A menos de 24 horas del previsible desahucio de Moisés, Raquel y sus seis hijos menores de edad, previsto para este jueves, 13 de noviembre, en la calle Alonso de Matos, 60, en el municipio grancanario de Ingenio, la defensa ha pedido la suspensión del desalojo ante la amenaza de la borrasca Claudia, una borrasca que traerá lluvias abundantes y fuertes vientos a las islas.
En el escrito, la abogada de la familia justifica la petición argumentando que en estos momentos, las ocho personas en riesgo de quedarse sin casa carecen de alternativa habitacional y, además, las clases escolares han quedado suspendidas, “obligando a los menores a permanecer en la vivienda”.
Tras conocerse este lunes que el juez de Primera Instancia número 6 de Telde desestimó el recurso interpuesto por la familia en el mismo día que su defensa presentó un recurso de nulidad urgente alegando la vulneración de derechos fundamentales, al no haberse recabado ni incorporado al expediente judicial el informe de vulnerabilidad social y económica de la unidad familiar antes de fijar del desalojo.
Dicho recurso urgente fue rechazado en menos de 24 horas por el juez y al que ha tenido acceso este periódico. El juez determina que “el incidente no cumple con los requisitos excepcionales del artículo 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), argumentando que las circunstancias alegadas, como la vulnerabilidad económica o la presencia de menores, no son aplicables a este tipo de procedimiento ni estaban vigentes en el momento de su inicio en 2019”. Además, Juan Manuel Hermo señala que “una sección del artículo 685 de la LEC que exigía un informe de vulnerabilidad fue declarada inconstitucional y nula por el Tribunal Constitucional”. Finalmente, se establece que contra esta decisión “no cabe recurso alguno”.
En un comunicado, la plataforma Derecho al Techo, explica que es “el propio Gobierno de Canarias el que ha remitido al juzgado un escrito en el que se adjunta el informe de vulnerabilidad, cumpliendo con lo establecido por la Ley 1/2013. ”Sin embargo, el juzgado sigue adelante con el lanzamiento, ignorando la existencia de este informe con clara vulneración de lo establecido en la legislación vigente“, explican desde la plataforma.
“Esta omisión, según el escrito presentado ante el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Telde, contraviene el derecho a la tutela judicial efectiva y los principios de protección de la infancia y la familia recogidos en la Constitución y la legislación vigente”.
Del mismo modo, el Gobierno de Canarias, ha remitido al fondo buitre que adquirió la propiedad a manos de Caixabank, Yellowstone, un escrito donde se advierte de esa situación de vulnerabilidad en la que quedarían estas ocho personas si sigue adelante la orden de desahucio. Desde este periódico hemos intentado contactar con el departamento de comunicación de Caixabank que se ha ofrecido a dar su versión sin que hasta el momento haya sido posible.
El concejal de Servicios Sociales y Vivienda del Ayuntamiento de Ingenio, Lucrecio Suárez, asegura a este periódico que desde su área están trabajando conjuntamente con el ICAVI y Visocan, una entidad pública cuyo objetivo es impulsar y promover la vivienda protegida en Canarias y que hace menos de un mes entregó al municipio 50 viviendas para alquileres asequibles. El edil asegura que están “buscando una solución habitacional con los recursos públicos disponibles y con recursos privados”.