Del caso Emalsa al hotel Papagayo, cierre a una década de activismo ciudadano: “La administración agota al más pintado”
Hace ya diez años un grupo de ciudadanos (y amigos) de Las Palmas de Gran Canaria se unió para fiscalizar el poder. La asociación cívica El sol sale para todos nació al calor del caso Emalsa. Para entonces, la empresa mixta de aguas de la capital había dejado de estar intervenida. Sin embargo, los informes del interventor municipal, Rafael Bolívar (ya fallecido), revelaron un descontrol en la gestión del servicio público por parte de los socios privados. El caso estaba en los juzgados y el colectivo se personó como acusación popular.
Una década después, ya hay sentencia firme absolutoria para los quince directivos que se sentaron en el banquillo. El Ayuntamiento retiró su acusación en la penúltima sesión del juicio al entender, en contra de lo manifestado hasta entonces, que no había pruebas del perjuicio para las arcas públicas. Ese giro municipal fue la estocada a la estrategia de la Fiscalía y las acusaciones populares, que aun así decidieron seguir adelante sin éxito.
Tras el carpetazo al caso Emalsa, El sol sale para todos ha decidido arriar la bandera. El colectivo se disuelve después de años de lucha contra un muro administrativo. Entre medias, la asociación se embarcó en otros proyectos. Intentó poner luz y transparencia sobre “el principal proyecto de transformación de la ciudad”, la Metroguagua. También denunció que un hotel ilegal de Lanzarote, el Papagayo Arena, no sólo seguía operando sin licencia, sino que además recibía subvenciones por parte del Gobierno de Canarias.
Óscar Méndez, secretario de la última junta de El sol sale para todos y exjefe del servicio de Inventario y Patrimonio de la Consejería de Hacienda, recuerda que la asociación nació “del interés por la participación ciudadana y la implicación de los grupos de la sociedad civil para formar parte de las decisiones políticas relevantes”.
Una década después, califica de “fantástico” este ejercicio de activismo ciudadano, de “enriquecimiento” personal y colectivo, pero también confiesa cierta impotencia y agotamiento. “Los recovecos, los mecanismos que tienen las administraciones públicas para torearte y tenerte años esperando agotan al más pintado. Son reticentes hasta para cumplir sentencias”, resume.
Y añade, también a modo de balance, una reflexión: “Hay una tremenda paradoja. Nunca ha habido tanta normativa específica defendiendo y obligando a la transparencia como hasta ahora. Y nunca ha sido tan complicado tener acceso fácil, fiable, veraz y rápido a los expedientes administrativos públicos”.
Caso Emalsa
El caso Emalsa aparece en el nacimiento y en el ocaso de El sol sale para todos. El último presidente de la asociación, Óscar Bermejo, trabajó codo con codo con Bolívar durante la intervención de la compañía mixta de aguas. Y allí advirtieron, entre otras cosas, que no se estaba acreditando la prestación del servicio de saneamiento por parte de Sercanarias (filial de los socios privados de entonces -Saur y Sacyr-Valoriza-) o que “todos los días se comete un delito medioambiental, que todos los días se vierte agua al mar sin depurar”.
El abogado Agustín Bravo de Laguna, que representó a la asociación cívica en el juicio, incide en que el Ayuntamiento tiene un triple papel en Emalsa: miembro del Consejo de Administración de Emalsa, accionista de la empresa pública y titular del servicio de aguas. “Como titular del servicio de aguas tiene el derecho y la obligación de controlar la gestión. Y eso es lo que no hace. El ejemplo perfecto es el contrato de saneamiento”, señala el letrado. La propia sentencia dice que en 2008 sólo se limpiaron 104 kilómetros de la red de alcantarillado cuando el contrato exigía dos saneamientos anuales de 350 (700 en total).
“Hay elementos singulares desde el pliego de condiciones que regula el servicio, que lo redactó Emalsa y no tiene régimen sancionador. No hay forma de sancionar si se incumple”, apunta Bermejo.
“Lo de prestar el servicio por empresas privadas especializadas es una cosa normal. Lo que no es normal es que la administración pública responsable y titular del servicio no controle absolutamente nada y no se responsabilice de la supervisión y el control del servicio, de las cuentas…”, añade el consultor medioambiental.
Bermejo recuerda que cuando Rafael Bolívar entró a la jefatura de la Unidad Técnica de Aguas, en 2012, ordenó paralizar los pagos de las facturas de saneamiento a Sercanarias porque no acreditaban que ese servicio se estuviese prestando según lo previsto en los pliegos. Emalsa demandó por ello al Ayuntamiento, que tuvo que pagar 6,6 millones.
En ese procedimiento, tal y como recuerda la junta de la asociación, los servicios jurídicos municipales olvidaron incorporar un anexo de mil folios elaborado por el equipo de Bolívar para justificar la negativa a pagar esas facturas. De hecho, ese anexo se aportó en una diligencia el mismo día que se dictaba la sentencia que daba la razón a Emalsa.
“En esa sentencia, lógicamente no se valoran esos documentos, pero sí se dice una cosa importante. Dice que si el Ayuntamiento no está de acuerdo, lo que puede hacer es denunciar ese contrato. Y eso no lo ha hecho nunca. Las sentencias de saneamiento se han seguido sucediendo y los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria seguimos pagando, pero no se denuncia. No se ha modificado la relación contractual”, sostiene el abogado Agustín Bravo de Laguna, que recuerda que la Unidad Técnica de Aguas “fue desmantelada” durante la Alcaldía del socialista Augusto Hidalgo (2015-2023).
Para el letrado, “la propia sentencia (del procedimiento penal) y el devenir de los acontecimientos” han acabado dando la razón a la asociación, después de que la empresa de los contratos controvertidos, Sercanarias, haya terminado siendo comprada por la propia Emalsa por 2,5 millones de euros.
“Con dinero público se compra una empresa privada que es de los socios privados”, señala el abogado, que sostuvo durante el juicio (al igual que el resto de acusaciones, a excepción del Ayuntamiento) la ilegalidad de los contratos adjudicados a dedo a Sercanarias, filial entonces de Saur y Sacyr-Valoriza, los socios privados de Emalsa en aquel momento (ahora está en manos de un fondo sueco vinculado a la familia Wallenberg).
Para los miembros de la junta, la decisión del Ayuntamiento de retirar su acusación fue el golpe definitivo. “La retirada se produce cuando sólo faltan las conclusiones finales del juicio. Era el momento de que, por lo menos, en comisión de pleno hubieran informado de ese acto. Hay que recordar que la concesión dura hasta 2043”, subrayan.
“Después de un procedimiento penal nada menos que contra 15 exdirectivos de Emalsa, con evidencias de que se ha dilapidado dinero público a espuertas, el Ayuntamiento no sólo retira la acusación, sino que un representante municipal hace unas declaraciones públicas para ver quién pide disculpas. Disculpas por haber incordiado a estos señores que estaban manejando millones a su completa libertad sin ningún tipo de control”, comentan indignados.
La Metroguagua
Los representantes de la ya extinta asociación El sol sale para todos encuentran un denominador común entre el caso Emalsa y otra de sus batallas en la capital grancanaria, las que emprendieron para intentar aportar luz al proyecto de la Metroguagua: el silencio político “generalizado”. “Nadie habla, hay un silencio absoluto, nadie critica”.
Bermejo recuerda que en esta década la asociación obtuvo cinco sentencias favorables en relación con el acceso a la información frente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que la más importante “fue la de la Metroguagua”. “Yo esto no me canso de repetirlo: el principal proyecto urbano de transformación de la ciudad desde hace quince años no ha salido a información pública. Ni un solo folio. Eso es insólito”, añade.
Bermejo explica que el entonces jefe de Urbanismo, José Setién, ahora investigado en el caso Valka, buscó para esta iniciativa “una fórmula singular”, la del anteproyecto, junto con una memoria básica.
El sol sale para todos pidió esa información al Ayuntamiento para analizar el proyecto de movilidad. Al no recibir respuesta, acudió al comisionado de Transparencia, que les dio la razón. Sin embargo, el Consistorio siguió negándose a facilitar el acceso a ese anteproyecto, por lo que tuvieron que recurrir a los tribunales.
“Cuando el juzgado solicita el expediente administrativo al Ayuntamiento, lo que entrega es el expediente del préstamo” que el Banco Europeo de Inversiones había concedido para la Metroguagua. “Nos costó más de cinco años conseguir que nos entregaran la información que solicitamos, desde que comenzamos extrajudicialmente pidiendo al Ayuntamiento hasta que el juzgado obligó, con amenaza de multa, a dárnoslo”.
“El anteproyecto era un PowerPoint amplio, pero faltaban los estudios geológicos”, recuerdan. La asociación detectó que Guaguas Municipales encargó la redacción del proyecto a Geursa, cuando “una encomienda no se puede hacer de una sociedad municipal a otra”.
También que el proyecto había comenzado en 2014 “sin expediente administrativo”. “Empezaron a gastar dinero sin solicitud a las oficinas presupuestarias, a la asesoría jurídica, al órgano de gestión económico y financiera… Con lo cual había nacido viciado”. Al haber optado por la fórmula del anteproyecto, la administración “evitó que cada proyecto concreto tuviera que salir a información pública”, agregan.
Por lo tanto, tras cinco años de batalla en los juzgados, la asociación cívica se vio en una encrucijada. “Ya estábamos en 2021. Podíamos haber solicitado la nulidad del anteproyecto por no seguir el procedimiento administrativo, pero ya se había gastado muchísimo dinero. ¿Qué conseguíamos en ese momento con la nulidad?”, se pregunta el abogado.
Óscar Bermejo remarca que la asociación tenía una idea “muy bonita” con la Metroguagua. “Yo trabajo mucho con el Gabinete (Literario). La idea era poner paneles con datos básicos del proyecto en el Gabinete. Ya habíamos hablado con decanos de las escuelas para que alumnos de industriales, de económicas o de geografía hicieran sus trabajos de final de grado y desbrozaran el proyecto para la ciudadanía, de manera que cuando lo expusieran se organizaran debates y se concedieran premios. Ya había hablado con los colegios profesionales para dar un premio de mil euros al mejor de cada disciplina”, destaca.
Hotel Papagayo Arena
El sol sale para todos abrió su último frente en la isla de Lanzarote. La asociación cívica no entendía cómo un hotel sin licencia, el Papagayo Arena, ubicado en el municipio de Yaiza, podía seguir operando mientras se discutía si había que demolerlo o si se podía legalizar.
El abogado Agustín Bravo de Laguna remarca que el caso lleva desde 2013 dirimiéndose en los juzgados de lo contencioso-administrativo. La asociación acudió a la Fiscalía “no porque quisiera la demolición o quisiera la legalización” del complejo hotelero, sino porque consideraba que entre medias no podía permanecer abierto porque su licencia es nula. “Cada dos por tres cierra un taller porque no tiene licencia. Este (hotel) tampoco la tiene”.
El colectivo volvió a acudir al Ministerio Público cuando tuvo conocimiento de que el Gobierno de Canarias había concedido a la promotora de ese hotel ilegal una subvención de 2,45 millones de euros. La Fiscalía puso una denuncia que recayó en el Juzgado de Instrucción 4 de Arrecife, pero sin nombrar a la asociación. Para personarse, se les exigía, por tanto, una fianza de 12.000 euros.
“Esto lleva pendiente desde 2013. Yo no estoy acusando a nadie, pero llevamos así ya doce años. Estamos luchando contra dragones”, concluye el abogado, vocal de la última junta de la que formaban parte Óscar Bermejo (presidente), Maria Luisa Pita (vicepresidenta) y Óscar Méndez (secretario).