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Un 'hueso' en la Facultad de Derecho de Las Palmas: un solo alumno aprobado en tres convocatorias

Los estudiantes del último curso de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se quejan de las trabas de un profesor asociado, el juez Carmelo Batista, para aprobar sus asignaturas o para acceder a la evaluación compensatoria

"Si la totalidad de los que se presentaron al examen suspendieron el mismo, lo fue porque demostraron una falta total y absoluta de los mínimos conocimientos de la asignatura para superarla", afirma el docente

El profesor hizo figurar a una alumna en varias actas como “no presentada” a pesar de que sí acudió a los exámenes, al entender que, al haberlos entregado en blanco, había cometido un “fraude de ley y un abuso de derecho”

Carmelo Batista es magistrado titular del Juzgado de lo Social 2 de Las Palmas de Gran Canaria

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Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Se llama Carmelo Batista, es magistrado titular de un juzgado de lo social, accedió a la carrera judicial a través del cuarto turno (procedimiento reservado para juristas de reconocido prestigio) y se ha convertido en una auténtica pesadilla para los alumnos y las alumnas del cuarto y último curso del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), donde imparte, como profesor asociado, las asignaturas de Derecho Procesal del Trabajo y Derecho Sancionador del Trabajo. En las tres convocatorias de exámenes que se han celebrado este año (la ordinaria de enero, la extraordinaria de julio y la especial de noviembre) solo ha logrado aprobar una de las 93 personas matriculadas en la primera de esas materias. El índice de suspensos supera el 99%.

El caso ha sido llevado a la Comisión de Asesoramiento Docente (CAD) ante las quejas de los alumnos, que aseguran que el profesor incumple el proyecto docente al corregir los exámenes, dando lugar a notas muy bajas para dificultar que los estudiantes puedan acogerse a la evaluación compensatoria, una fórmula con la que, según les ha expresado en conversaciones privadas, se muestra disconforme. Este sistema permite aprobar las asignaturas pendientes de la carrera (hasta un máximo del 6% de los créditos totales) si se cumplen una serie de requisitos: haber superado el 85% de los créditos de la titulación, haberse presentado al menos a dos convocatorias y haber obtenido una calificación superior a 2.

En la prueba ordinaria de enero, la nota media fue 1,44. Entre los afectados figuran estudiantes con expedientes que merecerían la calificación de impecables, con todas las materias aprobadas y medias superiores al 7, de no ser por la mancha de las asignaturas impartidas por el juez Batista. Los alumnos aseguran que el suspenso general no se debe a una especial dificultad de las pruebas, sino a la forma de corregir del docente. Afirman, entre otras cuestiones, que una respuesta en blanco o con contenido insuficiente da lugar a "un suspenso directo", a pesar de que esta fórmula de calificación no aparece en el proyecto docente, el documento de referencia que recoge el plan de acción de la asignatura, para las convocatorias ordinaria y extraordinaria.

No es la única queja. Los estudiantes del grado consultados por Canarias Ahora, que prefieren mantenerse en el anonimato, denuncian que el profesor universitario no respeta las notas de la parte práctica si el alumno no las ha realizado ese mismo curso, aunque el reglamento fija que se deben guardar durante dos años. "Hay que volver a hacerlo todo, con el esfuerzo que ello conlleva", afirma una de las afectadas, que decidió dividir la tarea en dos años (la práctica en el primero y la teórica en el segundo), consciente de la fama que precedía al docente, para poder concentrar todas sus energías en el último curso en superar el examen.

Más llamativo aún es el caso de otra alumna que ha batallado más de un año para que la Facultad de Ciencias Jurídicas rectificara cuatro actas del curso 2017-2018 en las que, pese a haber acudido a los exámenes, figuraba como no presentada. Así lo reflejó el profesor Carmelo Batista al entender que la actitud de la estudiante, entregando la prueba en blanco, constituía un "fraude de ley y un abuso de derecho". La afectada solicitó al docente que invocara los preceptos legales en los que se basaba para adoptar una decisión que entorpecía su pretensión de pedir la evaluación compensatoria para completar el grado, en el que había acumulado varios sobresalientes en otras asignaturas.

El conflicto fue elevado al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Pablo Saavedra, que el pasado mes de julio emitió una resolución en la que ordenaba al profesor que evaluase a la estudiante y realizara las correspondientes diligencias de rectificación. "El deducir que la presentación en blanco de un examen constituye un fraude de ley y un abuso de derecho no le autoriza a cambiar la realidad y a poner en el acta que la estudiante no se presentó cuando lo cierto es que sí lo hizo", recoge el escrito al que ha tenido acceso este periódico. El decano señala en esa resolución que tuvo varias reuniones con ese profesor, sin encontrar soluciones. A pesar del contenido de ese informe, en la hoja de calificaciones la alumna sigue constando como no presentada en tres de esas cuatro convocatorias.

Los estudiantes del cuarto curso de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la ULPGC, que llegaron a pedir al decano que apartara a Batista en la convocatoria extraordinaria, denuncian además que el docente fijó la revisión de ese examen, celebrado en julio, después del cierre de actas, "impidiendo de esta manera defender el Trabajo Final de Grado en la convocatoria extraordinaria", obligando a la facultad a conformar un tribunal especial en septiembre.

Una actitud "deplorable"

Carmelo Batista ha rehusado hacer declaraciones a este periódico. Su postura sobre alguna de estas controversias, sin embargo, aparece reflejada en un informe remitido en abril de 2019 en respuesta a las quejas formuladas por uno de los alumnos. El profesor afirma en ese escrito que el estudiante no aporta ningún dato que permita concluir que no guarda las prácticas durante los dos años siguientes a su realización, por lo que califica de "imaginaria" esta situación, aparte de precisar que ninguno de ellos se ha quedado sin examinar por esta causa.

Ante la "avalancha" de alumnos que abandonaron el examen después de escuchar de boca del profesor que no corregiría en caso de que una sola de las preguntas no fuera contestada, Batista sostiene que sí evaluó pruebas con una o dos cuestiones en blanco y remarca que ningún alumno de los que se presentó impugnó la convocatoria. El profesor asociado aprovechó ese escrito para criticar la "deplorable actitud" de algunos estudiantes al intentar eludir la asistencia a las vistas de los juicios, una circunstancia por la que se vio forzado, dice, a imponer su carácter obligatorio.

"Si la totalidad de los que se presentaron al examen suspendieron el mismo, lo fue porque demostraron una falta total y absoluta de los mínimos conocimientos de la asignatura para superarla", concluye el informe del profesor asociado, que señala en ese mismo escrito que su advertencia al inicio del curso de que para aprobar resultaba imprescindible "esfuerzo y trabajo" cayó "en saco roto". Para Batista, es "altamente significativo" que ninguno de sus alumnos acertara una pregunta sobre ejecución de sentencias en materia de conflicto colectivo cuando el trabajo práctico previsto en el proyecto docente, que elaboraron de manera conjunta los estudiantes, versaba, precisamente, sobre procesos de ejecución.

Problemas con las compensatorias

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la ULPGC, por su parte, se ha limitado a asegurar que las incidencias planteadas por los estudiantes "se han resuelto con las medidas oportunas" adoptadas por los órganos colegiados, sin querer especificar cuáles al entender que se trata de un asunto interno de la universidad. Pablo Saavedra ha reconocido algunos problemas con las evaluaciones compensatorias ante el elevado número de peticiones en las asignaturas de Carmelo Batista. Afirma, sin embargo, que ya han sido solucionadas en su mayoría.

Los alumnos, en cambio, sostienen que los retrasos y la falta de respuesta a esas solicitudes son sistemáticas. La administración y el decanato de la ULPGC están tardando más de tres meses en resolver las peticiones de los estudiantes con respecto a estas asignaturas, lo que da lugar, explican, a una situación de silencio administrativo positivo. Los afectados remarcan que la ULPGC tiene la obligación legal de contestar en tiempo y forma, según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y que, si no lo hace en el plazo estipulado (tres meses en el caso de las compensatorias), la solicitud debe darse por estimada. Sin embargo, solo se les concede "a aquellos que pidan la certificación". Quienes no conozcan este precepto y no lo apliquen, deberán volver a presentarse con el mismo docente, concluyen.

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