Los socios herreños de Clavijo intentan sin éxito abrir todo el suelo rústico común y agrario de las islas verdes al turismo
Permitir el uso turístico con alojamientos de hasta 150 metros cuadrados en todo el suelo rústico común y de protección agraria de La Palma, La Gomera y El Hierro. Eso es lo que intentó colar sin éxito la Agrupación Herreña Independiente (AHI) en la futura ley de privatización de las licencias urbanísticas, actualmente en tramitación parlamentaria.
AHI es uno de los socios que sostienen el Gobierno autonómico, integrado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP). Y cuenta con un representante en el Ejecutivo: Narvay Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria.
Pues bien, en una enmienda in voce presentada esta misma semana al proyecto de ley de privatización de las licencias urbanísticas, el partido intentó introducir una modificación de la Ley de Islas Verdes, de 2019, para dejar sin efecto el planeamiento vigente y el que pudiera aprobarse en el futuro, y permitir el uso turístico en todo el suelo rústico común y de protección agraria (o sus categorías “equivalentes”) de La Palma, La Gomera y El Hierro.
La propuesta, sin embargo, ni siquiera llegó a tramitarse. Las enmiendas in voce (presentadas oralmente durante un debate y sin registro previo por escrito) requieren la unanimidad de los grupos parlamentarios para poder debatirse y votarse, según fuentes del Parlamento de Canarias. Esta no la obtuvo: PSOE y Nueva Canarias vetaron su tramitación.
Canarias Ahora ha preguntado a Coalición Canaria por su opinión sobre la enmienda, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento. El PP ha rechazado posicionarse al entender que su contenido aún no ha podido discutirse en sede parlamentaria.
La intención de AHI era colgar de la futura ley de privatización de las licencias urbanísticas la mencionada reforma. Es una práctica habitual, aunque cuestionada por múltiples expertos. De hecho, en la tramitación de esa misma norma están debatiéndose enmiendas para modificar la Ley de Viviendas Turísticas de Canarias, aprobada en diciembre de 2025. Con lo que de una sola ley pueden pender numerosas modificaciones de otras disposiciones.
La reforma promovida por los socios herreños de Fernando Clavijo (CC) proponía “desplazar” las determinaciones de los planes insulares, territoriales, generales y de modernización, así como de cualquier otro instrumento vigente, que prohíba o someta a condiciones el uso turístico en todo el suelo rústico común y de protección agraria de La Palma, La Gomera y El Hierro.
Es cierto que la Ley de Islas Verdes ya permite el uso turístico en suelo rústico común, agrario y de protección paisajística. Fue uno de sus principales objetivos. Pero lo hace dentro de un marco regulado: solo autoriza nuevos alojamientos cuando el planeamiento territorial contempla ese uso y siempre que la implantación turística vaya acompañada de una explotación agrícola en funcionamiento antes o durante el desarrollo de la actividad.
AHI, no obstante, buscaba que el uso turístico operara con una “eficacia directa y plena, sin precisar instrumento de ordenación general, territorial ni urbanístico para su desarrollo”.
Por otro lado, la norma de 2019 impone como condición general que cualquier iniciativa turística debe “respetar y ser compatible con los valores” del suelo rústico y “contribuir a la conservación o, en su caso, a la mejora o regeneración de los valores territoriales, agrícolas, naturales o patrimoniales”. En caso de no cumplir estos criterios, no hay proyecto.
La Agrupación Herreña Independiente también trató de enterrar estas exigencias. Propuso en su enmienda que, una vez superada la evaluación ambiental, esos requisitos se considerasen automáticamente “cumplidos”, de modo que no pudieran “operar como causa autónoma de denegación” por parte de la administración.
Además, quiso imponer unas reglas técnicas directas y subsidiarias para el desarrollo de la actividad turística. Entre ellas, que la superficie edificable fuera de entre 20 y 30 metros cuadrados por plaza alojativa (entre 25 y 35 m² en el caso de los hoteles rurales), con una capacidad mínima de dos plazas por unidad.
Y para “minimizar” el impacto sobre el suelo rústico, dice, cada edificación independiente no podría superar los 150 metros cuadrados de superficie total y estaría limitada a una sola planta.
La propuesta de AHI obligaba asimismo a las edificaciones a emplear “materiales y acabados integradores en el paisaje, tales como piedra natural y cubiertas de teja”; disponer de acceso rodado desde la vía pública y de una plaza de aparcamiento por cada cuatro alojativas; garantizar y financiar por su cuenta la conexión a las redes generales de servicios; y evitar la pavimentación de los viales interiores con materiales asfálticos.
A pesar de su propósito de impulsar el turismo en La Palma, La Gomera y El Hierro, el impacto de la Ley de Islas Verdes ha sido, siendo generosos, moderado. En El Hierro, el número de establecimientos alojativos ha pasado de 28 en 2019 a 31 en 2026. En La Gomera, en cambio, ha descendido de 98 a 67; y en La Palma, de 183 a 95, con la erupción volcánica de 2021 como factor determinante. Todo ello sin contar el auge de la vivienda vacacional, que sí ha crecido de forma exponencial durante este periodo.