GRÁFICOS | Las grietas en Dependencia y Servicios Sociales que Canarias arrastra desde hace 14 años

En Canarias hay actualmente 8.984 personas esperando por la ayuda a la dependencia, según los datos del mes de junio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), y es una de las comunidades donde más tiempo se tarda en que las personas sean valoradas para acceder a la prestación. Con 2,1 millones de habitantes, dos de cada diez tiene más de 65 años y muestra dificultad para la realización de alguna actividad básica de la vida diaria, según los últimos datos de la Encuesta Nacional de la Salud. Sin embargo, pese a esas cifra, apenas cuenta con 64 valoradoras, es decir, trabajadoras sociales que se acercan al domicilio de los solicitantes para conocer su situación, redactar un informe y determinar si es susceptible de beneficiarse de alguna prestación en el marco de la ley. Con prácticamente el mismo número de habitantes, Castilla y León cuenta con un total de 800 valoradoras, como muestra el último informe de la Diputación del Común. A ello se le suman otras carencias en Servicios Sociales que hacen que en los informes DEC, que miden el desarrollo de estos servicios en la sociedad, se suspenda una y otra vez. En el último, las Islas obtuvieron una puntuación de 3,40, fueron considerados “irrelevantes” y se concluyó que afrontó la pandemia con unos servicios sociales solo peores que los de Madrid y Murcia. 

¿Por qué ocurre esta situación? 

La Ley de Dependencia se aprobó en el año 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). La entonces consejera del área, Inés Rojas (Coalición Canaria), tuvo que poner en marcha el servicio de atención, pero nunca se destinaron los medios necesarios para ello desde los inicios. “El mal punto de partida” del Archipiélago es afeado en cada uno de los informes que realiza de forma anual la asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. María Dolores Díaz, miembro del comité de empresa de los trabajadores de la Consejería y del sindicato Intersindical Canaria, señala que lleva 14 años en el servicio, entró en 2007 por un concurso - oposición para el que no se crearon las plazas a cubrir, por lo que pese a haber aprobado se le realizaron a ella y a sus compañeros contratos temporales que se irían prorrogando. Por ello, explica que esta situación se denunció y que la justicia les declaró como personal indefinido no fijo, una figura que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado “en fraude de ley” ya que el Gobierno de Canarias puede decidir cesar a estas personas si elimina su plaza. El conflicto con el personal que se encuentra en esta situación en la comunidad autónoma afecta pues al de Derechos Sociales, en la que se estima que un 76,6% de la plantilla está en esta situación ya que solo el 23% es personal funcionario. Además, el 90% de la plantilla de Dependencia se encuentra afectada por estas condiciones.

Sin dotación de plantilla y de recursos, el sistema no termina de despegar en las Islas. Así lo ha puesto también de manifiesto en los últimos días el Comité de Empresa en un comunicado y lo describe también la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, la única de Podemos. La viceconsejera Gemma Martínez explica que si todo el Ejecutivo no se plantea la dependencia como un reto conjunto de todo el Gobierno, no se podrá salir del vagón de cola. Señala a este periódico que a su área le corresponde la gestión, pero se necesitan presupuestos que dependen de la consejería de Hacienda (gestionada por Nueva Canarias) y personal, que depende de la Consejería de Administración Pública y Justicia (en manos del PSOE). Además, Noemí Santana dejó este viernes en la cadena Cope la puerta abierta a salir del Gobierno si no se le dan los medios para mejorar la situación de su área.

Recortes y un sistema sostenido por la comunidad

Desde 2012, los Servicios Sociales se vieron mermados por los recortes del PP derivados de la crisis económica de 2008, por lo que se ha ido disminuyendo en unos 7 millones al año las partidas que llegaban del Estado para este fin. La financiación en dependencia, por ejemplo, lejos de ser compartida al 50% entre el Estado y 50% la comunidad autónoma, en 2020 era financiada apenas en un 18% por el Gobierno estatal y en un 83% por el Ejecutivo regional, según se refleja de uno de los último dictamen sobre dependencia de la asociación estatal. Dicho informe reflejaba que, con el incremento de 623 millones en el presupuesto estatal, Canarias recibiría una cantidad adicional de 16,9 millones, lo que supondría que 2.817 personas pueden ser nuevas beneficiarias. Gemma Martínez remarca que el objetivo del Ministerio de Derechos Sociales es revertir esa situación de recortes del PP y llegar a financiar la mitad, pero aún son las comunidades autónomas las que asumen la gran parte.

El dictamen de 2021 de la asociación estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales recoge también que los recortes económicos del Real Decreto Ley 20/2012 supuso un “quebranto acumulado para el sistema canario de 97,7 millones de euros, y con ese dinero ”podrían haberse atenido a 16.213 personas dependientes y haberse generado 3.408 puestos de trabajo“, resume el informe.

¿Tiene solución inmediata la falta de personal?

Gemma Martínez explica que se acaba de aprobar una nueva RPT y que al no haber actualizado el Gobierno de Coalición Canaria la de 2013, su equipo ha tenido que sacar ambas “a coste cero”, es decir, teniendo en cuenta la regla de gasto que impide a las autonomías tener déficit. Señala que en esa Relación de Puestos de Trabajo han podido asegurar 22 nuevos puestos más para toda la Consejería. Al no poder ampliar más esa estructura fija señala que aunque no está de acuerdo con esa figura el único mecanismo legal que le queda es el de sacar contratos programa o planes de choque, es decir, personal contratado de forma temporal. Este año han entrado 101 personas al área de dependencia y discapacidad, pero en diciembre del año pasado fueron cesadas otras tantas que arrastraban contratos programas anteriores. 

La Consejería va a solicitar al Ejecutivo en los próximos Consejos de Gobierno un total de 115 personas más para toda el área de Servicios Sociales y otra de las cuestiones que resalta es que se ha incrementado la financiación a los ayuntamientos en 50 millones de euros para que contraten personal para realizar los informes sociales. El de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, ha anunciado la contratación de 30 personas. Y es que al área de dependencia se le suman otras gestiones como las pensiones no contributivas, la prestación canaria de inserción, entre otras. En la primera de ellas, el comité de empresa denuncia un retraso de más de un año en resolverse. La viceconsejera señala que se han incrementado por el envejecimiento de la población y que han solicitado al Gobierno estatal una reunión para realizar una serie de mejoras en esta prestación. En cuanto a la que depende directamente de Canarias, señala que es de las pocas comunidades que la ha mantenido pese a la llegada del Ingreso Mínimo Vital y que pretende que convivan hasta que este llegue a más personas y se desarrolle también la nueva Renta Canaria de Ciudadanía. En esta prestación se han realizado varias modificaciones para mejorarla en el último año, como el aumento de cuantía en 50 euros para las familias con hijos o el hecho de que no se tenga que devolver la cuantía percibida si finalmente son beneficiarias del IMV. 

Toda la comunidad autónoma de Canarias hace frente a la totalidad de estas prestaciones con un total real de efectivos de 1071, cuando comunidades como Castilla y León cuentan con 800 solo para el área de dependencia. Del número de valoradoras, 64, en las islas mayores se encuentran 28, tres en La Palma, dos en Lanzarote y Fuerteventura, y uno en La Gomera, lo que supone “una desproporción inexplicable” para el informe de Diputación del Común. De hecho, para la reducción de las listas de espera de la dependencia, Canarias necesitaría de un mínimo de 320 trabajadores más para que deje de estar “a la cola” en los tiempos medios de resolución de expedientes.

* (Datos del mes de junio de cada año extraídos del IMSERSO. En 2015 se produjo un desfase de datos y en 2008, primer año en el que se registró un informe con estos datos, aparece incompleto).

“Cajas y cajas de expedientes”

Cuando Patricia Hernández (PSOE) entró en la consejería de Políticas Sociales en 2015 su equipo reiteró que había cajas de expedientes de personas que habían solicitado la dependencia y que no se habían incorporado en el archivo. Esto, unido a que el Ministerio detectó que miles de personas incorporadas por el anterior gobierno en el sistema del IMSERSO como beneficiarias de la ayuda a la dependencia eran en realidad beneficiarias de las ayudas a domicilio de los ayuntamientos, hace que las estadísticas de ese año no estén bien actualizadas. La lista en dependencia calculada ya en el año 2016 es de más de 16.000 personas que teniendo reconocida la prestación seguían sin recibir la ayuda. 

La marcha del PSOE del pacto de Gobierno con Fernando Clavijo (CC) supuso un nuevo cambio en la Consejería y la llegada de Cristina Valido (Coalición Canaria), que redujo la lista de espera hasta unas 9.000 personas, pero cuyos datos chocaban continuamente con los del IMSERSO ya que esta Consejería destacaba en sus comunicados de prensa el número de personas que incorporaba al sistema más que el número de beneficiarios reales de prestaciones. Impulsó el II Plan de Infraestructuras sociosanitarias, para el que los cabildos han solicitado una prórroga ya que la pandemia ralentizó muchos de estos proyectos. 

A la llegada de Noemí Santana a la Consejería, su equipo aseguró que, de nuevo, se habían detectado una serie de cajas con miles de expedientes que también tuvo que incorporar al sistema y que llevó a engrosar de nuevo las estadísticas, como puede comprobarse en los datos del IMSERSO. Estas “cajas y cajas” que describen tanto desde el equipo político como personal técnico de la Consejería pone de manifiesto la falta de una herramienta digital que ayude a agilizar los procedimientos. 

Falta un gestor de expedientes

Es otra de las críticas del personal. La falta durante todos estos años de un sistema digital que agilice la gestión. Gemma Martínez señala que en 2019 un equipo de la Consejería viajó a distintas comunidades autónomas para conocer de primera mano qué gestor de expedientes utilizaban y se llegó a la conclusión de que el mejor software era el de Extremadura con el contenido de Galicia. Subraya que se consiguió que desde Extremadura les facilitaran el software a coste cero pero se tuvo que sacar a licitación el desarrollo del contenido por parte de una empresa. Este procedimiento se encuentra en estos momentos recurrido por parte de una de las empresas que no superó el corte. 

Actualmente, los trabajadores sociales se manejan con tablas de Excel, la trabajadora María Dolores Díaz señala que “cuando hay un aumento de expedientes resulta que no tenemos suficiente espacio y mobiliario” para guardarlos y “termina siempre en los despachos de los administrativos en cajas hasta que se le encuentra un armario”. Cree que esos documentos deberían estar en un archivo y cuando un trabajador o trabajadora quiera consultarlos acuda a él, el archivero lo apunte y la persona que accede a él cuando termine de consultarlo lo devuelva.

Fortalezas y debilidades este año

La espera en los tiempos medio de resolución de expedientes sigue siendo una de las lacras del sistema de atención a la dependencia en las Islas, también el hecho de que no se haya logrado agilizar ese gestor de expedientes, pero la asociación estatal de directores y gerentes en Servicios Sociales sí que reconoce algunos aspectos positivos de la gestión del actual equipo. Por ejemplo, que en plena pandemia cuando no se podían realizar valoraciones a domicilio, se lograra incrementar el número de personas dependientes atendidas en 1.680 personas, “un meritorio 7,18%, si se tiene en cuenta que el conjunto de comunidades pudo crecer más únicamente un 0.81%”, destaca el dictamen.

“En el resto de parámetros del sistema tales como valoraciones, personas con derecho y solicitudes se saldan igualmente con valores positivos, lo que da muestra que el sistema funcionó con regularidad a pesar de las circunstancias tan adversas en las que se desarrolló como consecuencia de la pandemia por COVID-19”, destaca la asociación en el dictamen de 2021. Durante el año 2020, Canarias contabilizó además 2.494 nuevas prestaciones.

Sin embargo, sí se contabilizaron 1.045 personas que fallecieron en lista de espera sin ser atendidas. Además, a pesar de las nuevas atenciones “Canarias sigue teniendo la tercera peor tasa limbo de todo el país con el 24,4%, y de continuar el ritmo de las atenciones de los últimos tres años, tardaría 4,3 años en adsorberla definitivamente”.

¿Crisis de Gobierno?

La oposición ha sido muy crítica en las últimas semanas con la gestión de esta Consejería. María Australia Navarro (PP) ha llegado a afear que se quedara sin ejecutar presupuesto del año anterior. Gemma Martínez explica que se ha ejecutado el 90% y que de los 517 millones de presupuesto con los que se cuenta, lo que se dejó sin ejecutar pertenece al Plan de Infraestructuras Sociosanitarias que los cabildos pidieron una prórroga para poder ejecutar los proyectos tras un año marcado por la pandemia.

Las relaciones entre los socios del pacto de gobierno son cordiales hasta el momento. Sin embargo, la polémica se desató tras unas declaraciones del vicepresidente Román Rodríguez (NC) en La Provincia en las que aseguraba que no estaba satisfecho con “los resultados de las políticas sociales”. La Consejería que gestiona dichos servicios lo entiende como un reto de todo el Ejecutivo y, de hecho, Santana, además de dejar esa puerta abierta a abandonar el Gobierno si no se les facilitan los medios necesarios, afeó que la Consejería que lidera “siempre ha sido el patito feo” del Gobierno canario, mientras que “la niña mimada siempre ha sido Turismo”, por ello ante las críticas que está recibiendo su gestión, la responsable de Derechos Sociales ha subrayado que para hacer el trabajo les falta, principalmente, personal.

Perspectivas a medio plazo

La Consejería de Derechos Sociales asegura que será la segunda en presentar al Gobierno de Canarias la planificación estratégica de los fondos europeos. Con él se pretende destinar una parte al plan de infraestructuras sociosanitarias, ya que el actual se ha hecho insuficiente, pero también avanzar hacia un nuevo modelo de cuidados. Se pretende así fomentar planes de apoyo y cuidados de larga duración, planes de modernización de servicios sociales y accesibilidad. También se dispone del borrador de renta de ciudadanía de Canarias, el del Registro único, así como el del catálogo de servicios de la ley de Servicios Sociales, la última en aprobar la consejería de Cristina Valido pero que ha requerido de un proceso participado para dotarla de este catálogo.