Ramos cuestiona la dotación del Pacto Social por la Economía y el Empleo

La consejera de Empleo, Industria y Comercio, Margarita Ramos, ha echado en sede parlamentaria un jarro de agua fría a uno de los instrumentos más emblemáticos del anterior Gobierno presidido por Paulino Rivero con José Manuel Soria como vicepresidente: el Pacto Social por la Economía y el Empleo.

Si en la sesión del martes la propia Ramos cuestionaba la política de contratación exclusiva para residentes, hoy la titular de Empleo ha asegurado que el “gran déficit, el punto débil” del Pacto por el Empleo “es que adolece dotación presupuestaria específica”.

“En materia de empleo, que ocupa casi toda la segunda parte del Pacto, al no tener presupuesto específico, el SCE ha sufragado prácticamente todos los gastos a acometer gracias al grado potente de inversión del Estado en esta materia y de los fondos comunitarios”, afirmó Ramos.

Por ello, anunció que esas “declaraciones de voluntad” serán sustituidas por la Estrategia de Formación y Empleo que, a partir del próximo año, tendrá “una ficha financiera anual” integrada en el Plan de Empleo de Canarias.

Con todo, aseguró que el Pacto Social por la Economía y el Empleo “tiene el gran valor de ser un instrumento enriquecido por la concertación social que lo respalda, sindicatos y empresarios”.

“Eso es un mérito, y que se pongan las medallas quienes se las tengan que poner”.

Precisamente, la presidenta del Grupo Socialista, Dolores Padrón, aseguró que había pedido la comparecencia de Ramos porque el Pacto, “que era un marco teórico sin ficha financiera”, se suscribió en 2009 y acaba el próximo 31 de diciembre.

Mapa de empleabilidad

La diputada socialista recordó que “es evidente que, en estos dos años, la crisis se ha agravado y el escenario económico y social al que se enfrentan las Islas es completamente distinto al que existía en junio de 2009”, por lo que era necesario conocer en sede parlamentaria si se iba a hacer un nuevo plan a partir del próximo año.

“Queremos que haya ficha financiera, la que sea, pero que no se quede solamente en literatura. Y queremos saber si va a contar con medidas que palien las diferencias que socialmente tienen las mujeres, jóvenes o parados de larga duración o si el SCE se va a modernizar y va a ser un intermediador útil”, afirmó Padrón.

La presidenta del Grupo Socialista consideró necesario “reordenar los recursos”, porque “las oficinas de empleo no pueden seguir llamándose oficinas de paro”, por lo que el SCE debe elaborar “un Mapa de Empleabilidiad en Canarias” que diagnostique dónde está la oferta y la demanda en nuevos yacimientos de empleo.

Quizá por ello, el nacionalista José Miguel Ruano pidió a Ramos que no se centre en la evaluación sino en el futuro, sobre todo en lo referente al necesario consenso con los agentes sociales, y que se apoye en otros departamentos del Ejecutivo como Economía y Hacienda.

“El documento era tan ambicioso en sus objetivos que se hace difícil su evaluación, y en el futuro no es tan importante, por ello, hablar tanto de ficha financiera como de los objetivos”, dijo Ruano.

“El empleo es el eje transversal de todo el Gobierno”, recordó Ramos, “pero no nos vamos a quedar solo en el discurso de crear empleo”.

Propaganda

El portavoz del Grupo Mixto (NC), Román Rodríguez, dijo ser un “firme partidario de la concertación” en materia de empleo, pero estuvo de acuerdo con la consejera en que “se convierte en un acto de voluntarismo y, por tanto, de propaganda, si carece de ficha financiera”.

Por ello, quiso saber el compromiso del Gobierno de Canarias en relación al colectivo más vulnerable, como son los parados de larga duración que se quedan sin prestación social.

“Las políticas no pueden ser solo de prestación, porque si son solamente pasivas no removemos los obstáculos para dinamizar la economía y generar empleo, aunque no abandonaremos la prestación canaria de inserción”, contestó la consejera.

Por último, el conservador Víctor Moreno recordó que el Pacto Social “no es patrimonio del Gobierno, sino de todos los canarios”, porque contó con el apoyo de empresarios, sindicatos, cabildos y ayuntamientos.