Un reparto injusto para una sociedad precaria
En la actualidad, el 1% de la población concentra el 46% de la riqueza global y en los últimos 20 años los más ricos han aumentado un 60% sus recursos. La crisis ha sido una intensificación de este proceso de acumulación de bienes en unas pocas manos.
En este contexto, se conmemora cada año Semana Contra la Pobreza. “Contra la riqueza que empobrece. Actúa” ha sido el lema escogido por sus organizadores en 2013. ¿El objetivo? Un reparto más justo de la riqueza.
Miles de personas en todo el país se han movilizado para reclamar una profunda reforma del modelo actual que la Plataforma Pobreza Cero considera que “genera y mantiene las desigualdades”.
La Plataforma Pobreza Cero junto a otras organizaciones no gubernamentales, asociaciones y parte de la ciudadanía, pretende promover un espacio de reflexión y debate sobre la riqueza, la pobreza y la desigualdad en el mundo y rebelarse contra las situaciones de injusticia, pobreza y exclusión social que afectan a millones de personas en el mundo y particularmente en Canarias.
“Según la ONU, 1.200 millones de personas que están en situación de pobreza extrema”
La erradicación de la pobreza es la meta de los objetivos de desarrollo del nuevo milenio de la ONU. “En el año 2000 los jefes de estado decidieron proponer para 2015 reducir la pobreza extrema a la mitad y a las personas que pasaban hambre. Actualmente la ONU se plantea que aun consiguiendo el objetivo todavía quedarían muchos millones de personas en situación de pobreza extrema” asegura Franciso Morote, miembro de la Plataforma Pobreza Cero.
Todavía hay, según la ONU, 1.200 millones de personas que están en situación de pobreza extrema. Principalmente en el sur de Asia y en el África subsahariana.
Agustín Ortega, subdirector del Centro Loyola, hace hincapié en que hay pobreza porque hay injusticia. “En la crisis, los ricos se han vuelto más ricos”, asegura.
Como ejemplo de la mala distribución de la riqueza, Ortega señala que actualmente las multinacionales y la banca ostentan más riqueza que países enteros. “El sistema financiero especulativo es el que ha causado la crisis actual.
Subraya que hay dinero, recursos y bienes para todos, “no es cierto lo que dicen los políticos. Hay recursos de sobra. La pobreza es fácilmente solucionable. Hace falta una distribución justa y equitativa”. Desde la Plataforma Pobreza Cero señalan que esto se consigue, mediante unas políticas fiscales más justas y equitativas, persiguiendo y castigando el fraude fiscal y creando políticas públicas que incluyan la cooperación al desarrollo.
VIII Informe del observatorio de la Realidad Social
Ha sido una Semana Contra la Pobreza marcada por el VIII Informe del Observatorio de la Realidad Social elaborado por Cáritas cuyos resultados son realmente dramáticos. Según el documento, la pobreza severa (menos de 307 euros al mes) ya alcanza a tres millones de personas, el doble desde que comenzó la crisis.
Una de las situaciones que más preocupa a Cáritas es la cronicidad de las situaciones de pobreza y exclusión social. Estas situaciones se van fijando en la estructura social, lo que hace aún más difícil paliarlas. Según el informe, “la cronicidad va en aumento y se está reforzando no solo con la precarización social, sino también con el proceso de consolidación de una sociedad dual”.
Las mujeres siguen siendo el rostro más visible de las situaciones de pobreza y exclusión. Cáritas también ha registrado un elevado nivel de desempleados que han pasado a ser de larga duración. Las familias jóvenes con hijos se han visto muy afectadas por la crisis, así como mujeres solas con familiares a su cargo. Familias con la mayor parte de sus miembros en paro es otro de los perfiles habituales. En su Informe, Cáritas destaca que en 2012 casi la mitad de las personas atendidas fueron inmigrantes.
Desigualdad y exclusión social
El 0,001% de la población en Canarias (89 personas) cuenta con rentas de más de 600.000 euros anuales y 21 familias controlan 8% del PIB, mientras 812.425 personas se encuentran bajo el umbral de la pobreza, con una privación material severa y con todas las personas de su unidad familiar en paro. “Cada vez los ricos son más ricos y las personas empobrecidas se encuentran en una situación más precaria. La grieta social va en aumento y la solución es el reparto equitativo de la riqueza, las propiedades, el poder y los cuidados”, señala Koldobi Velasco, trabajadora social y miembro de la Red en Defensa de los Servicios Sociales Públicos de Canarias (REDESSCAN).
Los Colegios Profesionales de Trabajo Social de Canarias solicitan que se establezca un baremo claro para definir la “exclusión social”, puesto que en la actualidad no se trabaja con criterios objetivos y los indicadores dependen de cada ayuntamiento. Esto se traduce en una discriminación por el lugar de residencia, puesto que con las mismas condiciones socioeconómicas, un vecino puede considerarse en situación de exclusión social en su municipio y otro, residente en otra localidad, no. Los colegios proponen que se adopten los indicadores europeos y nacionales.
Basándonos en datos del Instituto Nacional de Estadística de 2012, la tasa AROPE o tasa de personas en riesgo de exclusión social en el Archipiélago es del 38%, más de una de cada tres personas. Esta tasa contempla las personas bajo el umbral de la pobreza que tienen ingresos al mes por debajo de los 620 euros.
La paradoja de la urgencia
El endurecimiento de los requisitos para acceder a las prestaciones económicas públicas, los retrasos en la gestión y la reducción del presupuesto se traducen en lo que se denomina “la paradoja de la urgencia”. Se supone que este tipo de ayudas están para cubrir necesidades básicas y urgentes de personas y familias que no disponen de recursos económicos para subsistir, pero la realidad es que se enfrentan a meses de espera y a múltiples trámites hasta que reciben el dinero. Por lo que las llamadas “ayudas de urgencia” pierden la urgencia y se convierten en inútiles, al menos, a corto plazo.
Otros problemas son, según la trabajadora social Koldobi Velasco, la desinformación sobre los derechos y la culpabilización de las víctimas. Además, añade, “se cierran los servicios de proximidad, dejando sin atender ni recoger la demanda creciente de garantía de rentas, para la seguridad económica que todas las personas necesitamos”.
Relaciones sociales y familia
El proceso de exclusión social va más allá del ámbito económico. Como se desprende del informe de Cáritas, “la exclusión social no viene dada sólo por la pobreza monetaria, sino por un conjunto de factores entre los que las dimensiones relacionales y de sentido vital adquieren una importancia relevante”.
Desesperanza, estrés en las familias y tensión en las relaciones sociales son algunas de las consecuencias de un largo periodo sin empleo y la falta de ingresos económicos.
Según el informe, “el riesgo de que lo prioritario sea subsistir hace que se descuiden aspectos relacionales o los valores que contribuyen a la cohesión social, con lo que aumentan el aislamiento de las personas y los problemas de convivencia que derivan en el rechazo a determinados grupos sociales”.
Para hacer frente a sus necesidades, las personas han desarrollado el apoyo desde la familia como la primera estrategia de supervivencia, seguida del trabajo en la economía sumergida y de la búsqueda de apoyo y ayuda en las organizaciones sociales. Sobrecargándose así el papel protector de la familia. La situación más habitual de apoyo desde la familia es la ayuda destinada a la alimentación, las ayudas económicas para vivienda, cobertura de gastos destinados a nietos e hijos en su escolarización y en cuarto lugar se menciona el compartir la vivienda como estrategia para recortar gastos.
Otros apoyos mencionados en informes anteriores tiene que ver con sacar a las personas mayores de las residencias para compartir el hogar y vivir económicamente de las pensiones.
Los indicadores de exclusión social intentan reflejar que el empobrecimiento no sólo es una cuestión de carencia de recursos económicos. Es una conjunción también entre tres secuestros de participación de las personas; en lo económico, en lo social y en lo político. Estas personas quedan completamente anuladas, son expulsadas del sistema “que no pone en el centro al ser humano, sino la búsqueda del beneficio del capital”, explica Koldobi Velasco.
¿Falta de presupuesto?
Las instituciones no están a la altura y se amparan en la falta de presupuesto. Los Ayuntamientos culpan al Gobierno de Canarias y estos miran hacia Madrid. Pasándose la pelota unos a otros sin asumir ninguna responsabilidad.
Para Koldobi Velasco, la falta de presupuesto es una cortina de humo. “Se violan e incumplen los derechos sociales desmantelando los servicios públicos, convirtiéndolos en mercancía, desde la privatización con la escusa de la crisis. Estos recortes nos empobrecen y siguen favoreciendo la acumulación de la riqueza en pocas manos y la explotación y precariedad en las condiciones de vida en la mayoría. Este círculo vicioso, en el que nos quieren entretener, nos despista de las responsabilidades del Estado, que son la redistribución de la riqueza y la garantía de derechos para todas las personas”, asegura.
“Para hacer frente a sus necesidades, las personas han desarrollado el apoyo desde la familia como la primera estrategia de supervivencia”
Los recortes en los presupuestos han ido en cascada. REDESSCAN ha denunciado en diversas ocasiones los cuantiosos recortes que han sufrido los Servicios Sociales en el Gobierno de Canarias. Aseguran que en cuatro años la Consejería de Políticas Sociales, lejos de de aumentar su presupuesto, lo ha reducido en 157 millones, y las administraciones locales cada vez tienen más competencias delegadas y menos ficha financiera.
Los colegios profesionales de Trabajo Social de Canarias creen que es una falta de respeto a los millones de familias que más lo necesitan que se reduzca un 36% la partida destinada a los servicios sociales y la promoción social, que de 2.848 millones de euros en las cuentas de 2013 se deje en solo un 1.809 para el próximo año.
En el caso de Canarias, las consecuencias serán aún más graves. Según el Índice de Derechos, Economía y Cobertura elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, junto a Valencia y Madrid, el Archipiélago está entre las comunidades con peores servicios sociales.
Velasco también hace referencia al pago de los intereses de la deuda, “no paran de crecer los gastos del pago de los intereses de la deuda, tres de cada diez euros, uno de ellos por la deuda militar no deja de crecer el presupuesto para gasto militar y control social y demás partidas innecesarias para la sostenibilidad de la vida”.
Una plataforma ciudadana para combatir la pobreza
Un grupo de organizaciones sociales y sindicales de Canarias crearon en julio la Mesa por la Justicia Social, una plataforma que pretende velar por los derechos de los canarios que se encuentran bajo el umbral de la pobreza.
El colectivo mantiene que es necesario invertir el 15% del PIB en políticas sociales para reducir el número de personas en riesgo de exclusión.
“Pintamos mucho en este baile, los colores los pone la sociedad política, con las mareas, las organizaciones de denuncia y reivindicación y la música la ponen aquellas alternativas ciudadanas que ya están emergiendo, construyendo otra manera de ser, haciendo grietas al modelo capitalista”, asegura Koldobi Velasco, miembro de REDESSCAN, una de las organizaciones que forman parte de la Mesa por la Justicia Social.
Plan contra la pobreza
La grave situación económica que atraviesa parte de la población de las Islas ha provocado que las instituciones se hayan visto obligadas a elaborar planes de urgencia.
Para el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, la aprobación en el Parlamento de la Estrategia frente a la pobreza demuestra que “hay otra forma de hacer política y otra forma de afrontar y aliviar los efectos de la crisis sobre los ciudadanos”.
Dotada con 190,9 millones de euros, esta estrategia pretende traducirse en medidas concretas que reforzarán las acciones que comenzaron con el inicio de la crisis. El Gobierno trabaja actualmente en cinco pilares; un plan de empleo social, el apoyo a la infancia, vivienda y desarrollo humano y el impulso de herramientas contra la exclusión.
Un ejemplo de este tipo de políticas es el servicio de desayunos escolares puesto en marcha por la Consejería de Educación del Gobierno regional para el curso 2013/2014.
El servicio se prestará a escolares de familias en las que ambos sustentadores principales o solo uno de ellos en caso de las monoparentales, estén desempleados, tanto si perciben algún tipo de prestación o subsidio como si no, y con ingresos inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
Esta semana, el Gobierno de Canarias firmó un convenio con las fundaciones de La Caixa y CajaCanarias por el cual se garantiza el desayuno de 6.945 alumnos en 697 centros de las Islas.
Más de 10.000 alumnos, de educación primaria y secundaria, han solicitado este servicio durante el curso 2013 ? 2014. 112.000 niños se encuentran bajo el umbral de la pobreza en Canarias según UNICEF.
Esta medida ha suscitado el debate político. El PP reprocha al Gobierno de Canarias que este servicio parece un acto de beneficencia y que ha ahuyentado a mucha gente a la hora de apuntar a sus hijos en el comedor para no sentirse señalados.
Un año de espera para la Prestación Canaria de Inserción
Pero no todo es tan bonito como parece. Los colegios de Trabajo Social de Canarias denunciaron hace poco que la partida destinada a la Prestación Canaria de Inserción en los presupuestos de 2013, que constaba de 18 millones, se agotó en junio y que ninguna de estas ayudas ha llegado aún a los solicitantes.
Aseguran que en los Ayuntamientos con mayor población los ciudadanos deben soportar listas de espera de hasta diez meses solo para ser atendidos por los Servicios Sociales municipales.
Se unen dos circunstancias muy perjudiciales para los demandantes de estas ayudas. Por un lado, el Gobierno de Canarias ha reducido a la mitad la partida destinada a los ayuntamientos para contratar a trabajadores sociales, y por otro, el número de solicitudes no para de crecer.
Koldobi Velasco afirma que como profesionales sufren este desmantelamiento de manera doble, “las personas que trabajamos en el campo social estamos en la lucha por la defensa de los derechos y los servicios públicos para todos y todas. Como profesionales, sufriendo el desmantelamiento de manera doble con pérdidas de puestos de empleo y precarizando nuestras vidas como ciudadanas siendo empobrecidas y estando como testigos privilegiados de la barbarie de este sistema que favorece a los más ricos y destroza la vida del resto”.
