La Fiscalía solicita el derribo de dos bodegas en La Geria
La Fiscalía de Las Palmas ha solicitado el derribo de dos bodegas construidas entre 2001 y 2005 en el paisaje natural protegido de La Geria, en Lanzarote, por Bodegas Bermejo, a cuyos propietarios acusa de delitos contra la ordenación del territorio y desobediencia.
Los dos acusados, José Ignacio Valdera Calvo y José Carmelo González Clavijo, se enfrentan a dos años y nueve meses de prisión, según el escrito del fiscal.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife tenía juzgar este caso mañana, pero ha sido suspendido ante la indisposición de un letrado, según publica hoy el periódico “La Provincia”.
En La Geria, otra de las bodegas de referencia de la isla, Stratvs, está cerrada desde el pasado mes de diciembre de manera cautelar por un juzgado de Instrucción, también por las presuntas irregularidades que se cometieron en su construcción y por los daños ambientales que genera en este espacio protegido.
En su escrito sobre Bermejo, la Fiscalía señala que las obras llevadas a cabo por los propietarios de esta bodega “atentan flagrantemente contra la normativa territorial vigente en la zona, máxime al tratarse de un espacio protegido, por cuanto no contaban con ningún título habilitante que amparara las mismas”.
Las obras carecían de calificación territorial, licencia municipal, autorización del órgano gestor del Espacio Natural Protegido y, además, produjeron como resultado final una alteración medioambiental que los peritos consideran “muy significativa”.
El Ministerio Público añade que, en ningún caso, estas obras pueden ser legalizables, porque la categoría del terreno no permite la construcción de edificaciones ni instalaciones aéreas y porque tampoco responden a la tipología permitida en las normas del planeamiento, al tratarse de una construcción de naturaleza industrial.
Además, la superficie máxima construible nunca podría exceder de 250 metros cuadrados y la parcela debería contar con un mínimo de 10.000 metros cuadrados.
Apunta también el fiscal que ni siquiera cabría la posibilidad de convalidación administrativa posterior, por cuanto las instalaciones de nueva ejecución se incardinaban en un espacio natural protegido sin que, a la fecha en que fueron acometidas ni después, existieran instrumentos al respecto que permitieran o autorizaran las mismas.
Por otra parte, la acusación pública reprocha a los imputados que, “con evidente desprecio hacia el principio de autoridad”, continuaran las obras pese a que fueron precintadas el 20 de abril de 2005.
Los dos acusados, además de a la pena de cárcel, se enfrentan al pago de una multa de 6.480 euros y a la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión u oficio relacionado con la construcción durante un periodo de tres años.
La Fiscalía pide que se derriben, en concreto, dos bodegas, una explanada y las obras de rehabilitación realizadas en una construcción y exige que se reponga el terreno a su estado anterior, con la restauración del equilibrio ecológico perturbado.
