El PP rebaja el sueldo al interventor y la secretaria
Por la vía de urgencia y casi sin tiempo para que los grupos de la oposición analizaran el expediente propuesto, el grupo de gobierno del PP del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este viernes, en el pleno municipal, rebajar el sueldo del interventor y la secretaria general del consistorio de 77.000 a 58.000 euros, con la justificación de equiparar todos los emolumentos de los órganos directivos de la administración pública capitalina, y colocar a estos dos funcionarios de carrera a la altura de los directores generales.
La medida, defendida en el pleno por el director de gobierno Claudio-Alberto Rivero, contó con la oposición del resto de grupos políticos, unos, como NC y Compromiso, por no entender la urgencia de la propuesta y desconocer en profundidad los motivos de la rebaja salarial y sus consecuencias legales, que, en el fondo, compartirían dados “los tiempos que corren”, en palabras del nacionalista Pedro Quevedo, y en el caso del PSOE, abiertamente en contra al considerar que todo se debe a “una vendetta política” de Rivero contra el interventor y la secretaria, según denunció al plenario la concejal Isabel Mena.
Los socialistas aseguraron este viernes estar dispuestos a debatir en profundidad todos los salarios de los altos cargos de la administración pública municipal, “en un debate serio y abierto que afecte a todos”, según expuso Isabel Mena, como ejemplo de que la medida del PP solo respondía a un castigo al interventor y a la secretaria -esta se ausentó del ddebate y votación de este punto; no así el interventor, que no seguirá después del 1 de enero en su cargo- por la multitud de reparos que han expuesto a diferentes expedientes promovidos por el Área de Presidencia que dirige Claudio-Alberto Rivero, apoyado en el director general de Recursos Humanos, José María Cabrera.
El propio expediente de urgencia presentado este viernes al pleno por Rivero cuenta con los reparos de los funcionarios de carrera, afectados por su contenido, y estos reparos, como suele ser habitual en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, quedan resueltos con informes propios del director general de Recursos Humanos, legales a todas luces, pero, a jucio del PSOE, sin validez porque llevan la firma de un cargo de confianza “a las órdenes” de quien recibe los reparos de los funcionarios de carrera, el propio director de gobierno, Claudio-Alberto Rivero.
Este, en defensa de los informes que el PSOE considera trajes a la medida del director general de Recursos Humanos, llegó a asegurar que ni el interventor ni la secretaria general del consistorio tienen “mejores titulaciones ni áureas divinas” que su mano derecha, José María Cabrera, para emitir informes a favor o en contra de lo tramitado. La mayoría absoluta del PP aseguró con sus votos la rebaja salarial a estos dos altos funcionarios.
