Piden al TSJC continuar con el juicio a Bethencourt
La acusación particular contra el ex alcalde de Valle Gran Rey y ex diputado regional Esteban Bethencourt (CC) solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que no remita el caso a los tribunales ordinarios “por entender que existe fraude de ley en las maniobras dilatorias del acusado, habida cuenta que el fin del aforamiento es la protección del funcionamiento de la Cámara legislativa y no servir de patente de corso para los diputados”.
Según ha confirmado la acusación particular, el traslado de la causa abierta contra Bethencourt por malversación de fondos públicos a un tribunal ordinario podría suponer un incumplimiento de la exigencia del Tribunal Supremo.
“No se trata de iniciar una vista oral 'ex novo' sino la continuación de la anterior por exigencia del propio Tribunal Supremo, pues en caso contrario se estaría incumpliendo la resolución del más alto tribunal”, aseguraron.
Como se recordará, el pasado 22 de noviembre Bethencourt ha renunciado a su acta de diputado, por lo que ha dejado de ser aforado y, por tanto, ya no es obligatorio que lo juzgue el TSJC y sí un juez ordinario.
En los antecedentes del escrito que hoy mismo interpondrá en el TSJC se afirma que “antes de interponer la querella, mi representado interpuso tres recursos contencioso-administrativos, procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, pues de forma sistemática el querellado, entonces alcalde de Valle Gran Rey se negaba a entregar la documentación necesaria para poder ejercer la labor de oposición”.
Estos procedimientos se sustanciaron en la Sala de lo Contencioso Administrativo con los números 780/2.000, 785/2002 y 935/2000, finalizando la ejecución de los mismos el 16 de enero del año 2002, “fecha en la que se entregó la documentación requerida”.
Asimismo, se recuerda que “se interpone la querella que da lugar a este procedimiento el 27 de noviembre de 2002”, ante el Juzgado de Instrucción de San Sebastián de la Gomera y que el 12 de febrero de 2003, comparece Betencourt, cuyo representante legal “se interesa la inhibición al TSJC, habida cuenta que los hechos objetos de la querella se cometieron cuando el querellado ostentaba el cargo de diputado”.
Diputado “para conseguir el aforamiento”
Además, la acusación recuerda que el 25 de mayo del año 2003, Bethencourt “fue elegido diputado, con el único propósito de conseguir el aforamiento, habida cuenta que no ha presentado ni una sola iniciativa parlamentaria, ni ha intervenido ni una sola vez en el Parlamento de Canarias, tal y como se puede comprobar en la página web” de la Cámara regional.
Con todo, el 5 de junio de 2003, se dicta auto por el TSJC “en el que se inhibe a favor” del Juzgado de Instrucción de San Sebastián de La Gomera, mientras que el 12 de septiembre de ese mismo año “la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz informa de forma favorable a la inhibición” y un mes más tarde el juez de instrucción de San Sebastián de La Gomera “dicta auto de inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Canarias”.
En este punto, la acusación particular recuerda que en marzo de 2005 “se denunció por esta representación dilaciones indebidas y se repitió esta denuncia en varias ocasiones a largo del procedimiento”.
Tres años después, en 2008, “se suspendió la vista señalada para el 31 de marzo y siguientes, por razones de enfermedad alegada” por Bethencourt, “que si bien no podía acudir a la vista si podía celebrar y acudir en su condición de alcalde a todos los actos públicos programados”.
“Ante la insistencia de esta parte, incluido la solicitud del dictamen del médico forense, se celebró la vista en 30 de noviembre y 1 y 2 diciembre de 2009”, recuerda el escrito.
“La sentencia condenatoria fue recurrida ante el Tribunal Supremo, habiéndose señalado vista 30 de junio de 2009”, que la anuló por haber detectado defectos de forma, por lo que debe repetirse el juicio.
Todo esto lleva a la acusación a pedir al TSJC que tenga en cuenta que “Bethencourt ha utilizado su cargo de diputado para burlarse y eludir la condena por malversación de dinero público”.
