El PP vuelve a negarse a resolver el contrato del 'mamotreto' de Santa Brígida
Los ocho concejales del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Santa Brígida han rechazado en un pleno extraordinario celebrado este viernes la petición formulada por la oposición en bloque para resolver de forma inmediata el contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Santa Brígida, liderada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), para evitar pagar la indemnización millonaria por la paralización de las obras del centro comercial ubicado en el casco de la Villa, el denominado mamotreto.
La formación conservadora también se niega a contratar a un equipo jurídico externo que analice y elabore el recurso contra la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que obliga a la corporación satauteña a pagar más de ocho millones de euros a la UTE por la imposibilidad de explotar comercialmente la construcción entre el 14 de mayo de 2005 y el 17 de marzo de 2011 y la suma de 3.743,03 euros por cada día adicional de paralización transcurrido a partir del 17 de marzo, lo que hace un total de 13 millones de euros.
La alcaldesa de la villa, Beatriz Santana, ha informado este viernes que los servicios jurídicos de la corporación ya han presentado un incidente de nulidad de actuaciones. El único punto del orden del día en el que ha habido unanimidad es el que reclamaba que se diera a conocer públicamente, a través del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, abierto, el texto del recursos o actuación jurídica a presentar exceptuando los aspectos cuya notoriedad sea reservada por estrategia de la defensa.
La oposición había solicitado un pleno extraordinario en el que se acordase la resolución del contrato del mamotreto por incumplimiento de la UTE. Tras ganar el concurso público en 2002, la UTE decidió modificar el proyecto original renunciando a los multicines previstos para instalar en su lugar una unidad de alimentación, además de plantear un incremento de la superficie destinada a uso comercial, de los 1.656,70 metros cuadrados que permite la normativa vigente a 2.339,89 metros cuadrados. Sin embargo, este cambio no fue avalado ni por el Ayuntamiento ni por la Comisión de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias (Cotmac).
Por otra parte, una reciente sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratificaba la caducidad de la licencia otorgada para construir el centro comercial y, por lo tanto, su eficacia legitimadora, impidiendo a la constructora realizar trabajos en la parcela.“Al ser imposible que se concluyan las obras del centro comercial en los términos inicialmente pactados, por imperativo legal el contrato de concesión habrá de ser resuelto”, defendió Guadalupe del Río, concejal de Cambio por Sataute, el principal partido de la oposición.
La edil Del Río consideró “imprescindible” la resolución del contrato de concesión de forma inmediata para “evitar que siga aumentando la responsabilidad”. Cambio por Sataute ya había solicitado la resolución del contrato en el pleno celebrado a finales de abril, por lo que ahora exige“que se depuren responsabilidades con el objeto de que el Ayuntamiento y los vecinos de la villa de Santa Brígida, en vía de regreso, repercutan a los miembros del Grupo Municipal PP las consecuencias negativas que para ellos ha tenido su actuación”.
Para esta formación, en la última sentencia conocida ha quedado acreditado que “la UTE siempre ha mantenido una actitud especulativa con el Centro Comercial”. Del Río ha exigido explicaciones al letrado del Ayuntamiento “lo que ocurrió en el procedimiento judicial, y por qué la sentencia de fecha 22 de julio de 2014 -que condena al Consistorio a pagar la indemnización- se fundamenta en hechos que no se ajustan a la verdad” y exime de toda responsabilidad a la UTE “a pesar de los incumplimientos”.
A la salida del pleno, el concejal y portavoz del PSOE, Lucas Tejera, ha dicho que lo único que ha sacado en claro es que “el Ayuntamiento ya ha presentado un recurso de nulidad de actuaciones”, pero que lo ha hecho “sin informar a la ciudadanía en un tema tan importante” para Santa Brígida.
El grupo socialista recordó a la alcaldesa, Beatriz Santana, que este “es un problema generado por el PP y forma de gestionar esa obra”, que el PSOE nunca apoyó su proceso de adjudicación ni las modificaciones puntuales del planeamiento que dieron cabida al actual proyecto del centro comercial.
El PSOE de Santa Brígida ha lamentado que el PP rechazara nuevamente “la búsqueda consensuada de una solución al mayor problema” que tiene la villa.
