Soria ''no puede utilizar esa potestad expropiatoria''
El PSC-PSOE, a través de su portavoz parlamentario, Santiago Pérez, advierte de que la capacidad para llevar a cabo expropiaciones “no es un látigo en manos del Gobierno, como parece creer el vicepresidente José Manuel Soria”, y subraya que para amedrentar a los propietarios u otras finalidades, el Ejecutivo autonómico “no puede utilizar esa potestad expropiatoria, porque sería ilegal”.
El portavoz parlamentario realiza estas manifestaciones después de que el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria, haya advertido a los empresarios canarios que han demandado una compensación en función de la llamada segunda moratoria de que expropiará el suelo si no negocian esas reclamaciones.
“Lo que está ocurriendo es que CC y PP, a golpe de improvisación, como con la Ley de Medidas Urgentes, están complicando aún más nuestro sistema legislativo en materia de ordenación del territorio y medio ambiente, en lugar de contribuir a simplificarlo y a clarificarlo”, señala el portavoz, quien muestra su preocupación por este asunto “ante la envergadura económica de esas expropiaciones” e insiste en que la capacidad para expropiar que esta misma ley atribuye al Gobierno “está enmarcada en justificaciones y condicionamientos muy específicos”.
Pérez recuerda en un comunicado que la Ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación del territorio, aprobada en la pasada primavera con el voto favorable del PP y CC y en contra del PSC-PSOE, reconoce a aquellos empresarios o propietarios que disponen de suelo con destino total o parcialmente turístico, es decir, suelo clasificado como de uso turístico, solicitar su desclasificación y a cambio recibir una indemnización, conservando la propiedad de ese suelo y no descartándose que en un futuro vuelva a ser clasificado como suelo turístico.
En este sentido, indica que muchos propietarios, sobre todo en Gran Canaria, han solicitado esa indemnización por cuantías multimillonarias, “pero el vicepresidente, en un gesto amedrentador, les advierte de que si no se avienen a negociar con el Gobierno la cuantía de esas indemnizaciones que la ley les reconoce el derecho a solicitar y obtener, puede expropiarles”.
Así, considera que esa capacidad expropiatoria “está establecida en relación a un fin muy preciso: cuando esos propietarios pidan que su suelo se desclasifique y no continúe siendo suelo turístico, sino rústico de protección territorial, entonces el Gobierno podría optar por expropiarles, pero para mantener la clasificación del suelo como turístico”.
Por tanto, hace hincapié en que esa capacidad expropiatoria que la propia Ley de Medidas Urgentes atribuye al Gobierno “no puede ser un látigo en manos de Soria ni de Paulino Rivero, ni una herramienta para amenazar con el recorte de derechos indemnizatorios que la propia ley les reconoce a los propietarios”.
Santiago Pérez explica que, en consecuencia, el precio de la expropiación “será muy elevado, porque la finalidad de esa expropiación es mantener el uso turístico de ese suelo mientras que el problema para la hacienda pública es infinito”. Para finalizar, el portavoz socialista señala que el Gobierno, “mediante la amenaza, trata de hacer un remiendo a sus improvisaciones legislativas, porque ha caído en la cuenta de que a los dueños de suelo con destino turístico les viene muy bien pedir una alta indemnización, conservando la propiedad del suelo, por aplazar una inversión que la propia crisis impide o dificulta”, finaliza la nota.
