Nochevieja agridulce con aviso de desahucio
Las Navidades de Cathaysa Amador y las de sus hijas, de once y nueve años, se han alejado del tono festivo y se han vuelto un tanto agridulces, porque a principios de mes recibió en la casa en la que todavía reside una notificación del Juzgado notificando que el próximo 14 de enero se procederá al desahucio de su vivienda.
Cathaysa afirma que el propietario del domicilio ubicado en la urbanización Ayatima de la localidad grancanaria de Marzagán, el presidente de Promociones Horneras S.L., Ambrosio Jiménez, no ha parado el proceso, ni ha querido volver a negociar el alquiler que, según su versión, acordaron después de que tanto ella como sus padres abandonaran su hogar para la construcción del Centro Comercial El Mirador.
Sin embargo, señala que “dentro de lo malo, me ha pasado algo bueno” y es que, tras ponerse en contacto con las Plataformas de Afectados por la Hispoteca (PAH) Norte y Sureste, ha encontrado apoyo tanto en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como en el Cabildo y el Gobierno regional, que trabajan en proporcionarle una casa de protección oficial antes de la fecha.
La afectada, que se muestra agradecida por la ayuda que dice haber recibido por parte de la Consejería de Vivienda de la Administración insular, se muestra a la expectativa y asegura que “seguirá luchando” hasta que firme el contrato y tenga en sus manos las llaves.
Desde la PAH Norte indican que se ha solicitado ante el Juzgado la suspensión del desahucio y valoran las cartas que ha tomado el Cabildo en el asunto y la atención recibida por parte del Consistorio, que “sobre la marcha se puso a buscar soluciones”.
La consejera insular de Arquitectura y Vivienda, Ylenia Pulido, recuerda que el Cabildo no tiene competencias para solucionar el problema de Cathaysa, pero “no podíamos darle la espalda”. Motivo por el que señala que “nos pusimos las pilas” para coordinar a las instituciones. El Gobierno regional cuenta con un parque público de viviendas y es el que entregará las llaves del nuevo hogar de la afectada.
Pulido indica que hay voluntad política para que la afectada y sus hijas tengan una alternativa habitacional y hace hincapié en la “excepcionalidad” del caso de Cathaysa, debido a que no mantendrá la vivienda. Otros casos se han resuelto en “cuestión de 24 horas, porque mantienen la posesión de su domicilio tras hablar con las entidades bancarias”.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, señala que el Consistorio ha hecho los informes de los servicios sociales pertinentes y estima que el lunes quede entregado ante el Gobierno de Canarias el de Vivienda, lo que a su juicio supondría que sobre la primera semana de enero Cathaysa ya podría contar con una solución habitacional.
Doreste afirma que Cathaysa había pedido cita ante los Servicios Sociales municipales en varias ocasiones, aunque no se había presentado al conseguir resolver su situación, lo que en su opinión demuestra que “no es una persona que haya estado esperando pasivamente, sino que se ha movido para resolver su situación”.
“Este era una situación de Urgencia”, señala Doreste, quien hace referencia a otros dos casos, cuyo desahucio trata de frenar el Ayuntamiento. “Estamos trabajando bien entre las corporaciones, muy coordinadas para solucionar las situaciones de emergencia, otra cosa es establecer políticas a largo plazo”, valora.
El 80% de las notificaciones de desahucios que llegan al Ayuntamiento a través de los ciudadanos no son por ejecuciones hipotecarias, sino por alquiler de viviendas.
