El Gobierno no sabe qué hacer con los barrancos de Güímar
Poco más de un mes después de que el Parlamento no admitiera a trámite el proyecto legislativo promovido por el Cabildo de Tenerife en relación al plan de restauración de los esquilmados barrancos de Güímar, el Gobierno no tiene un plan b para evitar que haya más extracciones y que sean los empresarios condenados (Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia) quienes reparen los daños medioambientales causados en la zona.
A instancias del diputado socialista Gustavo Matos, que exigió al Gobierno que “exponga hoy aquí qué es lo que tiene previsto hacer”, el consejero de Economía, Industria y Conocimiento, Pedro Ortega, se limitó a asegurar que “los condenados son los que deben pagar la sentencia” y que desde el Ejecutivo se está “trabajando” porque “en esa zona hay que dar una solución integral y en la misma participan varios actores”.
“Es el momento de que el Gobierno ponga las cartas boca arriba y explique qué está haciendo y qué va a hacer. Si una Ley, como impulsaba el Cabildo de Tenerife, es la solución, anuncie que está trabajando en ella, porque el tiempo apremia y debe ponerse las pilas antes de enero de 2018 para que no se vayan de rositas los empresarios condenados”, afirmó Matos.
Para el diputado socialista, “no puede anunciar una Ley porque, al contrario de lo que vendieron en titulares de periódicos los presidentes Fernando Clavijo y Carlos Alonso, esa no es la solución y los propios servicios jurídicos del Gobierno la echarían abajo”.
“No es verdad que al rechazar esa Ley del Cabildo el Parlamento estuviera dando la espalda a Güímar, y tampoco es verdad, pues ya ha pasado un mes, de que que al día siguiente las máquinas extractivas estuvieran otra vez en los barrancos”, insistió el socialista. “Han estado perdiendo el tiempo y jugando con el caramelo de la Ley del Cabildo de Tenerife con los ciudadanos”, remachó.
Como se recordará, el pasado 4 de abril, tras la negativa de la Cámara regional a tramitar el proyecto del Cabildo tinerfeño, Alonso afirmó que “a partir de ahora el Parlamento se olvidará de Güímar y sus ciudadanos comprobarán cómo se volverán a extraer áridos. El Cabildo ha hecho un trabajo muy serio y no será responsable de lo que ocurra a partir de ahora, lo será en primer lugar el Parlamento, que no ha querido tramitar la posibilidad de que en ese espacio no pueda haber nada que no sea extracciones”.
Ortega no descarta otra Ley
“No he dicho que no vaya a haber una Ley, ya hemos tenido reuniones con todos los actores implicados, así que estamos trabajando sobre los planes de restauración que nos exige el juez y ya hemos devuelto varios a los areneros porque no cumplían los requisitos”, contestó Ortega que, sin embargo, tampoco pudo explicar qué está haciendo su departamento para evitar que puedan existir nuevas extracciones.
“Ni habrá nuevas actividades extractivas ni los condenados dejarán de cumplir la sentencia”, insistió Ortega.
Una tesis que no satisfizo a Matos, que en el próximo pleno presentará una moción al respecto de los barrancos de Güímar tras constatar que “el Gobierno no tiene intención de aprobar una Ley que acabe con las actividades extractivas, porque no se puede, y lleva 18 meses mirando para otro lado y haciendo dejación de sus funciones”.
La condena a un año y tres meses de prisión a los empresario por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar fijaba expresamente que ellos deben hacerse cargo de las “medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico” en la zona, para lo que las administraciones deberán realizar un plan de restauraciones.
