Un año con las aulas clausuradas por gas radón en la Universidad de La Laguna
La Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Universidad de La Laguna tiene constancia de altos niveles de gas radón desde el año 2022. La alerta saltó cuando el Laboratorio de Física Médica y Radiactividad Ambiental de la Universidad detectó en varias aulas de la planta baja niveles superiores a los 300 Bq/m3 (Bequerelios por metro cúbico), el límite sanitario que establece la ley. No fue hasta el año pasado cuando se clausuraron las clases.
Durante un tiempo “estuvieron expuestos a niveles superiores de lo que permite la ley”, según explican que les dijeron desde Dirección a la Delegación de Estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad de La Laguna. Aunque pidieron los resultados de las mediciones, la Delegación de Estudiantes asegura que hasta ahora no se los han facilitado.
Durante todo este curso las aulas donde se detectaron niveles altos de gas radón han estado clausuradas y los alumnos están dando clase en las salas de estudio del Edificio de Servicios al Alumnado ULL-CajaCanarias en el Campus de Anchieta, las que todos los alumnos conocen como las “Aulas de Caja Canarias”.
Aulas poco adecuadas para dar clase
Desde el inicio de este curso se está dando clase en aulas provisionales “poco aptas, donde la mitad de los alumnos asiste a clase de espaldas al profesor”, aseguran desde la Delegación de Estudiantes de Ingeniería Informática de la ULL. “Eran salas de estudio, dos salas enormes, con sillas a los dos lados de la mesa, unos frente a otros, de tal modo que la mitad de los alumnos que da clase ahí está de espaldas al profesor. La universidad colocó televisores para que pudieran ver al profesor o las diapositivas que pusiera”, asegura Samuel Frías, secretario de Relaciones Institucionales de la Delegación de Estudiantes de Ingeniería Informática de la ULL.
Son unos mil alumnos afectados. “Han sido recolocados en cinco nuevas aulas, de las que a su vez, la Universidad ha tenido que recolocar a otros estudiantes de otros cursos y grados de industriales”, asegura Frías.
“Todos los días para ir a clase era una lotería. Me hacía siempre las mismas preguntas antes de llegar: ¿Podré ver la pizarra hoy? ¿Escucharé al profesor en algún momento? ¿Podré ver las transparencias? Cada asiento no era equitativo para todos. Si llegabas antes conseguías el mejor sitio, si no, simplemente no podías tomar apuntes”, relata con frustración un estudiante afectado.
Lentitud y falta de transparencia
La falta de transparencia es el reproche más unánime. “La Universidad no ha hecho ningún tipo de comunicado informando a los estudiantes de lo ocurrido o de cuándo podrán volver a sus aulas”, asegura Frías. La dirección de la Universidad se limitó a enviar un correo a la comunidad de la escuela para comunicar que no se debían mover ni tocar los medidores de radón.
Los alumnos coinciden en criticar a la Universidad por falta de transparencia. “Se está demorando mucho. Pese a lo perjudicial que es la inhalación del radón, se están tomando una especial lentitud para solucionar el problema, afectando gravemente a la docencia y al avance en el aula”, lamenta otro de los alumnos afectados.
Desde el mes de julio del año pasado han tratado el asunto en todas y cada una de las reuniones de Juntas de Escuela, que tienen cada mes. Y han comunicado sus quejas por escrito a tres Vicerrectorías. El pasado mes de diciembre escribieron al Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras y la Gerencia de la Universidad de La Laguna para trasladar “enérgicamente sus quejas”, y concluían su escrito transmitiendoles lo inaceptable que “esta situación de precariedad durante lo que resta de curso y, muy probablemente del siguiente”, y recordándoles que “la salud y la calidad docente no pueden depender de una burocracia interminable”.
“La Universidad es del pueblo”
Los estudiantes critican duramente que la Universidad ha retrasado los plazos de regreso a las aulas afectadas de forma sistemática. En julio de 2025 les prometieron que volverían a las aulas el año siguiente, después en el segundo cuatrimestre de 2026, pero la realidad es que las aulas siguen clausuradas bajo la excusa institucional de que “las cosas de palacio van despacio”. Y ante esta justificación de la universidad uno de los alumnos consultados se indigna: “No me parece coherente porque esto no es de palacio, esto es del pueblo y esto es de los estudiantes y están sufriendo”, concluye.
“La solución barata: ventilación forzada”
Desde entonces, “sólo han reformado una de las aulas afectadas, instalando un sistema de ventilación forzada”, les comunicaron desde la dirección de la Universidad a la delegación de estudiantes.
Esta medida consiste en colocar extractores y ventiladores gigantes para forzar la circulación del aire y evitar que el radón se concentre en el ambiente. Sin embargo, el colectivo estudiantil la tacha de solución “banal y deficiente”. Son alumnos de Ingeniería, y aunque no hayan terminado la carrera plantean otras soluciones “mejores”.
“Lo eficiente y seguro habría sido levantar el suelo y cambiarlo por completo para sellar el paso del gas de raíz”, asegura uno de los alumnos, y sobre la ventilación forzada añade: “Es la respuesta más barata de todas, es una solución pésima, y como estamos en la Facultad de Ingeniería, también me parece una construcción bastante poco práctica, sobre todo porque genera ruido”.
Además, la llegada del verano paraliza cualquier avance: la subida de las temperaturas aligera el aire, lo que provoca que el radón fluya con más intensidad y vuelva las mediciones inestables, impidiendo la reapertura de los espacios.
Temor a un gas peligroso
El radón es un gas que produce la naturaleza, pero es radiactivo, inoloro, incoloro e insípido. Su principal peligro es que al filtrarse y acumularse en espacios cerrados, se inhala dañando los pulmones y aumentando exponencialmente el riesgo de cáncer de pulmón.
Este gas se origina de manera natural al desintegrarse las moléculas de uranio que hay presentes en el suelo y las rocas. Debido a la naturaleza volcánica del archipiélago, la presencia de gas radón es alta, aproximadamente el 19 % del territorio está considerado de alto riesgo. El Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre establece un límite legal y sanitario de referencia de 300 Bq/m3 (Bequerelios por metro cúbico) para el promedio anual de concentración de gas radón.
El temor es generalizado ante un peligro invisible: “Nunca sabías si el aula en la que estabas metido podía tener radón o no, porque la ULL no compartió jamás los resultados”.
Esta política de ocultación y el patrón de “poner medidores y quitarlos a los meses en total silencio” se replicó de forma idéntica en la Residencia Universitaria Parque de las Islas (RUPI) de la ULL.
“El correo inicial de la universidad indicaba lo 'urgente' que era la situación, pero después de retirarlos no se supo absolutamente nada más. Jamás se pronunciaron, nunca publicaron los datos de la residencia ni comentaron los resultados”, denuncia un estudiante residente.
La Escuela frente al Rectorado
En el trasfondo de la lenta resolución del conflicto subyace una evidente grieta política dentro de la propia institución. El alumnado exculpa en gran parte a la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología (ESIT) y a su director, Ernesto Pereda de Pablo —asegurando que trabajó activamente incluso sacrificando sus vacaciones—, pero apuntan directamente a las altas esferas.
“La Escuela siempre ha intentado ayudar, pero considero que el responsable directo es el Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras. Profesores, alumnos y la junta manifestamos nuestro rotundo desacuerdo a través de documentos oficiales. Si el Vicerrectorado no pone de su mano, no se avanza en esta universidad. Parece que hasta que no ocurra el primer susto grave de salud, no se tomarán las medidas reales y definitivas que merecemos”, concluye uno de los alumnos afectados.
La versión de la Gerencia: “Hemos actuado con prontitud y transparencia”
Lidia Pereira, gerente de la Universidad de La Laguna, defiende la gestión llevada a cabo y niega las acusaciones de opacidad. “Hemos actuado con prontitud, con inmediatez, y con transparencia”, asegura, y añade que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de las mediciones se informó a los estudiantes y se trabajó para encontrar una solución.
Sobre la demora en el regreso a las aulas, la responsable apunta a las exigencias técnicas del proceso de medición: “El periodo técnico para la medición es de noviembre a mayo y tendrían que hacerse mediciones como mínimo de unos tres meses”. Según Pereira, cuando finalizó el primer cuatrimestre “los indicadores no permitían que se volvieran”.
Respecto a las quejas de falta de información, la gerente rechaza la versión del alumnado: “No comparto esa visión, porque incluso desde el principio hemos hablado con las delegaciones de alumnos”.
Cuando se le pregunta directamente si se han comunicado a los estudiantes los niveles de radón registrados, la gerente responde que todos los espacios medidos cuentan con cartelería con un código QR que permite contactar con el laboratorio de Física Médica y Radiactividad Ambiental (FIMERAL), responsable de las mediciones, y que los datos están a disposición de quien los solicite.
En cuanto a las quejas escritas enviadas a las vicerrectorías, la gerente asegura tener constancia de un único escrito: “La única queja que yo tengo constancia es que se envió por correo. Tuvimos una reunión telemática y le explicamos que estábamos midiendo y que no se podía volver a esas aulas por los indicadores de medición”.
Sobre la solución de la ventilación forzada, cuestionada por los propios alumnos de ingeniería, Pereira defiende que las decisiones técnicas corresponden a los expertos: “Quien tiene que hacer la valoración del tipo de actuaciones que hay que hacer tienen que ser los técnicos que realizan las obras de los edificios”. Y descarta la opción de levantar el suelo planteada por algunos estudiantes: “Levantar el suelo lleva otro tipo de actuaciones que quizás no se hayan relatado en toda su dimensión con ellos, pero se ha hecho esa valoración y no es viable en este momento”.
Por último, ante la pregunta de si se puede garantizar que los alumnos y profesores no han corrido peligro, la gerente responde con rotundidad: “Por supuesto. Desde el primer momento hemos actuado”, y añade que duda que “exista otra institución en Canarias que haya desarrollado una actividad de salud preventiva y de actuación similar a la nuestra”.
En cuanto al plazo de regreso, Pereira no ofrece certezas: “En este momento no lo puedo asegurar porque no ha terminado ni el periodo de medición, pero lo tendremos en breve”.