Las ''trampas'' del PP costarán a las arcas municipales más de diez millones
Sentencias firmes “no ejecutadas” y expropiaciones “mal hechas” por el PP en legislaturas anteriores costarán al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria “más de 10 millones de euros”, cantidad que serviría para pagar, de sobra, los sueldos de los directores generales de todo este mandato.
Así lo manifestó este miércoles el director de gobierno de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Consistorio, Carmelo Padrón, quien afirmó que asumir el coste de las “trampas” y las malas prácticas de los anteriores responsables municipales está dificultando al actual grupo de gobierno “mirar al futuro” y emprender los proyectos comprometidos con la ciudadanía.
Padrón detalló algunas sentencias firmes, varias de ellas dictadas hace décadas, por las que se condenó al Ayuntamiento por expropiaciones “mal hechas”, aunque los por entonces responsables miraron “miraron para otro lado”, entre las que figura la referida a los terrenos en los que en la actualidad se ubica el Colegio Público Guanarteme, un expediente cuya reciente ejecución, dijo, ha costado a las arcas públicas “ocho millones de euros”.
El director de gobierno dijo que si se hubiese resuelto bien este expediente, en la actualidad habría financiación suficiente para sufragar los sueldos de los directores generales del actual equipo de gobierno durante el presente mandato, cuyos salarios cuestiona el PP desde la oposición.
El Ayuntamiento también ha recibido un segundo requerimiento judicial para ejecutar una sentencia de 2004 relativa a unas parcelas ubicadas en la salida de la ciudad que conecta con el centro de la isla, concretamente en la prolongación de la calle Primero de Mayo.
La concejal de Presidencia, Teresa Morales, explicó que se trata de un risco de 1.500 cuadrados de superficie que está por debajo del colegio público de la zona y de otro terreno situado en la trasera del nuevo centro de salud que se construye en esa calle
Padrón informó de que la valoración que ha hecho el Ayuntamiento de la primera parcela es de 1,5 millones de euros y agregó que si a ella se suma lo que costará la segunda, la expropiación conjunta podría costar unos 4,2 millones de euros.
Para evitar ese desembolso de dinero, dada la escasa rentabilidad que tiene la operación para el interés público, el Consistorio negociará con el propietario del suelo para tratar de llegar un acuerdo que permita a la institución municipal “adquirir gratuitamente ese espacio libre” y permitir, a cambio, a su titular ejecutar en la zona “algún tipo de edificabilidad”, dijo.
La junta de gobierno municipal también acordó hoy expropiar una nueva parcela de 85 metros cuadrados en la calle Olof Palme, operación a la que seguirán “otras dos” y que se acometerán para ensanchar esa vía y mejorar las condiciones que presenta el tramo comprendido entre la Plaza de España y el acceso a Las Canteras.
Esta expropiación costará a las arcas municipales 85 metros cuadrados, informó Padrón.
La junta de gobierno también acordó hoy instar a la comunidad autónoma a que asuma el coste de la expropiación de una parcela de 500.000 metros cuadrados ubicada en San José del Álamo que determine la junta provincial de expropiación o los tribunales de justicia.
Padrón explicó que, en esta ocasión se trata de cumplir una sentencia del Tribunal Supremo, para lo que se ha dado al Ayuntamiento un plazo de 30 días naturales.
En 1997, los propietarios de los terrenos pidieron por ese suelo, entonces considerado como urbanizable, 125 millones de euros, “cantidad que representa un tercio del presupuesto del Consistorio”, según apostilló Morales, mientras que “la hoja de aprecio” que la comunidad autónoma ha remitido al Consistorio, referida a una catalogación de suelo rústico, rebaja esta cifra hasta algo más de dos millones.
Padrón recordó que esta parcela fue expropiada en su día por la administración autonómica, una operación que anularon luego los tribunales, que dictaminaron que el Ayuntamiento es el encargado de llevarla a cabo y la comunidad autónoma la beneficiaria de la expropiación, “ya que se trata de un sistema general que ejecuta la administración autonómica”.
Por ello, dijo, “ha de ser la Comunidad Autónoma la que asuma el riesgo respecto a la valoración que haga en su momento el jurado provincial de expropiación o los tribunales de justicia”.
Obras en San Bernardo y otros “agujeros” del anterior grobierno
Carmelo Padrón también anunció que las obras de la Plaza de San Bernardo estarán finalizadas antes de que finalice este mes y agregó que “los árboles centenarios” que se han talado en la zona “no se secan en 45 días”, que son los que han transcurrido desde que el nuevo grupo de gobierno tomó posesión.
“Por los árboles no hemos podido hacer más que lo que hemos hecho, por lo tanto, su caída no debe ponerse en el debe del grupo de gobierno, ya estaban secos antes de que llegáramos nosotros”, aseveró.
Sobre todos estos expedientes, Teresa Morales lamentó que el orden del día de las reuniones que celebra la Junta de Gobierno lo estén protagonizando en mayor medida los asuntos “mal gestionados en el pasado” que los que los nuevos responsables municipales pretenden poner en marcha, tal y como se comprometieron con los ciudadanos.
Por ello, Morales informó de que el Ayuntamiento presentará a principios de septiembre una memoria descriptiva de todos “los agujeros de la gestión del gobierno anterior” que el nuevo equipo ha tenido que “ir tapando” desde que tomó posesión.
“Esta situación nos pone de muy mal humor porque nos está robando los dineros públicos que corresponden al Ayuntamiento para poner en marcha los proyectos que conforman el programa de gobierno. La próxima semana celebraremos otra junta de gobierno por cuestiones urgentes que hay que zanjar con los tribunales por esa mala gestión anterior”, aseveró.
