Precintada la cantera de San Lorenzo
El cierre y la “suspensión total de todas las actividades de esta explotación minera” fueron solicitados por el Servicio de Protección de la Naturaleza del instituto armado al Juzgado de Instrucción Número 7 de la capital isleña, que investiga dicha cantera ante la sospecha de que en ella se enterraban residuos peligrosos para evitar someterlos a los procesos que establece la ley.
Así lo anunció este miércoles mediante un comunicado la Comandancia de Guardia Civil de Las Palmas, que explica que, ante la solicitud del Seprona, fue dictado un auto judicial por el que en la tarde pasada se llevó a cabo el cierre y precintado de la cantera, “como medida cautelar y con el objeto de prevenir actuaciones que puedan entorpecer o dificultar los estudios a realizar”, según explica.
La Comandancia recuerda que este precinto se ha producido después de que se haya producido la detención de cuatro personas imputadas por supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, la primera de ellas el presidente del consejo de administración de la explotación, arrestado el pasado 31 de enero e identificado con las iniciales F.H.A.
Los otros tres imputados en este caso, detenidos también en la jornada de ayer, son el actual encargado de la explotación minera, V.F.U.P., de 40 años, y otros dos hombres con las iniciales M.R.M., de 34 años; y L.S.G., de 63, que, aunque no trabajaban ya en la cantera, en el pasado desarrollaron funciones de encargados o jefes de planta, informaron fuentes del instituto armado.
Todos ellos -relataron- están acusados de encargarse de enterrar los residuos tóxicos, alquitrán líquido y viscoso, aceites y betún que en algunos casos se mantenían dentro de los bidones pero en otros se habían vertido ya en la tierra, al deteriorarse los recipientes que los contenían, siguiendo órdenes del llamado F.H.A.
La Guardia Civil destaca que los residuos peligrosos no sólo tenían su origen en las actividades generadas en la propia cantera, sino que se sospecha que otras empresas industriales utilizaban “periódicamente” sus instalaciones “para desprenderse de los productos tóxicos y peligrosos sin realizar el oportuno tratamiento y reciclado”.
