Derecho al aborto

La brecha entre islas para abortar: la mayoría de ginecólogos del Hospital de Lanzarote son objetores de conciencia

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha explicado este viernes que un total de nueve de los catorce ginecólogos y ginególogas del Hospital Molina Orosa de Lanzarote se han declarado objetores de conciencia con respecto al aborto, lo que imposibilita que se puedan practicar interrupciones voluntarias del embarazo en la isla. Además, ha señalado sobre los otro cinco especialistas que dos se encuentran de baja, otro se ha acogido a reducción de jornada y otro se encuentra en excelencia, “de manera que desde el punto de vista práctico a jornada completa, tenemos un recurso de los 14”, ha matizado en comisión parlamentaria ante una pregunta de la diputada María del Río (Sí Podemos) que planteó por qué “las interrupciones voluntarias del embarazo no se están llevando a cabo en hospitales públicos, como el Molina Orosa (Lanzarote), y las pacientes son derivadas a las islas capitalinas”. 

Así queda la reforma del aborto: las claves de la ley más allá de las bajas por reglas dolorosas

Saber más

Actualmente, en Canarias se aplica una instrucción de la Consejería de Sanidad en base a la ley de 2010 de José Luis Rodríguez Zapatero que establecía el acceso al aborto para las mujeres que decidieran voluntariamente interrumpir su embarazo antes de las 14 semanas de gestación. No obstante, se garantiza en un total de cinco centros públicos abortar en los casos que se recogen en el artículo 15 de esa norma, es decir, cuando “existan graves riesgos para la vida o la salud de la embarazada” o “riesgo de graves anomalías en el feto”. Los centros acreditados son el Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, el Universitario de Canarias, el Hospital General de Fuerteventura y el Molina Orosa, en Lanzarote. 

Para los supuestos del artículo 14, es decir, cuando las mujeres deciden interrumpir su embarazo voluntariamente, Sanidad concierta con clínicas privadas. Según la web de Sanidad y los datos del Ministerio se trata de dos centros en Tenerife y dos en Gran Canaria. No obstante, Trujillo ha aclarado que existe otro centro concertado en Fuerteventura.

Según explicó el consejero, en los centros públicos pueden darse situaciones como “la declaración de objeción de conciencia, menor disponibilidad de especialistas en este servicio, reducciones de jornada, incapacidades temporales o la necesidad de atender alguna patología urgente”, apuntó. Es por ello, que remarcó que se producen esas derivaciones. La nueva reforma de la Ley del Aborto introduce medidas como garantizar su acceso en los hospitales públicos ya que en España en la última década el 85% se han realizado en clínicas privadas, en el caso de Canarias en el 95% de los casos.

“Exigimos que se garantice este derecho”

La diputada María del Río ha remarcado que la decisión de abortar no es fácil “ni una frivolidad” y que cuando una mujer toma esta determinación es que lo ha pensado (de ahí que se haya eliminado los tres días de reflexión que exigía la anterior norma). Por este motivo, ha defendido que “cuanto más se facilite el trámite y más rápido sea mejor”.  

Del Río ha expresado el sentir de colectivos feministas de Lanzarote que le hicieron llegar esta cuestión y ha subrayado que estas mujeres señalan que “son derivadas a clínicas de Las Palmas de Gran Canaria sin opción alguna de hacerlo en Lanzarote” y apuntan que “las condiciones no son las más favorables”. Además, denuncian que no se ofrezca la posibilidad de abortar por el método farmacológico, “que sería menos tortuoso y sin desplazamiento”.

Estos traslados a islas capitalinas muchas veces se realizan en soledad y “supone a las mujeres dificultades que hacen que el proceso sea más duro de lo que ya es” y añaden que “si ninguna mujer tiene que desplazarse para parir, ¿por que sí tienen que hacerlo para abortar?”se preguntan las personas de estos colectivos feministas de Lanzarote que han contactado con la parlamentaria.

Del Río ha añadido que las mujeres están pasando por momentos difíciles en los que se les cuestiona que les duela la regla pese a tener endometriosis, por ejemplo y lamenta que “se ponga el grito en el cielo” por pedir el reconocimiento de esa incapacidad. La diputada ha defendido que, si bien respeta el derecho a la objeción de conciencia “un derecho no puede estar por encima de otro”.

“Respeto el derecho a la objeción de conciencia para el aborto y la eutanasia pero  exigimos que se respete el derecho de interrumpir voluntariamente el embarazo en islas no capitalinas”, añadió. A lo que Trujillo apuntó que Sanidad pone los elementos que estén de su parte “para poder facilitar la prestación del servicio en las mejores condiciones posibles” y en el caso de Lanzarote “en estos momentos no se ha encontrado concertar”.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha explicado este viernes que un total de nueve de los catorce ginecólogos y ginególogas del Hospital Molina Orosa de Lanzarote se han declarado objetores de conciencia con respecto al aborto, lo que imposibilita que se puedan practicar interrupciones voluntarias del embarazo en la isla. Además, ha señalado sobre los otro cinco especialistas que dos se encuentran de baja, otro se ha acogido a reducción de jornada y otro se encuentra en excelencia, “de manera que desde el punto de vista práctico a jornada completa, tenemos un recurso de los 14”, ha matizado en comisión parlamentaria ante una pregunta de la diputada María del Río (Sí Podemos) que planteó por qué “las interrupciones voluntarias del embarazo no se están llevando a cabo en hospitales públicos, como el Molina Orosa (Lanzarote), y las pacientes son derivadas a las islas capitalinas”. 

Así queda la reforma del aborto: las claves de la ley más allá de las bajas por reglas dolorosas

Saber más

Actualmente, en Canarias se aplica una instrucción de la Consejería de Sanidad en base a la ley de 2010 de José Luis Rodríguez Zapatero que establecía el acceso al aborto para las mujeres que decidieran voluntariamente interrumpir su embarazo antes de las 14 semanas de gestación. No obstante, se garantiza en un total de cinco centros públicos abortar en los casos que se recogen en el artículo 15 de esa norma, es decir, cuando “existan graves riesgos para la vida o la salud de la embarazada” o “riesgo de graves anomalías en el feto”. Los centros acreditados son el Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, el Universitario de Canarias, el Hospital General de Fuerteventura y el Molina Orosa, en Lanzarote. 

Para los supuestos del artículo 14, es decir, cuando las mujeres deciden interrumpir su embarazo voluntariamente, Sanidad concierta con clínicas privadas. Según la web de Sanidad y los datos del Ministerio se trata de dos centros en Tenerife y dos en Gran Canaria. No obstante, Trujillo ha aclarado que existe otro centro concertado en Fuerteventura.

Según explicó el consejero, en los centros públicos pueden darse situaciones como “la declaración de objeción de conciencia, menor disponibilidad de especialistas en este servicio, reducciones de jornada, incapacidades temporales o la necesidad de atender alguna patología urgente”, apuntó. Es por ello, que remarcó que se producen esas derivaciones. La nueva reforma de la Ley del Aborto introduce medidas como garantizar su acceso en los hospitales públicos ya que en España en la última década el 85% se han realizado en clínicas privadas, en el caso de Canarias en el 95% de los casos.

“Exigimos que se garantice este derecho”

La diputada María del Río ha remarcado que la decisión de abortar no es fácil “ni una frivolidad” y que cuando una mujer toma esta determinación es que lo ha pensado (de ahí que se haya eliminado los tres días de reflexión que exigía la anterior norma). Por este motivo, ha defendido que “cuanto más se facilite el trámite y más rápido sea mejor”.  

Del Río ha expresado el sentir de colectivos feministas de Lanzarote que le hicieron llegar esta cuestión y ha subrayado que estas mujeres señalan que “son derivadas a clínicas de Las Palmas de Gran Canaria sin opción alguna de hacerlo en Lanzarote” y apuntan que “las condiciones no son las más favorables”. Además, denuncian que no se ofrezca la posibilidad de abortar por el método farmacológico, “que sería menos tortuoso y sin desplazamiento”.

Estos traslados a islas capitalinas muchas veces se realizan en soledad y “supone a las mujeres dificultades que hacen que el proceso sea más duro de lo que ya es” y añaden que “si ninguna mujer tiene que desplazarse para parir, ¿por que sí tienen que hacerlo para abortar?”se preguntan las personas de estos colectivos feministas de Lanzarote que han contactado con la parlamentaria.

Del Río ha añadido que las mujeres están pasando por momentos difíciles en los que se les cuestiona que les duela la regla pese a tener endometriosis, por ejemplo y lamenta que “se ponga el grito en el cielo” por pedir el reconocimiento de esa incapacidad. La diputada ha defendido que, si bien respeta el derecho a la objeción de conciencia “un derecho no puede estar por encima de otro”.

“Respeto el derecho a la objeción de conciencia para el aborto y la eutanasia pero  exigimos que se respete el derecho de interrumpir voluntariamente el embarazo en islas no capitalinas”, añadió. A lo que Trujillo apuntó que Sanidad pone los elementos que estén de su parte “para poder facilitar la prestación del servicio en las mejores condiciones posibles” y en el caso de Lanzarote “en estos momentos no se ha encontrado concertar”.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha explicado este viernes que un total de nueve de los catorce ginecólogos y ginególogas del Hospital Molina Orosa de Lanzarote se han declarado objetores de conciencia con respecto al aborto, lo que imposibilita que se puedan practicar interrupciones voluntarias del embarazo en la isla. Además, ha señalado sobre los otro cinco especialistas que dos se encuentran de baja, otro se ha acogido a reducción de jornada y otro se encuentra en excelencia, “de manera que desde el punto de vista práctico a jornada completa, tenemos un recurso de los 14”, ha matizado en comisión parlamentaria ante una pregunta de la diputada María del Río (Sí Podemos) que planteó por qué “las interrupciones voluntarias del embarazo no se están llevando a cabo en hospitales públicos, como el Molina Orosa (Lanzarote), y las pacientes son derivadas a las islas capitalinas”. 

Así queda la reforma del aborto: las claves de la ley más allá de las bajas por reglas dolorosas

Saber más

Actualmente, en Canarias se aplica una instrucción de la Consejería de Sanidad en base a la ley de 2010 de José Luis Rodríguez Zapatero que establecía el acceso al aborto para las mujeres que decidieran voluntariamente interrumpir su embarazo antes de las 14 semanas de gestación. No obstante, se garantiza en un total de cinco centros públicos abortar en los casos que se recogen en el artículo 15 de esa norma, es decir, cuando “existan graves riesgos para la vida o la salud de la embarazada” o “riesgo de graves anomalías en el feto”. Los centros acreditados son el Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, el Hospital Nuestra Señora de La Candelaria, el Universitario de Canarias, el Hospital General de Fuerteventura y el Molina Orosa, en Lanzarote.