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Los interinos en huelga responden a los juristas del Gobierno: "No pedimos la fijeza, sino la permanencia real en los puestos de trabajo"

El comité de huelga de la administración general de la comunidad autónoma ha lanzado este miércoles un duro comunicado contra el Gobierno de Canarias, a quien acusa, a raíz del último informe de los servicios jurídicos, de "mentir" y de actuar con "deslealtad, falta de respeto y desprecio" hacia el colectivo. "En este punto se rompe cualquier negociación mientras no se apueste de una vez por todas por exigir el ejercicio de la competencia, independencia y defensa de Canarias con autonomía con competencias para resolver esta injusta situación que sufren los empleados y los servicios públicos" de las Islas, manifiestan en relación con el abuso de la contratación temporal sucesiva en la administración. 

Los servicios jurídicos rechazan que Canarias por sí sola pueda hacer fijos a los interinos en abuso de temporalidad

Saber más

La Viceconsejería de Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias firmó el pasado 31 de mayo un informe en el que advierte de que la comunidad autónoma no puede por sí sola hacer fijos a los empleados públicos víctimas de ese abuso de la temporalidad y reduce el principio de acuerdo al que llegaron administración y comité de huelga el 23 de abril a una "declaración de intenciones" que no repercute en la esfera jurídica de los trabajadores.

El colectivo en huelga ha precisado que en ningún momento han pedido la conversión fijeza automática, sino la "permanencia real en los puestos de trabajo" hasta la extinción del vínculo contractual. Sostiene que la normativa estatal prohíbe adquirir la condición de personal fijo o de carrera si no se ha superado un proceso selectivo específico para ello, pero que "en modo alguno" impide la permanencia como sanción al abuso. "Jamás se ha hablado de fijeza y entender lo contrario es, por consiguiente, faltar a la verdad". 

Los trabajadores interinos insisten en que la permanencia del personal no fijo objeto de abuso en sus puestos "no es sinónimo de acceso al empleo público, habiendo accedido ya dicho personal desde hace muchos años a la administración a través de los mecanismos legalmente establecidos", han añadido los afectados, que consideran que el Gobierno debería empezar por reconocer que ha incumplido el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) al no haber convocado las plazas en años. "No pedimos que se excluya la posibilidad de concurrencia de terceros a las plazas que no están en situación de fraude de ley". 

El Comité de Huelga ha hecho otras aseveraciones con respecto a ese informe. Para los trabajadores, ese escrito demuestra, en primer lugar, que el Gobierno de Canarias "mintió" para justificar la cancelación de la firma del acuerdo el pasado 30 de abril. Y es que a los sindicatos se les trasladó que el informe jurídico que habían solicitado "no llegó a tiempo", cuando lo cierto es que fue solicitado ese mismo 30 de abril, es decir, en la fecha en la que se había previsto la rúbrica y posterior rueda de prensa de presentación del acuerdo. 

Además acusan a Función Pública de "deslealtad, falta de respeto y desprecio" al comité de huelga por haber "roto el obligado sigilo en la negociación" al hacer llegar el informe jurídico y mantener reuniones paralelas con las organizaciones sindicales minoritarias en la administración general (CCOO, UGT y CSIF). "Esto evidencia claramente que las intenciones de Función Pública y de CCOO, UGT y CSIF son las de llevar a cabo el plan trazado de ejecutar un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) en la administración". 

El Comité de Huelga considera que el Gobierno de Canarias, al igual que el estatal, se está poniendo "de espalda" a la directiva europea 1999/70/CE y a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que instan a las administraciones a sancionar con medidas eficaces y disuasorias los abusos de temporalidad. Los trabajadores "no están dispuestos a asumir un informe de parte contrario" al fallo europeo e informes de "prestigiosos juristas". Para el colectivo, los pasos dados por el Ejecutivo regional tenían el objetivo de ofrecer ante la opinión pública una imagen de "fingida negociación" que solo pretendía "dilatar el conflicto en el tiempo".

 "Si el Gobierno de Canarias considera que el Ministerio tiene que hacer algo, que se dirija al mismo para exigirlo. Estamos en esta situación porque el Gobierno de Canarias se niega hasta ahora a darnos una solución, cuando no ha tenido ningún reparo en causar el abuso", agrega el comité de huelga, que llama a los trabajadores a continuar las movilizaciones y los paros, "la única respuesta posible a las mentiras, faltas de respeto y sensibilidad continuadas hacia los servicios y los empleados públicos". 

El comité de huelga de la administración general de la comunidad autónoma ha lanzado este miércoles un duro comunicado contra el Gobierno de Canarias, a quien acusa, a raíz del último informe de los servicios jurídicos, de "mentir" y de actuar con "deslealtad, falta de respeto y desprecio" hacia el colectivo. "En este punto se rompe cualquier negociación mientras no se apueste de una vez por todas por exigir el ejercicio de la competencia, independencia y defensa de Canarias con autonomía con competencias para resolver esta injusta situación que sufren los empleados y los servicios públicos" de las Islas, manifiestan en relación con el abuso de la contratación temporal sucesiva en la administración. 

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La Viceconsejería de Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias firmó el pasado 31 de mayo un informe en el que advierte de que la comunidad autónoma no puede por sí sola hacer fijos a los empleados públicos víctimas de ese abuso de la temporalidad y reduce el principio de acuerdo al que llegaron administración y comité de huelga el 23 de abril a una "declaración de intenciones" que no repercute en la esfera jurídica de los trabajadores.

El colectivo en huelga ha precisado que en ningún momento han pedido la conversión fijeza automática, sino la "permanencia real en los puestos de trabajo" hasta la extinción del vínculo contractual. Sostiene que la normativa estatal prohíbe adquirir la condición de personal fijo o de carrera si no se ha superado un proceso selectivo específico para ello, pero que "en modo alguno" impide la permanencia como sanción al abuso. "Jamás se ha hablado de fijeza y entender lo contrario es, por consiguiente, faltar a la verdad". 

Los trabajadores interinos insisten en que la permanencia del personal no fijo objeto de abuso en sus puestos "no es sinónimo de acceso al empleo público, habiendo accedido ya dicho personal desde hace muchos años a la administración a través de los mecanismos legalmente establecidos", han añadido los afectados, que consideran que el Gobierno debería empezar por reconocer que ha incumplido el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) al no haber convocado las plazas en años. "No pedimos que se excluya la posibilidad de concurrencia de terceros a las plazas que no están en situación de fraude de ley". 

El Comité de Huelga ha hecho otras aseveraciones con respecto a ese informe. Para los trabajadores, ese escrito demuestra, en primer lugar, que el Gobierno de Canarias "mintió" para justificar la cancelación de la firma del acuerdo el pasado 30 de abril. Y es que a los sindicatos se les trasladó que el informe jurídico que habían solicitado "no llegó a tiempo", cuando lo cierto es que fue solicitado ese mismo 30 de abril, es decir, en la fecha en la que se había previsto la rúbrica y posterior rueda de prensa de presentación del acuerdo. 

Además acusan a Función Pública de "deslealtad, falta de respeto y desprecio" al comité de huelga por haber "roto el obligado sigilo en la negociación" al hacer llegar el informe jurídico y mantener reuniones paralelas con las organizaciones sindicales minoritarias en la administración general (CCOO, UGT y CSIF). "Esto evidencia claramente que las intenciones de Función Pública y de CCOO, UGT y CSIF son las de llevar a cabo el plan trazado de ejecutar un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) en la administración". 

El Comité de Huelga considera que el Gobierno de Canarias, al igual que el estatal, se está poniendo "de espalda" a la directiva europea 1999/70/CE y a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que instan a las administraciones a sancionar con medidas eficaces y disuasorias los abusos de temporalidad. Los trabajadores "no están dispuestos a asumir un informe de parte contrario" al fallo europeo e informes de "prestigiosos juristas". Para el colectivo, los pasos dados por el Ejecutivo regional tenían el objetivo de ofrecer ante la opinión pública una imagen de "fingida negociación" que solo pretendía "dilatar el conflicto en el tiempo".

 "Si el Gobierno de Canarias considera que el Ministerio tiene que hacer algo, que se dirija al mismo para exigirlo. Estamos en esta situación porque el Gobierno de Canarias se niega hasta ahora a darnos una solución, cuando no ha tenido ningún reparo en causar el abuso", agrega el comité de huelga, que llama a los trabajadores a continuar las movilizaciones y los paros, "la única respuesta posible a las mentiras, faltas de respeto y sensibilidad continuadas hacia los servicios y los empleados públicos". 

El comité de huelga de la administración general de la comunidad autónoma ha lanzado este miércoles un duro comunicado contra el Gobierno de Canarias, a quien acusa, a raíz del último informe de los servicios jurídicos, de "mentir" y de actuar con "deslealtad, falta de respeto y desprecio" hacia el colectivo. "En este punto se rompe cualquier negociación mientras no se apueste de una vez por todas por exigir el ejercicio de la competencia, independencia y defensa de Canarias con autonomía con competencias para resolver esta injusta situación que sufren los empleados y los servicios públicos" de las Islas, manifiestan en relación con el abuso de la contratación temporal sucesiva en la administración. 

Los servicios jurídicos rechazan que Canarias por sí sola pueda hacer fijos a los interinos en abuso de temporalidad

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