Nueve colectivos denuncian que la discapacidad es la “gran abandonada” de la Ley de servicios sociales
Nueve colectivos presentarán cien propuestas al anteproyecto de ley de servicios sociales elaborado por el Gobierno de Canarias, porque, a su juicio en ese texto la discapacidad es la “gran abandonada” y porque perpetúa un sistema de participación institucional basado en la voluntad del político.
Estas han sido algunas de las críticas que se han hecho en una rueda de prensa en la que nueve colectivos han anunciado que el viernes presentarán al Gobierno de Canarias las alegaciones que han preparado a un anteproyecto de ley de servicios sociales elaborado sin transparencia, aseguran.
Las alegaciones las presentarán Queremos Movernos, Plataforma Tenerife Discapacidad, Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias, Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Canarias, Asociación de Sordociegos de Canarias, Funcasor, Asociación para la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, Afes Salud Mental, la Asociación Comarcal de Integración Social y Hermanas Hospitalarias-Complejo Acaman.
Ana Mengibar, de Queremos Movernos, señaló que la intención del movimiento asociativo no es sólo mostrar los aspectos del anteproyecto de ley con los que no están de acuerdo, sino también ponerse a disposición de la administración para ayudar a que Canarias salga del “saco en el que está metida” en atención a la discapacidad.
Las personas con discapacidad están “excluidas de prácticamente todos” los servicios de todas las consejerías del Gobierno de Canarias, pues no reciben atención de las de Educación y Deportes pero tampoco hay políticas de inclusión en actividades culturales, y en vivienda no hay acciones para lograr que sean realidad las casas adaptadas que se precisan, agregó.
La representante de Queremos Movernos señaló que faltan muchos centros de día y residencia en todas las islas, hasta el punto de que hay jóvenes “a los que llevan a geriátricos porque se han quedado sin la protección familiar que tenían”.
A juicio de Ana Mengibar, el Gobierno de Canarias debe hacer examen de conciencia y comenzar por actualizar la ley canaria de accesibilidad, y entender que quienes están en situación de discapacidad no son ciudadanos de segunda y precisan la misma atención que cualquier otra persona, pero teniendo en cuenta sus especificidades.
“Sólo pedimos que cumplan y hagan cumplir la ley y que se pongan en el lugar de quienes tienen discapacidades físicas para evaluar la ley, y verán que no reciben la atención que necesitan”, destacó Ana Mengibar, quien concluyó que solo piden “comprensión, trato digno y que se cumpla la ley”.
Raúl Cordero, de la Plataforma Tenerife Discapacidad, aseguró que el documento final está incompleto, carece de ficha financiera, no tiene desarrollo y tampoco tiene un mapa de servicios sociales, y criticó que los colectivos nunca han tenido acceso a los planteamientos de cabildos y ayuntamientos.
Por eso, indicó, el proceso ha sido “sesgado y condicionado” desde la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, en lugar de participativo, y además, agregó se ha hecho sin transparencia.
Otra crítica que hizo Raúl Cordero es que “tanto que hablan de la triple paridad para repartirse los millones de los presupuestos en esta ley no se recoge esa singularidad”.
Ubay Ferrera, abogado de las asociaciones firmantes, denunció que no se ha hecho una evaluación de la calidad de los servicios sociales de las islas, por lo que ni siquiera se sabe si sirven para cumplir su función.
Reconoció que en el anteproyecto de ley hay novedades pero opinó que no parte de la realidad y en él se dice que se tendrá en cuenta la discapacidad a efectos de la inclusión laboral de las personas que la tienen, pero no se habla, por ejemplo, de los problemas que tienen un menor con sordera.
Preguntó si con esa ausencia se quiere decir que los menores con discapacidad no serán tenidos en cuenta.
También se refirió Ubay Ferrera a que la participación de los colectivos sociales está condicionada “a lo que quiera” quien ostente la titularidad del órgano administrativo correspondiente, y añadió que con el anteproyecto se “perpetúa el sistema de participación institucional basado en la voluntad del político”.
En opinión del abogado “debe ser que para la administración es molesto que las organizaciones sentadas en un órgano que las represente pueden condicionarla”,
Otra crítica que hizo Ubay Ferrera es que en al anteproyecto de ley de servicios sociales en lo referente a las enfermedades de salud mental sólo dice que las consejerías competentes en sanidad y servicios sociales se coordinarán en esa material, a lo que comentó “pues vale, y ¿qué menos?
