El Consejo del Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el proyecto de decreto del Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias y ha acordado someterlo a información de los ayuntamientos y cabildos, con la intención de que esté listo antes de las elecciones de mayo.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, ha apuntado que tienen el “deseo y la esperanza” de que el catálogo se apruebe definitivamente antes de que culmine la legislatura.
Preguntado por las críticas al contenido del catálogo de algunas organizaciones, ha señalado que en la gestación del proyecto ha participado una “lista muy larga” de entidades vinculadas al tercer sector.
Según Pérez, no es previsible que se genere “especial oposición” al contenido porque ayuntamiento y cabildos son conocedores del catálogo.
“Hasta donde sé se ha tenido en cuenta las opiniones de un conjunto de organizaciones profesionales, técnicas y sociales”, ha aseverado Pérez.
El proyecto de decreto tiene por objeto la aprobación del catálogo en cumplimiento a lo previsto por la Ley de Servicios Sociales de Canarias, así como determinar los requisitos y condiciones de acceso a los servicios y prestaciones del sistema y fijar el procedimiento de su actualización y revisión, detalla el Gobierno.
El catálogo constituye el instrumento que determina el conjunto de prestaciones y servicios del sistema público de servicios sociales de Canarias cuya provisión deberán garantizar las administraciones públicas competentes. A través de este sistema se relacionan, ordenan y califican las prestaciones del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública que tengan por objeto la cobertura de las necesidades de atención social a las personas.
Según se contemplan en el proyecto de decreto, las prestaciones del sistema público de servicios sociales promoverán la autonomía y el bienestar de las personas y sus familias, asegurando su derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida.
El derecho de acceso de las personas a los servicios y prestaciones del sistema público de servicios sociales estará condicionado al cumplimiento de los requisitos que se establezcan para cada supuesto en la Ley de Servicios Sociales.