Derecho al Techo denuncia que el nuevo decreto de vivienda del Gobierno canario introduce criterios “excluyentes”

La organización Derecho al Techo ha criticado el nuevo proyecto de decreto aprobado por el Gobierno de Canarias que endurece los requisitos para acceder a una vivienda pública, al exigir entre diez años de residencia continuada o quince discontinua en el Archipiélago. El colectivo denuncia que esta medida “rompe el principio de igualdad” y “penaliza” a quienes cuentan con menos recursos o se vieron obligados a emigrar.

Según la plataforma, el decreto introduce “criterios excluyentes con rasgos de aporofobia y xenofobia institucional”, ya que condiciona el derecho a la vivienda a una trayectoria administrativa y no a la necesidad real. “No ataca el verdadero problema que sufre Canarias”, sostienen, “que es la especulación, la turistificación, la acumulación de viviendas en manos de fondos y grandes propietarios y la ausencia histórica de un parque público suficiente”.

Entre las dudas planteadas por Derecho al Techo figuran los casos de personas canarias que emigraron en busca de trabajo o formación y, al regresar, no cumplen con los años mínimos de residencia exigidos. “¿Se les penaliza por no haber podido quedarse cuando aquí no tenían oportunidades?”, cuestiona la organización.

El colectivo considera que endurecer el acceso a un parque público “ya de por sí insuficiente” no constituye una política de vivienda, sino “una operación cosmética que desplaza la responsabilidad del Gobierno hacia la población más vulnerable”. A su juicio, la medida fragmenta a la sociedad al establecer “una peligrosa jerarquía de derechos según el tiempo de permanencia”.

Derecho al Techo reclama en su lugar “una ampliación real y urgente del parque público de vivienda” y la puesta en marcha de políticas que enfrenten la especulación, la vivienda vacía y el uso turístico descontrolado. “El derecho a la vivienda no puede convertirse en un premio ni en una herramienta de exclusión”, concluye la entidad.