Patricia Hernández reconoce que debe “pagar la fiesta” de la mala gestión de Inés Rojas en Vivienda
La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández ha vuelto a escenificar, como ya hiciera en octubre, su rechazo y distanciamiento con la anterior responsable del área social durante ocho años, la nacionalista Inés Rojas, que también fue cuestionada en su momento por los socios de Paulino Rivero durante el cogobierno de la pasada legislatura.
“Ha habido una fiesta que ahora debemos pagar, quizá no sea la mejor frase, pero lo cierto es que cuando hemos llegado había tanta gente a la que se le debía dinero moralmente, aunque no legalmente, que decidimos intentar cumplir con ella antes de acometer actuaciones nuevas”, ha afirmado.
Así se refirió Hernández al hecho de que la anterior gestión de Rojas había concluído con que “se debía dinero a personas por la Hipoteca Joven, el alquiler, la vivienda de segunda mano o el desarrollo de las Áreas de Renovación Urbana ”, si bien también recordó que el Gobierno del Estado, al paralizar las partidas destinadas a rehabilitación ha contribuido al retraso en la ejecución de los convenios. “Nunca se firmó el convenio de Las Chumberas, por ejemplo”.
No es la primera vez que Hernández ha querido hacer borrón y cuenta nueva con su antecesora, ya que hace tres meses anunció la puesta en marcha de un nuevo Plan de Viviendas ajeno al que había elaborado Rojas y en el que se incluía una mayor apuesta por la rehabilitación y renovación de áreas urbanas degradadas no solo para prestar protección a colectivos en riesgo de exclusión social sino, como ha reiterado en su comparecencia pedida por el diputado Luis Campos (NC), ayudar a los expulsados del sector de la construcción durante la crisis.
“No es únicamente la vertiente de justicia social para que lo público intervenga en mejorar las necesidades de la gente a la hora de que tenga una vivienda digna sino también para dar oportunidad a los que perdieron su empleo en la construcción a través de la rehabilitación”, ha asegurado.
Por ello, ha anunciado que invertirá 10 millones de euros en el propio parque publico en los próximos años, a través de fondos de la Unión Europea (UE), y que,1,7 millones se librarán ya en 2016.
“Las familias con menos recursos, sin nuestra ayuda, verían como se deterioran sus viviendas con riesgo incluso para su seguridad y su propia salud”, ha afirmado.
Negligencia
Por su parte, Campos ha asegurado que aunque “2012 y 2013 fueron años perdidos en esta materia” porque el Gobierno del PP “paralizó” los convenios de rehabilitación, “la responsabilidad es compartida, porque el Gobierno de Canarias infradotó presupuestariamente esta materia y es una de las grandes negligencias de la anterior legislatura”.
Asimismo, el diputado de NC ha recordado que los programas de las Áreas de Renovación Urbana (ARU) “son la pata esencial” y que la propia Consejería solo ha presupuestado 50.000 euros en 2016, lo que demuestra que “la Comunidad Autónoma está actuando de una manera muy lenta”, como lo demuestras que de las 115 viviendas de La Candelaria “solo estén certificadas el 0,23 por ciento” o que las 104 de Princesa Iballa (La Laguna) o las 20 de Titerroy “no se hayan certificado”.
La conservadora Cristina Tavío pidió al Ejecutivo que no vuelva a utilizar “excusas” porque “los canarios no están para más mentiras”, por lo que exigió que “hay que ponerse las pilas”.
“Esperamos que el Gobierno de Canarias quiera poner fondos y se empiecen a ejecutar obras de rehabilitación que afectan a 16.000 familias que nos necesitan”, afirmó Tavío.
Precisamente, la portavoz de Podemos en el área de Viviendas, María del Río, exigió que se acabe con el uso “partidista” y el “oportunismo politico” de la rehabilitación, ya que todas las administraciones implicadas se achacan unas a otras el fracaso de los planes de regeneración.
Del Río ha reconocido que hace falta una “intervención integral” en muchos barrios de Canarias para “garantizar el arreglo de los barrios degradados”, por lo que ha propuesto “cambiar la Ley” con el fin de “generar cohesión social, autoestima y orgullo de pertenencia” de estas personas hacia sus barrios.
Las portavoces del Pacto, Teresa Cruz (PSOE) y Elena Luis (CC), han recordado que hasta 2007 la política en esta materia era generar vivienda nueva, “y con la crisis se apostó por renovar, regenerar y rehabilitar, lo que es más complejo de plantear pero más rentable socialmente”.
Para ambas, la rehabilitación favorece la inclusión social, pues el mayor número de destinatarios son desempleados de larga duración sin ningún tipo de prestación, lo que agrava los incumplimientos del Estado referidos a los convenios de rehabilitación.
