La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha rechazado este jueves la Ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias porque supone “un grave retroceso” en el respeto a la autonomía universitaria, “un principio fundamental consagrado en la Constitución y en la legislación estatal vigente”. En el lado contrario, la CEOE la considera una “muy buena noticia”.
Según ha criticado la CREUP en un comunicado, la ley aprobada sin consenso por el pleno del Parlamento de Canarias otorga nuevas competencias a los Consejos Sociales, que invaden directamente funciones que hasta ahora eran propias de los órganos de gobierno universitario, como la posibilidad de suscribir convenios, decidir sobre cuestiones académicas como titulaciones o programación docente, entre otros asuntos.
Este cambio abre las puertas a interferencias externas, políticas o empresariales, en decisiones académicas, ha alertado la organización estudiantil.
Desde CREUP han lamentado que esta ley no ha sido fruto del diálogo ni del consenso con la comunidad universitaria. Universidades públicas, equipos de gobierno, profesorado y estudiantado han mostrado una oposición clara y razonada durante su tramitación, que ha sido ignorada de forma injustificable por los legisladores canarios, agrega la Coordinadora.
A su juicio, esta ley es una muestra de la un modelo de gobernanza universitaria basado en la injerencia, “abanderado por Coalición Canaria y acompañando en la deriva emprendida por el Partido Popular contra la autonomía universitaria”.
“La universidad pública no puede funcionar bajo lógicas empresariales ni responder a intereses ajenos a su misión educativa, investigadora y social”, ha insistido.
Asimismo ha avisado de que esta reforma “nos aleja de un modelo democrático y nos acerca peligrosamente a una universidad sometida a lógicas ajenas”.
CREUP en apoyo a los Consejo de Estudiantes de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se opondrá a cualquier normativa que atente contra el principio constitucional de la autonomía universitaria, así como aquellas que incrementen las competencias del Consejo Social.
El pleno del Parlamento de Canarias validó este miércoles Ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias con la oposición de PSOE y NC por el peso que a su juicio se da las universidades privadas y han rechazado la falta de diálogo con los centros académicos que atribuyen al gobierno, mientras Vox se ha quejado de las cuotas de género y de las limitaciones a las universidades privadas.
La CEOE, contenta con la nueva ley
En el lado contrario, el presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, ha considerado que es una “muy buena noticia” que el pleno del Parlamento de Canarias haya aprobado la Ley y ha señalado que esta nueva normativa, aprobada sin consenso, les da a las universidades una mayor capacidad de cercanía a la realidad, no solo empresarial, “que es muy necesaria en la transferencia de conocimiento y en la llegada de los egresados al mercado laboral”, sino también a la hora de diseñar la propia universidad.
El presidente de la CEOE ha afirmado que la competencia de las universidades privadas es un hito que ha venido para quedarse y las universidades públicas no se pueden quedar en un discurso donde la autonomía universitaria se quiere convertir en una independencia.
“Sinceramente es un gran paso”, ha agregado, al tiempo que ha valorado que ha habido una labor de coordinación y de interlocución muy importante y muy intensa entre las universidades y el Gobierno de Canarias, punto precisamente negado por los estudiantes y las propias instituciones académicas.
A su juicio, esta ley es “un punto de inflexión en la modernidad y en la transparencia” de una universidad que necesita ponerse en el siglo XXI lo antes posible.