Más de cien millones de personas no pueden defender sus derechos
Dos tercios de las víctimas de violaciones de derechos humanos, cien millones de personas, ven día a día vulnerados sus derechos más esenciales, pero no tienen defensa alguna. Es lo que este viernes denunció en Las Palmas de Gran Canaria el director de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, para explicar por qué esta organización amplía fronteras y pretende ocuparse también de la defensa de los indefensos en las cuestiones más esenciales del ser humano como son la vivienda, salud, alimentación, educación y libertad de expresión.
Según Beltrán, 24 países usan el desalojo forzado de viviendas como política para subyugar a la oposición sin que puedan protestar por ello. Países como Zimbawbe usan los cereales para matar de hambre al enemigo político. Israel ha demolido desde el año 2000 más de 5.000 viviendas de palestinos sin que la comunidad internacional haya arqueado una ceja; en Corea del Norte la ayuda internacional va para los adlátares del poder, en Myamar pasa igual. “Eso son violaciones de derechos humanos tan duras y tan difíciles como la tortura o la pena de muerte”, afirmó Beltrán en el marco de una mesa redonda organizada por AI en Gran Canaria para meditar acerca de la invisibilidad de esos derechos sociales y económicos.
El problema, justamente, es que mientras la tortura está abolida y quien la sufre puede, al menos en teoría, reclamar ser defendido, no ocurre lo mismo con la vulneración de derechos que se derivan de la pobreza. “Lo fundamental es que el debate sobre la pobreza, y lo que está ocurriendo en torno a la pobreza, está en el ámbito de la economía y hay que intentar sacar la pobreza de ese ámbito y llevarlo al ámbito de los derechos humanos. Debería haber rendición de cuentas de aquellos que tienen políticas deliberadas que hacen que la gente caiga en la pobreza como violación de sus derechos humanos”.
Beltrán recordó que en Sierra Leona, una de cada ocho mujeres muere al dar a luz porque no tiene dinero para pagarse la guagua o porque a pesar de que se prometió desde el gobierno que el servicio de obstetricia sería gratuito, hay que pagarlo. “Eso es una violación de derechos humanos y por eso Amnistía tiene que ocuparse de ello”, afirmó. “Hay que liberar a los presos de conciencia, pero también a los presos de la pobreza. La gente tiene derecho a defenderse si le derriban su vivienda”.
Conseguirlo no va a ser fácil. El camino trazado pasa por lograr que ese quebrantamiento de derechos sea justiciable. “Con el Protocolo al Pacto de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, la ONU hará posible que las víctimas de la pobreza puedan acudir a las organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, que hasta ahora no podían. Hay que hacer justiciables esos derechos con cambios institucionales, de forma que el derecho a la salud y la vivienda también queden recogidos como fundamentales; promover leyes como la de Navarra que es de renta básica, de forma que quien no tiene para comer pueda acudir a un juez si le deniegan esa renta, y conseguir, por último, que los gobiernos y las empresas que violan esos derechos se sienten en el banquillo”.
Beltrán no estuvo solo en la mesa redonda sobre invisibilidad de derechos. Le acompañaron el fotoperiodista y premio Pullitzer Javier Bauluz, y los representantes de Médicos del Mundo y Greenpeace, Ricardo Redondas y Mabel González.
