSOE al Proyecto de Ley de los Presupuestos del Archipiélago, recordó que “el Gobierno no tiene competencias, sino que es una cuestión de los grupos parlamentarios y que CC decida qué enmiendas acepta y cuáles no”.

No obstante, insistió en que éste es “el presupuesto más restrictivo y más austero de la reciente historia de Canarias y eso reduce los márgenes de cualquier modificación de las partidas”. En todo caso, aclaró que “la negociación de enmiendas es un ejercicio de ajsute contable y cualquier enmienda que se plantee para ampliar cualquier partida irá en detrimento de otra”.

Ello bajo la premisa del Gobierno de que no se produzca un aumento de la presión fiscal en tributos de la Comunidad Autónoma y que “se mantenga el peso del gasto social en los presupuestos”.