El Gobierno, dispuesto a flexibilizar los plazos del II Plan Sociosanitario
El Gobierno canario está dispuesto a “flexibilizar” los plazos de ejecución establecidos en el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, dados los retrasos que se registran en algunas islas en la justificación de obras, lo que les impediría seguir obteniendo financiación regional.
Así lo ha explicado antes de reunirse con los responsables insulares en materia de políticas sociales la consejera regional de Derechos Sociales, Juventud, Igualdad y Diversidad, Noemí Santana, quien ha asegurado que el Ejecutivo regional “va a poner toda su voluntad para que salga adelante”.
Santana ha informado de que el Gobierno ha detectado que los cabildos han tenido ciertas dificultades para ejecutar las obras y, por lo tanto, para justificar las anualidades 2017 y 2018 de este convenio bilateral, lo que impediría que obtuvieran la financiación autonómica prevista para 2019, de unos 43 millones.
“Nos queremos sentar con ellos para buscar entre todos una salida a esta situación, ya que el 31 de octubre hay que presentar las primeras justificaciones” y existe “un poco de retraso por parte de los cabildos, tal y como se preveía, por lo que vamos a intentar buscar alternativas por parte de las dos partes, tal vez a través de la firma de una nueva adenda que permita flexibilizar” para que se puedan cumplir los plazos, ha dicho Santana antes de reunirse con los cabildos.
La consejera ha explicado que los problemas que tienen los cabildos para acometer estas infraestructuras “no están relacionados con la falta del dinero, ya que la comunidad autónoma les transfirió la financiación correspondiente a las anualidades 2017 y 2018, sino con otro tipo de escollos”, como la imposibilidad de incluir como gastos el coste de los terrenos, de la misma forma que en la adenda anterior se incorporaron como tales los relativos al personal empleado para llevar a cabo los distintos proyectos.
La viceconsejera regional de Derechos Sociales, Gemma Martínez, ha explicado que con este segundo plan se pretende elevar de 3,5 a 5 las plazas o recursos sociosanitarios disponibles en Canarias por cada cien habitantes, si bien ha dicho que “eso dependerá de la capacidad que se tenga para construir nuevas infraestructuras”.
En la presentación de este II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, la antecesora de Santana, Cristina Valido, informó de que su vigencia se prolongará hasta 2021, aunque se podrán hacer ampliaciones, y que, con un presupuesto de unos 263 millones de euros, de los que el Gobierno canario aportará unos 161, supondrá crear 5.466 plazas para la atención de personas mayores y con discapacidad en el conjunto del archipiélago.
La inversión en El Hierro será de 7.650.345,17 euros, de los que el Gobierno regional aportará 6.000.000 y se crearán 147 plazas, mientras que en La Gomera el Ejecutivo autónomo invertirá 10.000.000 euros para disponer de 185 plazas nuevas.
En Fuerteventura la Administración regional destinará 17.000.000 de los 24.000.000 euros con los que se dispondrá de 350 nuevas plazas, mientras que en Lanzarote la aportación del Gobierno canario ascenderá a 10.000.00 para conseguir 180 plazas nuevas.
En La Palma habrá 496 plazas y, para ello, se invertirán 26.300.000, de los que 18.150.000 euros serán del presupuesto autonómico.
Tal y como indicó en su día la anterior consejera autonómica de Políticas Sociales, en Gran Canaria el Ejecutivo regional aportará 50.000.000 de los 95.027.590 euros con los que habrá unas quince actuaciones para dar respuesta a la lista de espera, centrada en Las Palmas de Gran Canaria y Telde. En esta isla se crearán 1.453 plazas.
En Tenerife se destinarán 90.000 euros, de los que 50.000.000 euros saldrán del presupuesto del Gobierno regional. En esta isla, este plan se suma al Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI), lo que permitirá llegar a 2.655 nuevas plazas, de las que 1.500 corresponden a la iniciativa relacionada con las infraestructuras sociosanitarias.
